El Consell aflora 481 millones de euros de facturas 'en el cajón' de entre 2016 y 2019

VALÈNCIA. El Gobierno de Ximo Puig aprobó el pasado viernes en el Pleno del Consell la autorización a la consellera Ana Barceló para aprobar un expediente de resarcimiento por obligaciones contraídas por la Conselleria de Sanidad Universal entre 2016 y 2019 por un total de 481,2 millones de euros, así como su imputación al presupuesto de 2020.

Traducido al cristiano: se autoriza a la consellera de Sanidad a sacar del 'cajón' facturas acumuladas por servicios y suministros prestados y no pagados en esos cuatro años –porque no estaban en los correspondientes presupuestos anuales–, para imputarlas al presupuesto de 2020 y pagarlas. El importe es muy relevante, 481,2 millones, a los que hay que sumar 0,49 millones de facturas afloradas por las consellerias de Política Territorial y Justicia.

El acuerdo, del que la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, no informó en la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, se publicó este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Estos 481,7 millones suponen un lastre para el presupuesto de la Generalitat de 2020, ya que equivale a 0,42 puntos de déficit –el máximo autorizado este año es el 0,2%–, aunque los problemas de liquidez que suelen aparecer después del verano hacen que cada año queden fuera del presupuesto cientos de millones de euros que se tienen que regularizar al año siguiente. 

No obstante, el presupuesto de este año, que ya nacía deficitario por las partidas 'reivindicativas' –ingresos ficticios– introducidos por el Consell, con la crisis económica provocada por el coronavirus y la 'economía de guerra' que se ha implantado es papel mojado.

Precisamente este martes se conocía el dato de déficit de la Comunitat Valenciana en 2019, 2.194 millones de euros, un 1,91% del PIB regional, aunque si se resta el efecto del IVA que el Estado había prometido devolver y no devolvió se queda en el 1,71%. El objetivo marcado para las Comunidades Autónomas era un déficit del 0,1%.

Los expedientes de resarcimiento son un instrumento legal pero excepcional que se utiliza cuando por motivos de urgencia la administración tiene que contratar un servicio o realizar una compra sin tiempo para hacerlo mediante un concurso público. Un ejemplo sería la situación actual en la que se está comprando material de protección o se ha contratado la construcción de un hospital de campaña directamente. 

Sin embargo, ninguna situación excepcional se ha vivido en los cuatro años anteriores que justifiquen unos expedientes de resarcimiento injusto tan abultados, y así lo ha criticado reiteradamente la Sindicatura de Comptes.