El Consell autoriza al IVF a condonar los intereses moratorios de créditos impagados

VALÈNCIA. El Pleno del Consell ha aprobado la modificación del decreto que regula las políticas internas de actuación del Institut Valencià de Finances (IVF), lo que va a permitir una mejor gestión de la morosidad de su cartera crediticia y de los recursos públicos.

El Decreto 38/2019 de 15 de marzo, del Consell, por el que se aprobó este reglamento permitió a este organismo aplicar en su gestión interna las mejores prácticas del sistema financiero, homologándose así al resto de operadores del sistema bancario.

Transcurridos dos años desde la aprobación de este marco regulador, y en un contexto de elevada incertidumbre en lo relativo al impacto de la pandemia sobre la morosidad de la cartera crediticia, se ha optado por incorporar al decreto determinados aspectos en materia de recuperación de los créditos dudosos, que contribuirán a mejorar la gestión de las operaciones de restructuración, en línea con las prácticas contempladas por el sector privado.

De esta forma, a partir de su aprobación, el IVF podrá aplicar las mismas fórmulas de gestión a la financiación concedida que las entidades de banca privada, tanto a deudores públicos como privados.

En concreto, se regula la posibilidad de que el IVF pueda condonar los intereses moratorios de operaciones impagadas, a las que se puede dar distintas soluciones como el pago por parte del deudor, la refinanciación, la reestructuración o cualquier otra fórmula, no teniendo porque recurrir necesariamente, y como única vía, a la judicial.

Esta es una práctica habitual en el sector financiero privado para recuperar deudas cuyo impago se prolonga en el tiempo, por lo que el IVF ha considerado aplicarlo también a la gestión de sus operaciones.

Finalmente, se establecen las condiciones para declarar fallidos determinados créditos impagados sobre los cuales no existen posibilidades de recuperación. De este modo, se evita desde el primer momento destinar recursos personales y materiales a operaciones con impagos que se ha demostrado que no pueden ser recuperados.

Esta es una práctica habitual tanto en el ámbito tributario de la administración como en el sector financiero, y por el ello el IVF ha decidido aplicarla también al ámbito de la gestión de su cartera crediticia.