El conseller de Hacienda, Vicente Soler, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Foto: GVAVALENCIA. La lucha contra la corrupción, el fraude y que la transparencia esté presente en las instituciones está siendo una de las prioridades del actual Gobierno valenciano. Así, este viernes, un día después de aprobar la ley de la Agencia Antifraude, el Consell daba luz verde a otra medida para prevenir las "malas prácticas". Y lo hacía aprobando un nuevo decreto para modificar el estatuto del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) cuyo objetivo es mejorar su eficacia en la lucha contra el fraude fiscal.
Con esta nueva norma, el Consell incorporará departamentos nuevos como la Oficina de Calidad y Estadísticas Tributarias y el Departamento de Auditoría y Análisis de Datos Tributarios. Este último, tendrá las funciones de seguimiento y control de los objetivos y programas del IVAT, y, al primero, le corresponderá la evaluación de los resultados así como la elaboración de informes estadísticos periódicos de la evolución de la recaudación.
Este tipo de iniciativas han sido cuestionadas por el principal partido de la oposición. Sin ir más lejos, la síndica parlamentaria popular, Isabel Bonig, criticaba a principios de semana que el Consell estuviera "creando agencias y agencias" realizando una "dejación de funciones legislativas y pasándole la patata caliente a Les Corts".
No obstante, el PP no ha sido el único que ha polemizado por otros organismos con similar cometido que han salido adelante en esta legislatura. La recién aprobada Agencia Antifraude -si bien en este caso, la iniciativa partía de Les Corts- también fue muy criticada por Ciudadanos. Para ambos partidos, la labor de prevención, investigación, control y evaluación de las medidas de lucha contra el fraude se solapaba con el trabajo de otros organismos como la Sindicatura de Comptes, la Inspección General de Servicios de la Generalitat o el Tribunal de Cuentas, entre otros.
Un cuestionamiento que rechazaba la impulsora de esta iniciativa, Fabiola Meco. La diputada de Podemos en Les Corts subrayaba que previamente a plantear esta oficina contra el fraude y la corrupción, el grupo se reunió con la Fiscalía, la Sindicatura de Cuentas y otros organismos para evitar duplicidades y no invadir competencias, ya que la labor de esta agencia se proyectaba como "colaboradora" de órganos ya existentes.
La Sindicatura de Cuentas es una institución estatuaria independiente, que se encarga también de controlar las cuentas, pero en lugar de hacerlo con ciudadanos para evitar que existan posibles defraudadores como harán estos dos recientes departamentos, lo hace con las cuentas de la Generalitat, los organismos dependientes y las corporaciones locales valencianas, de manera que vigila la gestión del dinero público.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas tiene una función similar. Se ocupa de examinar "el sector público y del enjuiciamiento de la responsabilidad contable". Además, la Inspección General de servicios de la Generalitat, también asume la labor de revisar "el estricto cumplimiento de la legalidad y de la observancia de los principios generales de objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia a que se debe la organización pública de la Administración" en la Comunitat Valenciana.
Además, aunque el Consell Jurídic Consultiu (CJC) no se encarga de fiscalizar las cuentas, sí vela por que las leyes que impulsa el Gobierno valenciano respeten "la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y el resto del Ordenamiento jurídico".
En la misma línea, el Consell también tiene representación en el Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana, ya que cada partido político de Les Corts tienen un delegado. Este es un órgano previsto por la Ley de Transparencia para garantizar que ésta está presente en las instituciones de la Comunitat.
