El Botànic apuesta fuerte: la nueva ley del juego le enfrenta a la patronal 

VALÈNCIA. “¿Me traes un vermut rojo con patatitas y cacaos?”. “Por supuesto”. La señora que ha realizado la comanda mira a la pantalla central del bingo de la calle Cuenca de València. Allí se pueden contemplar los dos premios de esa partida. Son 18,9 euros para la línea y 98,7 euros para el bingo. En la sala en ese instante se cuentan 67 personas. 34 son mujeres sentadas solas en las mesas para seis personas. Hay además cinco parejas de hombre y mujer, diez parejas de mujeres, dos hombres vestidos con ropa de trabajo y un único hombre solo: el redactor de este reportaje.

El bingo de la calle Cuenca tiene un horario eminentemente diurno. Abre las diez de la mañana y cierra a las diez de la noche. Nada que ver con la imagen noctámbula y de esparcimiento que se dio en la Transición y que inspiró comedias rijosas como Los bingueros. A esa hora, en la que la mañana se acerca a mediodía, comienzan a llegar las parejas, casi todas de jubilados. Es bastante habitual que vecinos de la zona se acerquen a comer de menú. Si por algo se destacan los bingos es por los competitivos precios de su servicio de restauración. Y eso, los propietarios, lo saben y lo cuidan. Es un modelo que lleva décadas funcionando en todo el mundo, comenta el gerente de la Sala Valencia, Francisco Soler. “Vamos a casi precio-coste”, explica.

Si se cumplen los amargos vaticinios lanzados este lunes por la patronal nacional del juego, CEjuego, el bingo de la calle Cuenca se vería obligado a cerrar en cuanto se apruebe la nueva ley del juego que está tramitando en estos momentos el parlamento valenciano. Y es que en la futura norma se ha incluido una enmienda propuesta por Podemos para que las casas de apuestas y salones de juego guarden una distancia mínima de 1.000 metros entre sí y en relación a centros educativos, incluidas las universidades, sanitarios y sociales. El bingo está justo enfrente del colegio público Luis Vives.

El diputado de Podem David Torres aseguraba esta misma semana, en un comunicado respondiendo a la patronal, que la falta de control en la proliferación de casas de apuestas y juegos ha tenido como resultado la adicción de menores y adultos y la destrucción de muchas familias; por eso abogaba por “adoptar medidas contundentes”. Si la contundencia de esas medidas se ha de medir en metros, y los 1.000 metros de Podemos equivalen a 10, Compromís apuesta por un 2,5 y el PSPV por un 1,5.

El motivo del debate, explica el director general de Tributos y Juego, Eduard Roca, se halla en la redacción del apartado 2 de la enmienda presentada al artículo 45. “Existe la posibilidad, según está redactado el apartado, de que los salones de juego ya autorizados, cuando se produzca la renovación de los mismos, si no cumplen las distancias, no podrán renovarse y tendrían que cerrar. No obstante, en el debate de las enmiendas los grupos políticos podrían transaccionar esta cuestión”, apunta.

En este sentido, el portavoz parlamentario del PSPV, José Muñoz, pone en duda el vaticinio de CEjuego y recuerda que en el caso de los bingos y salas de apuestas sus permisos son anteriores a la ley y es contrario a Derecho la retroactividad de las normas. También lo piensan así en la Sala Valencia. El jefe de sala, Diego González, que demuestra conocer bien la propuesta de ley, no comparte la inquietud mostrada por la patronal. “No pueden cerrarnos; sería anticonstitucional”, comenta. En concreto se refiere al apartado 3 del artículo 9 de la Constitución española, donde queda recogida “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.

Lo que sí es seguro es que el texto legislativo puede afectar a los establecimientos de hostelería “que verían mermada su capacidad de ofertar más juegos”, admite Roca. Una merma que es apoyada desde el Botànic. Así, Muñoz señala que la propuesta que barajan es la de articular “una ley que proporciona un marco de seguridad jurídica a los agentes económicos del sector, una ley garantista, una ley que se adapta a nuestro contexto económico y social, una ley que protege al menor, y a las personas ludópatas”.

La ludopatía es la soga en la casa del ahorcado. Para prevenirlo, los 60 bingos de la Comunitat y los tres casinos (uno por provincia) con sus dos apéndices, tienen un registro de las personas que no pueden acceder. Cuando una persona llega a una de estas salas debe presentar el DNI. Si está en el listado, no se le permite entrar. Muñoz critica “la desregulación del juego” por parte del Partido Popular durante 20 años que es la que considera como raíz de lo que denomina como “situación de alarma social”. “La propia patronal del juego, advierte de los peligros de la desregulación en su sector, como sucede en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular no ha establecido ningún límite de distancias entre salones de juego”, agrega el síndico socialista.

La industria del juego, según los datos facilitados por el sector en 2017, sostiene aproximadamente en el conjunto del Estado a 44.550 empleos directos, de los que 7.000 son en la Comunitat Valenciana, que se reparten entre las empresas fabricantes, comercializadoras, operadoras, salones de juego, empresas de apuestas, bingos y casinos. “Además, este sector genera más de 30.000 empleos en la Comunitat Valenciana si tenemos en cuenta el personal de hostelería que trabaja en aquellos establecimientos que disponen de máquinas de juego”, apunta Roca. A 31 de diciembre de 2017 se estimaba que las cantidades destinadas a la práctica del juego en sus diversas modalidades representaban aproximadamente más del 2% del PIB de la comunidad.

De manera directa, las tasas sobre el juego han supuesto en 2018 para las arcas públicas valencianas 136,241 millones de euros. 38,16 millones proceden de los bingos, 77,8 de las máquinas de apuestas y las llamadas tragaperras, mientras que los casinos aportan 7, 2 millones. La evolución misma de los ingresos recibidos por la administración habla de cómo el juego se hizo fuerte durante la crisis, cuando se convirtió en la única esperanza de muchos. En 2009, sin las apuestas deportivas, las arcas públicas ingresaron 216,4 millones de euros; al año siguiente, 200,1 millones. El descenso fue paulatino hasta 2013, año en el que se tocó fondo; ese curso la Generalitat recaudó 128,2 millones de euros, la cifra más baja en la última década. En los últimos cinco años los ingresos se han incrementado ligeramente durante la primera parte del lustro (130 millones en 2014; 136 en 2015; 146 en 2016), y han descendido estos dos últimos años (137 millones en 2017 y los 136 consignados de 2018).

El mapa de los locales habla de una atomización en la que la incorporación de las apuestas deportivas ha supuesto una metamorfosis. En la actualidad están contabilizados 32 locales específicos de apuestas, 3.677 máquinas de apuestas en bares y 426 salones de juego. Una de las críticas más habituales es que muchos de estos salones de juegos se hallan ubicados en barriadas deprimidas y poblaciones del extrarradio de las tres capitales de provincia.

Desde la patronal se defendían este lunes y aseguraban que este tipo de salones se ubican en espacios donde se garantizan rentabilidad y afirmaban que la mayor parte de los que allí acudían hacían apuestas mínimas. “Son la cuadrilla de amigos que acuden juntos a ver un partido”, aseguraba el director general de CEjuego, Alejandro Landaluce. Un aserto que confirman una pareja de jóvenes en una sala de este tipo en Manises. Sentados frente a las multipantallas, mientras veían este miércoles repetido el partido de Champions League del Manchester United y el PSG, Javier, nombre ficticio, explicaba que quedan a ver partidos y “a veces” hacen apuestas.

La futura norma también plantea otras dos serias dudas a los empresarios y profesionales. Una de ellas, en relación a la posibilidad de que sea necesaria la autorización de la Generalitat para la instalación de terminales de la ONCE, es rechazada de pleno por Muñoz, quien defiende que los juegos incluidos en la reserva estatal no son competencia autonómica. Podemos apoya a los socialistas, y en su día aseguraron a Valencia Plaza que el CJC advirtió a la Generalitat de que no era competente para legislar en los juegos sujetos al régimen de reserva. El PP comparte la tesis del PSPV y Podemos y apoyaría esta propuesta. Más problemas logísticos darán otras de las medidas estrella de la norma: la instalación de mandos a distancia para las tragaperras y que los premios no sean en dinero en efectivo. La norma habría reservado sólo tres meses de tiempo para que todas las máquinas que hay en la Comunitat, más de 21.000, fueran reseteadas y homologadas. Desde CEjuego recordaron que en otro caso similar, el de las máquinas expendedoras de tabaco, se dio un margen de tiempo de 18 meses. 

El inminente fin de la legislatura puede impedir que finalmente se aprueba la nueva ley, que deberían actualizar la de 1988. Así lo creen, por ejemplo, fuentes de Ciudadanos. Desde el Botànic, mantienen el optimismo. “La ley es una norma necesaria”, dice Muñoz. Su filosofía, insiste, es “regular para proteger a los consumidores, no para prohibir”. “Se trata de una actividad que exige un trato específico, en la medida que es una actividad económica y una actividad de ocio o distracción para muchas personas, que puede derivar en un problema de peligro y de salud para muchas otras, si no se toman las medidas adecuadas. Esta ley exige colaboración y responsabilidad por parte de todos. Tenemos la obligación de involucrarnos de la mano de las empresas en aras de garantizar el juego responsable”, dice.

Mientras, desde el sector, observan con escepticismo la evolución de los tiempos legislativos. En el despacho del bingo Sala Valencia, el jefe de Sala Diego González, no duda de calificarla de “excesiva en todos los términos”. También de “exagerada”, y critica que se haya puesto en marcha “sin contar con los empresarios”. Tanto él como el gerente, Francisco Soler, insisten en que la actividad económica del juego está completamente controlada en España. El mismo Soler comenzó como contable. La oficina, austera, cuenta como única decoración reseñable una bandera española en un rincón, enrollada sobre su mástil. 

Se va acercando la hora de la comida. En la sala continúa la partida de bingo. Se incorpora un matrimonio. Silvana, una de las chicas que ofrece los cartones, a 1,5 euros cada uno, se aproxima amable. La pareja saluda al camarero con afectividad. En la cabina, Santiago, sevillano, 14 años en València, comienza a cantar los números con deje, arrastrando algunas ‘es’. “Setenta y siete; siete, siete. Cincuenta y tres; cinco, treees”. En marcha desde septiembre de 2004, Sala Valencia supuso una inversión para CIRSA de más de cinco millones de euros. Da trabajo a más de medio centenar de personas y tiene un gasto, sólo en luz, de más de 10.000 euros al mes. Una voz de mujer canta línea. Se comprueban los números. Es correcto. Santiago anuncia: “Seguimos para bingo”.