El Consell aprobará ayudas directas para autónomos de hasta 1.500 euros 

VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Consell aprobará este viernes ayudas directas de 1.500 o 750 euros destinadas a cubrir el “lucro cesante” por la crisis del coronavirus. Según ha explicado la cuantía de estas ayudas “inmediatas” depende del grado de impacto que haya tenido la declaración del estado de alarma en los ingresos de los autónomos.

Así lo ha indicado Puig tras mantener una reunión por videoconferencia con los agentes sociales para abordar actuaciones de carácter socioeconómico ante la situación de emergencia ocasionada por el coronavirus. Han participado también el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y el conseller de Economía, Rafael Climent. 

Además, Puig ha anunciado que el IVF pondrá en marcha créditos con interés subvencionado a través de avales de la SGR destinados también al colectivo de pymes y autónomos. Una línea de financiación para autónomos y microempresas, de hasta 750.000 euros, a tipo de interés cero, con una carencia de dos años y hasta diez años de vida, sin comisión de apertura y avalada por la SGR. Según Puig, el objetivo es complementar los espacios en los que no se ha dotado suficiente a nuestro parecer la respuesta inicial de la crisis.

Por otro lado, Puig ha avanzado que la próxima semana se aprobarán medidas complementarias destinadas a trabajadores incluidos en ERTE y ha adelantado que cuenta con el compromiso del Ministerio de Hacienda de facilitar liquidez a la Comunitat para que pueda agilizar el pago a sus proveedores.

Respecto a los autónomos, el president ha explicado que necesitan "una respuesta inmediata" para poder pagar el alquiler o para poder pagar "cuestiones básicas", por lo que el decreto que se tramitará mañana habilitará al Instituto Valenciano de Finanzas para que las ayudas sean "inmediatas" y puedan llegar al conjunto de autónomos de la Comunitat.

También está previsto, en lo que respeta a avales, que la Sociedad de Garantía Recíproca dé una garantía al cien por cien de la financiación, mientras que en materia tributaria se ampliarán los plazos para la presentación y pago de impuestos sobre sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y en tributos sobre otras actividades.

El president ha señalado además que se suprimirá el requisito de obligación del contribuyente como arrendatario de presentar la autoliquidación del impuesto de transmisiones para disfrutar de la deducción de la renta por arrendamientos, dentro de las medidas de apoyo a los autónomos.

Puig ha indicado que el decreto sobre los autónomos especificará todos los detalles y se darán a conocer mañana, pues aún se están negociando algunas cuestiones con los sindicatos, pero ha adelantado que la idea es que se llegue "al mayor número posible" de autónomos y que se consignen 57 millones de euros para este fin.

Ha indicado que, además de estas medidas "paliativas", en la mesa del diálogo social está previsto tratar ya las líneas estratégicas para abordar la salida de la crisis, y ha reiterado la necesidad de que se establezca un Plan Marshall en el ámbito europeo y de que se superen los límites de la estabilidad presupuestaria.

El president ha pedido asimismo que el Gobierno central haga una interpretación del real decreto que favorezca al conjunto de las empresas que podrían acogerse a ayudas por fuerza mayor por irradiación, pues la norma se limita mucho a las empresas afectadas por la paralización, pero son muchas las empresas afectadas por la falta de actividad económica.

Preguntado sobre si habría que aplicar una paralización total de la economía, Puig ha pedido que, dentro del real decreto del estado de alarma, se llegue "hasta las últimas consecuencias", pues dentro de este marco aún se puede "acelerar" el confinamiento y el aislamiento, que es "la vía de solución", y ha pedido que las actividades económicas se desarrollen "con las máximas garantías para los trabajadores".

El president ha admitido que hay una "avalancha enorme" de peticiones de ERTE, lo que ha llevado a aumentar en treinta personas el personal de la Dirección General de Trabajo, ante lo que ha pedido que el Gobierno "flexibilice" el marco general que regula estos expedientes y se pueda "facilitar" que los trabajadores cobren "lo más rápidamente posible".