Visita de Gabriela Bravo y Ana Barceló al hospital de Campaña. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios que integran el Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- registraron este jueves sus enmiendas a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2021. Un trámite que el tripartito ha aprovechado para introducir un cambio significativo en la ley de contratos del sector público que, en definitiva, permitirá a la Generalitat contratar sin necesidad de realizar un concurso público. Es decir, contratar a dedo.
"Las actuaciones que se realicen con cargo a los fondos de reconstrucción covid-19 se considerarán de emergencia a los efectos previstos en el artículo 120 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público", recoge la enmienda de socialistas, valencianistas y morados.
La disposición adicional, explican fuentes del tripartito, no estaría únicamente sujeta a los fondos europeos para la reconstrucción a los que espera acceder la Comunitat Valenciana, sino que tendría alcance general. Es decir, esta posibilidad de realizar contrataciones sin concurso público quedaría abierta a cualquier actuación que necesite realizar la Generalitat cuyo fin esté ligado a la crisis sanitaria provocada por la covid-19.
El pasado mes de julio los grupos parlamentarios del Consell firmaron junto a PPCV y Ciudadanos un acuerdo de reconstrucción en el que plasmaban ciertos compromisos que luego han tenido su reflejo en partidas presupuestarias de las cuentas elaboradas por el Botànic II. Por lo que, además de los fondos europeos, también el propio presupuesto de la Generalitat tiene consignaciones covid-19 para la reconstrucción.
Así, esta enmienda abre la puerta a que el Gobierno valenciano pueda autorizar a partir de ahora compras y contratos a dedo. Una modificación que fuentes parlamentarias justifican por la "urgencia" que requiere la contratación ágil en una pandemia como la actual. Añaden, además, que el Gobierno central anunció hace meses su intención de realizar cambios en la ley de contratos del sector público y que su planteamiento, ahora, es el mismo para permitir que la Administración sea más ágil en la respuesta.
Sin duda, será más ágil, pero tendrá menos controles al no permitir que sean varias empresas las que compitan por una licitación en base a unos pliegos. En este sentido, se abre la puerta a que compras importantes, como por ejemplo la construcción de los hospitales de campaña que costaron 4,8 millones de euros a las arcas públicas, se adjudiquen a las empresas a su antojo.
Hasta ahora, la mayoría de contrataciones realizadas desde el Consell por la vía de emergencia y que han evitado el concurso público han sido las referidas a material, cuestión que está centralizada en la comisionada de presidencia para las compras contra la covid-19. Unas adquisiciones que acumulan millones de euros y que no han pasado por el proceso requerido de forma habitual a causa a la urgente necesidad de disponer del mismo.
También se han tramitado por esta vía contratos referidos a la limpieza, sirva como ejemplo el recientemente adjudicado por Ferrocarrils del a Generalitat Valenciana por un valor de 4,2 millones de euros con el objetivo de intensificar la desinfección realizada en el transporte público. Un contrato que ya se unía a otro realizado en abril de 1,2 millones sin acudir a concurso público.
Este mismo viernes Sanidad también publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) una resolución para movilizar a la sanidad privada en el caso de un incremento de casos covid que no pudiera ser gestionado por los centros públicos. En la misma línea, también recogía la posibilidad de contratar todas las prestaciones y servicios que sean necesarias para poder remediar la situación sin necesidad de tener que realizar una licitación, como ya se hizo en la primera ola y donde al menos gastaron seis millones en derivaciones a centros privados.
