Primera reunión del Consell en la presente legislatura, con Dalmau, Oltra y Puig en primer plano. Foto: EFEVALÈNCIA. Las fuerzas que componen el Botànic II, PSPV, Compromís y Unides Podem, estudian diversas fórmulas para concretar la distribución del personal eventual de las diferentes consellerias que componen el Ejecutivo. Es decir, los asesores.
En 2015, los partidos progresistas acordaron limitar el número de estos puestos reduciéndolos a un jefe de Gabinete, un jefe de prensa, un asesor de asuntos parlamentarios y otro trabajador que dependiera del secretario autonómico de turno. Un plantel ajustado sobre el que florecieron las críticas internas a lo largo de la legislatura, dado que el veto del Gobierno central a la reposición de funcionarios provocó a menudo dificultades en la gestión a causa de la falta de manos. Una situación que fue motivo de lamento público por parte de miembros del equipo de gobierno, por ejemplo Mónica Oltra, a lo largo de todo el mandato.
Para la legislatura recientemente iniciada, las fuerzas que vienen negociando los últimos flecos del acuerdo coinciden en la necesidad de reforzar en los distintos departamentos la presencia del personal eventual.
Una de las teorías que se esgrimen es la posibilidad de incrementar el número de asesores en función del presupuesto que maneje cada conselleria. En esta línea, fuentes del gobierno apuntan a un asesor más por cada mil millones de euros que ostente el área de gestión correspondiente. Por ejemplo, si Sanidad tiene asignados para el presente ejercicio 6.635 millones de euros, debería contar con siete personas más trabajando en el departamento, mientras que la Conselleria de Igualdad, con 1.528 millones de euros de presupuesto, contaría con dos asesores más.
Una medida que, de cumplirse, situaría el incremento de asesores en torno a la veintena, lo que obligaría a modificar el Decreto 185/2015 que ponía un tope de 74 asesores al Gobierno valenciano. Una cifra que en la pasada legislatura llegó a rozarse dado que entre Presidencia, con el socialista Ximo Puig al frente y Vicepresidencia, con Mónica Oltra liderando, llegaron a sumar 35 trabajadores eventuales de estas características, más de la mitad que el resto de consellerias juntas que sí se sometían a las mencionadas limitaciones pactadas en el Botànic.
Un balance que, no obstante, ya en su momento se consideraba "corto" desde ambos departamentos. Por un lado, por la necesidad de personal que acarrea la Presidencia de la Generalitat y más en este caso por la cantidad de variopintas competencias que se arrogó Puig (Relaciones Europeas, Emergencias, Turismo...). Por otro, por las áreas que manejaba Oltra relacionadas con la dependencia y la igualdad, a lo que había que sumar sus funciones como vicepresidenta del Consell y portavoz del Gobierno valenciano.
Una situación que se extiende al resto de consellerias, desde donde además, a preguntas de este diario, ya se allanaba el terreno para el el aumento por las "miles de peticiones de documentación y preguntas parlamentarias" que se realizaron desde la oposición durante la pasada legislatura y que implican una carga de trabajo importante para el personal eventual.
Otra cuestión que plantean algunos dirigentes del Gobierno valenciano, especialmente desde el PSPV-PSOE, es la opción de, si se entra a la modificación del mencionado decreto, cambiar también el actual sistema de categorías para el personal eventual con el objetivo de mejorar la flexibilidad salarial.
En la actualidad, los asesores se dividen en cuatro categorías a la que hay que añadir a la que pertenecen los conductores. Una de las propuestas que viene sonando dentro del Gobierno valenciano es la de procurar para cada conselleria unos fondos para la contratación de personal eventual que puedan distribuirse por el conseller según cada caso concreto. Una manera, para algunos, de poder atraer más talento al Ejecutivo.
Por ejemplo, un máximo responsable autonómico podría estar especialmente interesado en algún perfil técnico por el que estaría dispuesto a ofrecer una retribución más alta de lo normal. Ahora bien, después tendría que buscar asesores que aceptaran salarios más bajos para compensar el desembolso hecho con el fichaje 'estrella'. En este caso, el coste para la Administración sería el mismo, pero permitiría cierta flexibilidad a los consellers para poder diseñar equipos a medida sin tener que encajonarse en el sistema de categorías.
Un sistema que en ocasiones produce paradojas de que exista un hueco libre de categoría demasiado baja para la incorporación que se pretende realizar y viceversa.
