El Consell afirma que hubo "desvío de dinero público" a la concertada mediante contratos falsificados

VALÈNCIA. El abono de salarios con cargo a fondos públicos no es "una simple irregularidad administrativa", sino que constituye "un desvío de fondos públicos hacia intereses privados" y por ende "no tiene amparo legal". Así lo considera la Abogacía de la Generalitat, que si bien se ha resignado a que el juez archive una de las causas por presuntas irregularidades en el pago a colegios concertados, seguirá peleando la segunda pieza. En ella se señalan una serie de "salarios indebidamente abonados" a liberados de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) por parte del anterior Gobierno autonómico.

Esta cruzada la encabeza la actual vicepresidenta del Consell y portavoz del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, que interpuso una denuncia cuando todavía era diputada de Compromís, en julio de 2014. En ella criticaba que se estuvieran empleando fondos públicos para pagar "horas adicionales carentes de fundamento legal" y "un posible fraude con los docentes de edad elevada". El procedimiento, que fue troceado en dos piezas, siguió su cauce hasta que hace una semana el fiscal Anticorrupción pidió archivarlo a raíz del escrito presentado por el abogado de la defensa de Feceval, Vicente Boluda, de Z&B Abogados.

Si bien ya es oficial el sobreseimiento provisional de la pieza de los horarios (la conocida como número 2), no sucede lo mismo con la de los liberados (la número 1). En el primer caso, en un auto fechado el 5 de junio y contra el que cabe recurso en el plazo de tres días, el juez determina dejar de investigar y explica que, tras haber informado a las partes, el letrado de la Generalitat no se opuso. Pero en la parte de los liberados, el escrito del Ministerio Fiscal ha suscitado una serie de alegaciones por parte de la Abogacía de la Generalitat, que asegura que para llevar a cabo los pagos fue necesario "falsificar contratos laborales".

Qué alega la Generalitat

En su escrito, el representante del Ministerio Público admite, sobre la pieza 1 o de ‘liberados de la patronal’, que efectivamente se efectuaron dichos pagos "en cantidades muy superiores a las acreditadas en el concierto educativo de estos centros". Por ende, reconoce que se causó "un perjuicio evidente a las arcas públicas". Sin embargo, matiza que los responsables no son los miembros de la concertada, tal y como denunciaba Oltra, sino los funcionarios públicos encargados de dichos pagos. De hecho, explica que esta conducta "debe someterse al enjuiciamiento de la responsabilidad contable" y les acusa de haber incumplido "la debida diligencia exigida en el manejo de fondos públicos".

El Fiscal rEconoce que se causó "un perjuicio evidente a las arcas públicas", pero cree que los responsables no son los miembros de la concertada, sino los funcionarios públicos

Pues bien, la Abogacía de la Generalitat ha decidido recurrir dichos argumentos y, en un escrito dirigido al juzgado de instrucción número 3 de Valencia -al que ha tenido acceso Valencia Plaza-, plantea distintas alegaciones para que se siga investigando "el pago indebido del salario, con cargos a fondos públicos, de 5 personas de Feceval". Si bien admite que se permitió a la patronal seleccionar profesores que se dedicaran total o parcialmente a tareas de organización y coordinación, insiste en que "hasta aquí podría llegar la posible irregularidad administrativa de pagar con cargo a pago delegado tareas que no siendo propiamente docentes están, de algún modo, relacionadas con la docencia".

Sin embargo, luego pasa a acusar a Feceval y su presidente de "rebasar los límites del convenio" cuando contratan a personas "totalmente ajenas a la docencia", algo para lo que  según la Generalitat, "fue necesario falsificar sus contratos laborales y, a sabiendas de su falsedad, aportarlos a la Administración". Además, la Abogacía insiste en que los caudales públicos que financian el concierto educativo "sólo pueden ser destinados a los fines previstos expresamente por las disposiciones de la ley". Por ello, se hace hincapié en "la obligación del titular del centro de facilitar las nóminas o contratos de los profesores".

"El abono de estos salarios con cargo a fondos públicos no son una simple irregularidad administrativa, ya que no encuentra amparo legal, convencional, ni contractual alguno, y con esos pagos se desviaron fondos públicos hacia intereses privados", reza el texto. 

Los compañeros los vieron "alguna vez"

En el escrito de la Abogacía, se adjuntan distintas declaraciones de testigos recogidas por la Unidad de la Policía Judicial encargada de Delitos Económicos. Los testimonios se derivan de las visitas que los agentes realizaron a los colegios donde estuvieron contratados los delegados de Feceval. Preguntados por si conocían a los miembros, el personal de los centros afirma que sí, aunque aparecen comentarios llamativos. Por ejemplo, "dice que lo ha visto alguna vez en la localidad de Valencia en la realización de algún curso" o "manifiesta que sabe que esta persona está vinculada, pero desconoce si figura en plantilla".

Las conclusiones de la Policía son claras y apuntan hacia una falta de documentación al respecto de su desempeño. Más tarde se adjunta un listado de nueve personas, que según el texto, "no se encontraban en esos momentos en el centro de enseñanza con el cual tienen contrato laboral" o que se encuentran "al parecer, ejerciendo distintas funciones".

Sabían quiénes eran, pero no qué hacían. "En conclusión, si Feceval hubiera actuado de buena fe convencida de que el texto del convenio le permitía contratar a estas personas para que desarrollaran supuestas tareas de organización y coordinación del profesorado, no hubiera simulado su contratación por parte de los centros docentes, ni hubiera simulado en el texto de los contratos las funciones que debían realizar. Se falta a la verdad en los contratos laborales mintiendo en la descripción del centro de trabajo y en las funciones por que ello era necesario para incluirlos en el pago delegado", concluye la Abogacía.