VALÈNCIA. Los tres partidos que integran el Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- han llegado a un acuerdo en varias de las enmiendas que registraron a la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Un proyecto de ley que el pleno del Consell aprobó en octubre del año pasado para actualizar la norma de 1988 con la intención de prevenir y proteger a los menores ante el auge de la ludopatía en la autonomía.
Así, las tres formaciones han convocado para este martes una rueda de prensa para presentar los acuerdos alcanzados en algunos aspectos de la norma. Entre ellos, la prohibición de nuevas aperturas de salones de apuestas a menos de 900 metros de cualquier centro escolar. Un punto en el que cada uno había planteado un espacio diferente: mientras los socialistas proponían 700 metros, valencianistas y morados querían que ésta fuera de al menos un kilómetro. Finalmente, se ha convenido un tramo intermedio.
Ahora bien, el consenso no ha partido motu proprio, sino más bien todo lo contrario: ha venido motivado por un tirón de orejas que la Conselleria de Hacienda dio el jueves pasado a los grupos parlamentarios del Ejecutivo que preside Ximo Puig. No en vano, el hecho de que cada formación presentara sus modificaciones a la norma de forma individual no sentó nada bien en el departamento dirigido por el socialista Vicent Soler, que llamó a capítulo a los portavoces de PSPV, valencianistas, y morados en la tramitación de esta ley; José Muñoz, Graciela Ferrer y Ferran Martínez, respectivamente.
Esto es porque, a pesar de ser socios de Gobierno, con esta ley el Botànic II rompió una de sus costumbres. Y no una cualquiera: la de presentar las modificaciones a las leyes que parten del Consell de manera conjunta. Una metodología que practicaron tanto en la legislatura anterior como en la actual para afrontar la tramitación de las leyes -especialmente con cualquiera que partiera del Ejecutivo- y así trasladar imagen de unidad.
La quiebra de esta práctica, sin embargo, derivó en esta ocasión en que entre las tres formaciones presentaran en torno a 200 enmiendas -casi más que las que sumó la oposición-, lo que generó un descontento importante en Hacienda, que instó -por así decirlo- a los diputados a que después de que cada uno hubiera hecho camino por su cuenta, exhibieran las enmiendas acordadas y redactadas de forma conjunta. He ahí la rueda de prensa de este martes.
En este sentido, huelga subrayar que el contenido de las modificaciones legales individuales de las tres formaciones no diferían en exceso en inicio; de hecho, guardaban un espíritu similar. Sin embargo, el hecho de que cada uno -PSPV, Compromís y Unides Podem- registrara una enmienda para cada aspecto de la ley (distancia a colegios, publicidad, tragaperras) hizo que las enmiendas se triplicaran.
De haberlas pactado previamente como se ha hecho con cualquier otro proyecto de ley del Consell, -como en Presupuestos, por ejemplo-, la cantidad se hubiera reducido aproximadamente dos tercios. "Cada uno ha querido ponerse una medalla porque es una ley muy social, pero se trata de que somos un Gobierno", explicaba un alto cargo a este diario este lunes. El resultado de toda esta historia era esperado, pero no tanto la llamada de atención de Hacienda.
