El Consell amplía el número de altos cargos y libera plazas de asesor con los cambios en Hacienda y Sanidad

VALÈNCIA. El Consell amplía de nuevo el número de altos cargos. Apenas tres meses después de crear dos nuevas direcciones generales para la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, el Gobierno valenciano vuelve a ampliar su estructura orgánica. El cambio en esta ocasión se produce en la Conselleria de Sanidad de Carmen Montón, en la que la actual Dirección General de Recursos Humanos y Económicos se divide en dos nuevos departamentos: uno exclusivamente de Recursos Humanos y otro de Eficiencia y Régimen Económico.

El hasta ahora responsable del área, Justo Herrera, se ocupará desde ahora de la gestión de los recursos humanos, mientras que para la Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico, se nombra a la abogada Carmelina Pla Silvestre.

Carmelina Pla, miembro de la ejecutiva del PSPV y sobrina del exsecretario general del partido, Joan Ignasi Pla, ha ocupado varias responsabilidades en la Conselleria de Sanidad desde el inicio de la legislatura. Montón la nombró julio de 2015 asesora de asuntos parlamentarios, cargo que ocupó apenas seis meses antes de dar el salto con un contrato de alta dirección a una de las dos Direcciones Generales de Gestión Sanitaria, cargo que ocupaba en la actualidad.

Con los cambios aprobados este viernes, el número de secretarios autonómicos y directores generales a cargo de Presidencia y las nueve conselleries se eleva ya a 95. Ximo Puig es quien acumula más altos cargos (14), seguido de la Conselleria de Educación de Vicent Marzà (13), la vicepresidenta Mónica Oltra (12), la Conselleria de Hacienda (11) y la de Economía Sostenible (10).

En el caso de Sanidad, el desdoblamiento de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos implica llegar hasta nueve altos cargos: un subsecretario (Ricardo Campos), un secretario autonómico (Narcís Vázquez) y siete directores generales. La vicepresidenta Mónica Oltra justificó la ampliación de la estructura del Gobierno por la "mastodóntica" carga de trabajo que afronta Sanidad, que posee una plantilla "inmensa" que se verá ampliada en los próximos días con la asunción de los más de 1.400 trabajadores que trabajan en el departamento de Salud de la Ribera.

La creación de una nueva dirección general en Sanidad y el baile de altos cargos en esta conselleria y en la de Hacienda también tiene efectos secundarios sobre algunas plazas de asesores ocupadas por personal eventual en distintos departamentos. En concreto, quedarán vacante el puesto director adjunto de evaluación de proyectos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Juan Ángel Poyatos, que asume la Dirección General de Sector Público de la Conselleria de Hacienda. Anteriormente, Poyatos ocupó un cargo de asesor en la Conselleria de Economía.

También quedan libre uno de los contratos de alta dirección de la Director General de Gestión Sanitaria –retribuido con 49.193,1 euros anuales y que hasta ahora tenía Carmelina Pla–, un puesto de asesor en Presidencia que hasta ahora ocupaba la recién nombrada directora general de Alta Inspección Sanitaria, Isabel Castelló.

Pendiente de cubrir está también la subsecretaria de la Conselleria de Hacienda, que ha quedado vacante tras el salto de Eva Martínez a la Dirección General de Presupuestos que hasta ahora estaba bajo la responsabilidad de Pepe Moreno. 

Tres directores generales para el enmarañado sector público

Uno de los movimientos más significativos de entre los aprobados este viernes es el paso de la hasta ahora directora general de Sector Público, Empar Martínez a la Conselleria de Economía como Directora General de Industria.

Martínez asume las competencias que quedaron vacantes tras la accidentada el pasado mes de noviembre de Diego Macià, quien dejó el puesto cansado de los continuos enfrentamientos con el conseller Rafael Climent y el pulso con el Ivace por las competencias en algunas áreas.

Aunque en principio decidió no cubrir el puesto, el PSPV cambia de idea y acaba con el vacío de poder en Industria con el nombramiento de Martínez, quien tendrá que lidiar con el conseller de Compromís con los precedentes de malas relaciones con cargos socialistas como Mako Mira, exnúmero dos de Economía, y el propio Diego Macià.

Pero el movimiento tiene una segunda lectura posible por el lado de Hacienda. Con la marcha de Martínez y el nombramiento de Juan Ángel Poyatos como director general de Sector Público, el departamento directamente implicado en poner orden en la enredada maraña de los entes públicos de la Generalitat cambia de manos por segunda vez en lo que va de legislatura.

Al frente del mismo se situó al inicio de la legislatura Ángeles Cuenca, quien fue la encargada de poner en marcha la reforma de las empresas públicas con la elaboración de una nueva Ley del Sector Público que a día de hoy sigue sin salir adelante y ya se da por imposible que pueda aprobarse antes de las próximas elecciones autonómicas.

Empar Martínez tomó su relevo y consiguió algunos avances en este ámbito, como la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de las entes y empresas dependientes de la Generalitat que llevaban años atascadas. Hasta entonces, la administración no disponía de un mapa exacto de cuántos trabajadores integraban el sector público, qué retribuciones tenían o cómo accedieron a su puesto, entre otras cuestiones.

Empar Martínez, y el hasta ahora responsable de Presupuestos, Pepe Moreno, han sido los directores generales que han llevado el peso –y el desgaste– de la negociación con los gerentes de las sociedades públicas. Desde este viernes ninguno de los dos sigue en su cargo. El movimiento se produce justo después de que se haya firmado en la Comisión de Diálogo Social del Sector Público el acuerdo que equipara las pruebas de acceso a las empresas públicas a las que es necesario superar para trabajar en la función pública.

Durante la etapa de Empar Martínez en Sector Público también se ha aumentando el control sobre algunas de estas sociedades, que en casos como Aerocas o Sociedad Proyectos Temáticos se han visto forzadas a corregir las deficiencias de las que año tras año les ha venido alertando la Intervención de la Generalitat y a reflejar en sus balances su verdadera situación contable.