VALÈNCIA. Este martes los grupos parlamentarios votaron todas las enmiendas a la ley de Prevención de Residuos y Economía Circular. Una norma que Podem registró en agosto del año pasado como última ofensiva para tratar de salvar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), pero que también recogía un paquete de cambios en la gestión de residuos que causó el rechazo frotal de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).
Unos reparos por parte de la patronal que preside Salvador Navarro que se centraban en la dificultad para poder aplicar más de la mitad de los artículos de la ley por contravenir normativas europeas, vulnerar otras leyes, o por la inviabilidad de aplicar algunos artículos por razones higiénico sanitarias. Las observaciones fueron atendidas por PSPV y Compromís a través de numerosas enmiendas de supresión y modificación, y esta semana fueron ratificadas en la votación, ya que la mayoría de enmiendas de socialistas y valencianistas salieron adelante con el apoyo de Podemos. "Todo lo que pedía suprimir la CEV, se ha eliminado", aseguraba este miércoles una diputada a este diario.
En este punto, conviene recordar cuáles eran los artículos de la norma -que todavía debe llegar a un pleno de Les Corts, (último trámite para que salga adelante)- que generaban más fricción sobre los que los partidos que integran el Consell han llegado a acuerdos con Podem, que se mostraba más exigente con sus propuestas, así como otros que han quedado vivos para su debate en el hemiciclo para comprender en qué punto de tramitación se halla la ley.
La normativa trataba de restringir el uso y venta ed bolsas de plástico, así como evitar que todo producto alimentario que pudiera venderse a granel, se comercializara envasado en plástico. El texto legal sugería que los supermercados pusieran en lugares visibles bolsas reutilizables de papel para que fuesen los consumidores los que distribuyeran en ellos los productos de venta a granel que quisieran comprar.
Tanto PSPV como Compromís propusieron suprimir este apartado por dos motivos: el primero ya quedó regulado por el Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, y el segundo porque para que se pusiera en vigor una medida de este tipo sería necesario un informe favorable de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria por cuestiones higiénico sanitarias. No en vano, en caso de producirse un problema sanitario, la responsabilidad es del fabricante y si los supermercados dispusieran de sacos con los distintos productos, no estaría garantizada la prevención de contaminación cruzada de alimentos y el control de alérgenos. Con estos argumentos, esta parte del articulado quedó suspendido este martes.
Uno de los aspectos que pretendía regular también la Proposición de Ley registrada por Podem era el porcentaje de recogida selectiva a la que tienen que llegar ciertos residuos antes de 2025 "para cumplir con la normativa europea y no tener que pagar multas". La propuesta fijaba que en orgánico fuese del 70% , plásticos del 50%, madera del 25%, cristal un 70%, y papel y cartón un total del 75%.
Unos porcentajes que desaparecen de la ley porque lo relegan a que queden fijados reglamentariamente en el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) que ahora mismo trabaja la Conselleria de Medio Ambiente que dirige Elena Cebrián -petición de la CEV en sus alegaciones y reflejada vía enmienda por Compromís y PSPV-. Con esto, será el departamento competente en este ámbito el que determine los plazos y porcentajes de recogida selectiva al que deben llegar, por ejemplo, los residuos de paneles cerámicos procedentes de la exposición y muestrario de material cerámico que son destruidos cuando las exposiciones finalizan; los desechos de poda agraria y arroz; o los envases de agua mineral de 5 a 8 litros.
No obstante, hay otros residuos que el PIRCV no contempla, según fuentes parlamentarias -ahora mismo lo está revisando la Abogacía de la Generalitat para publicar la versión definitiva-. Es el caso de los productos de higiene personal como compresas, pañales o tampones, por lo que al remitir la Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular al Plan Integral de Residuos y no existir un apartado específico de esta cuestión, a efectos prácticos este apartado desaparece.
Conviene señalar que este artículo generaba una profunda preocupación en los socialistas debido a la logística para reciclar estos productos, ya que en toda Europa apenas existen dos plantas de recogida selectiva de pañales y compresas. De hecho, hasta noviembre de 2017 no se inauguró la primera de ellas en todo el mundo, situada en la localidad italiana de Lovadina di Spresiano. Una realidad que dificultaba que en la Comunidad Valenciana se alcanzara el objetivo demandado por Podemos en un plazo de apenas dos años.
Uno de los apartados de la ley volvía sobre lo ya pisado y rechazado: el SDDR. Tras las negociaciones entre Podem y los partidos del Consell, queda fijado que dentro de un año se realizará una auditoría o evaluación sobre el sistema de reciclaje actual para ver si se están obteniendo resultados positivos, ya que actualmente "uno de los problemas es que no hay transparencia sobre los porcentajes de reciclaje", aseguran desde Podem.
En este sentido, plantean que con esta auditoría podrán decidir si se cumplen objetivos o no, y con ello decidir si se debe cambiar el modelo actual, que, por otra parte, "no tendría por qué ser obligatoriamente el SDDR". En definitiva, supeditan la implantación directa del sistema a la realización de un estudio o auditoría que determine si instaurarlo, algo similar a lo que ocurrió ya con la tasa del azúcar pretendida por Compromís y que recientemente Sanidad reconoció que era positiva. En Podem lo consideran un avance respecto a las posiciones que se tenían inicialmente y se muestran satisfechos.
Respecto al artículo sobre la obsolescencia programada -Podem quería vetar la creación de productos con este objetivo-, los morados han aceptado la propuesta de socialistas y valencianistas de que la Generalitat, en el marco de sus competencias, desarrolle normativamente "medidas para prevenir la obsolescencia programada, potenciar la unificación de criterios en las universalizaciones de conectores eléctricos, cargadores de móviles, baterías y pilas recargables, así como la fabricación de aparatos electrónicos desmontables y con baterías independientes, que faciliten la reparación y la reposición de componentes". Es decir, se fomentará la prevención, pero no se prohibirá como también pedían los empresarios.
A pesar de todos estos acuerdos, que suponen una rebaja en el nivel de exigencia pero con los que Podem está conforme porque suponen un pequeño avance respecto a la situación actual, no hay pacto en la forma de distribuir el agua.
El partido morado proponía que se obligara a los establecimientos hosteleros a ofrecer a sus clientes la posibilidad de consumir agua no envasada -jarras o vasos- de forma gratuita para conseguir que se reduzca la producción de desechos.
Un apartado que PSPV y Compromís piden suprimir para que, en su lugar, los comercios de restauración "promuevan" entre los clientes la posibilidad de consumir agua no envasada, pero sin carácter obligatorio. Según las alegaciones que presentó la CEV en su día, en algunos municipios de la Comunidad Valenciana como Moraira son las propias autoridades las que recomiendan no consumir el agua del grifo.
No obstante, Podem no está dispuesto a ceder en esta cuestión como sí lo ha hecho con la recogida selectiva -que se definirá en el PIRCV como pedía la patronal-, la venta a granel o la obsolescencia programada. Ahora bien, a pesar de este enrocamiento, no tienen la mayoría suficiente para poder sacar adelante el artículo como ellos lo plantean.