Ana Barceló, consellera de Sanidad. Foto: EVA MAÑEZ VALÈNCIA. El Pleno del Consell ha aprobado un convenio de colaboración con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana como consecuencia del compromiso que asume a través de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública establecido en el Decreto 52/2018, de 27 de abril, por el que se aprueban las subvenciones directas al colectivo de personas en situación de desempleo para el año 2018.
El objetivo del acuerdo es articular la colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Alicante, Castellón y Valencia, como entidades colaboradoras, para la ordenación y ejercicio de la dispensación, facturación y pago de estas aportaciones farmacológicas.
Tal y como se contempla en el citado Decreto, para solicitar las ayudas, los interesados han de ostentar la condición de persona asegurada del Sistema Nacional de Salud (SNS) y disponer de tarjeta sanitaria individual expedida por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública o ser beneficiarias de asistencia sanitaria en situaciones especiales.
Asimismo, los beneficiarios serán personas residentes en la Comunitat Valenciana que perciben prestación o subsidio por desempleo, o que hayan agotado dicha prestación y que tengan rentas inferiores a 18.000 euros.
Equidad en el acceso a los tratamientos farmacológicos
Este convenio es la primera vez que se formaliza con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de las tres provincias, teniendo en cuenta que el 2018 es el primer año en el que se aprueba un decreto para la concesión de subvenciones directas a este colectivo de personas desempleadas.
Este convenio se suma, por tanto, al firmado en febrero de 2018 para establecer las condiciones de dispensación, facturación y pago de aportaciones por tratamientos farmacológicos a otros colectivos vulnerables como son personas menores, con diversidad funcional o pensionistas.
Con este decreto, el Consell pretende garantizar la equidad en el acceso a los tratamientos farmacológicos de manera que la situación económica de una persona no pueda suponer un motivo para abandonar el tratamiento.
Para ello, la Generalitat incluyó una partida de 10 millones de euros en los presupuestos de 2018 destinada a sufragar el coste de medicamentos en personas desempleadas.
