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el PSOE espera tramitarla con mayoría absoluta

El Congreso debatirá el martes la reforma para limitar las competencias del CGPJ

Foto: Ricardo Rubio/Europa Press
13/12/2020 - 

VALÈNCIA. (EP) 

 El Pleno del Congreso debatirá este martes la toma en consideración de la reforma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras funcione con su mandato caducado, un trámite que los grupos que dan apoyo al Gobierno confían en superar con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, según anunció la portavoz socialista, Adriana Lastra.

Y tras este primer debate, la idea de los partidos que forman el Gobierno es habilitar el mes de enero para poder completar su tramitación con idea de que se apruebe lo antes posible.

El PSOE y Unidas Podemos registraron esta proposición de ley el 1 de diciembre y la Mesa de la Cámara la calificó apenas tres días después, dejándola lista para su publicación en el Boletín del Congreso y remitiéndola al Gobierno, que tenía un plazo de 30 días para informar sobre la misma.

Pero el Gobierno no agotó ese plazo y, aprovechando que la reforma no tiene impacto presupuestario y por tanto no era susceptible de ser vetada, dio rápidamente su conformidad para que pudiera debatirse en el Pleno, ventilándose en una semana todos los trámites preliminares para facilitar esa primera discusión de la reforma.

Y es que, justo el día 15 de diciembre el PSOE tenía cupo poder presentar una iniciativa legislativa y ésta fue la elegida para incluirse en el orden del día del Pleno que la Junta de Portavoces esbozó el pasado martes y acabó de cerrar el jueves.

En una semana, todos los preliminares

Así, en una semana se ventilaron todos los trámites preliminares para facilitar este debate. Y el procedimiento se acelerará aún más ya que en el PSOE adelantan su intención de pedir que se habilite el mes de enero, que a efectos parlamentarios está fuera del periodo ordinario, para celebrar cuantas sesiones sean necesarias para aprobar la reforma cuanto antes.

Esta reforma legislativa, que al ser registrada como proposición de ley y no como proyecto del Gobierno no requiere informe del CGPJ ni del Consejo de Estado, busca complementar la que PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso en octubre para rebajar las mayorías necesarias para renovar los vocales del turno judicial del CGPJ.

Y el cambio de mayorías, en la reserva

En realidad, la limitación de las competencias de un CGPJ en funciones ya se incluía en la iniciativa que presentaron en octubre, pero ahora han querido precisarla en una nueva proposición de ley exclusiva sobre este asunto, en la que no se incluye mención alguna al cambio de mayorías para la renovación.

En todo caso, el PSOE y Unidas Podemos dejan en la 'recámara' la iniciativa que rebaja las mayorías para elegir vocales del turno judicial. Si el PP sigue sin avenirse a un acuerdo, podrán reactivarla y llevarla a Pleno cuando dispongan de cupo para ello ya en el nuevo periodo de sesiones, que arrancará en febrero.

El CGPJ sigue adelante con sus trámites para hacer nombramientos

La Comisión Permanente del CGPJ aprobó elevar al último Pleno del año, que se celebra el jueves 17 de diciembre, la aprobación de varias bases de convocatoria de plazas que se quedan ahora vacantes en el Supremo por jubilación de magistrados en cuatro Salas del Tribunal Supremo (de lo Civil, Contencioso-Administrativo, Social y Militar), así como las relativas a otras vacantes en los tribunales superiores del País Vasco y Extremadura y en varias audiencias provinciales.

Igualmente, se aprobó poner en marcha un plan de presentación telemática de las solicitudes para la participación en los concursos de provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, excepto la cobertura de plazas del Tribunal Supremo reservadas a juristas de reconocida competencia, que se convoquen a partir de 2021.

A ello se unirá, según fuentes de este órgano consultadas por Europa Press, la posibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces retome los nombramientos que quedaron aplazados de nuevo tras el último amago de renovación de esta institución, que finalmente parece haber quedado paralizada por la falta de acuerdo entre PSOE y PP hasta al menos la celebración de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.

La inclusión o no de estos nombramientos en el último Pleno del año, que se celebra el 17 de diciembre, se conocerá previsiblemente este lunes y dependerá de que se alcance un amplio consenso entre los sectores conservador y progresista para designar a los nuevos magistrados respecto de 17 plazas que están preparadas para ser cubiertas en diversos órganos, entre civiles y togado militares, una de ellas en la Sala de lo Social del Supremo.

Gobierno y agentes sociales abordarán la subida del SMI

Por otro lado, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya ha insinuado que el Gobierno tiene intención de subir el salario mínimo el próximo año. Los sindicatos piden que llegue a los 1.000 euros, mientras que la CEOE cree que no es momento de abordar este asunto, sino de hacer frente a las consecuencias de la pandemia.

La ministra Yolanda Díaz y los agentes sociales. Foto: MARTA FERNÁNDEZ JARA/EP

La ministra Yolanda Díaz y los agentes sociales. Foto: MARTA FERNÁNDEZ JARA/EP

"No voy a decir cuánto (subirá) porque cuando nos sentamos a dialogar tenemos que escuchar a las partes", remarcó Díaz el viernes en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

En esa misma entrevista dejó claro que el Gobierno no tiene intención de congelar el SMI, actualmente situado en 950 euros mensuales, porque "no se entendería" que esta renta mínima no subiera en 2021 cuando sí lo hacen, en un 0,9%, las pensiones y los salarios de los empleados públicos; porque los países del entorno español están elevando el SMI a pesar de la pandemia para luchar contra la desigualdad y la pobreza, y porque el sueldo medio en convenio también se ha incrementado, en torno a un 1,5%.

"No sería entendido que revaloricemos las pensiones y los sueldos de los empleados públicos. Nadie comprendería que no hiciéramos lo mismo con los trabajadores que más lo necesitan, al menos para no perder poder adquisitivo. No compartimos la congelación y vamos a ver lo que dice la mesa de diálogo social", insistió.

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