La líder del Bloc, Àgueda Micó, durante el 7é Congrés Nacional. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Las pasadas elecciones generales y autonómicas supusieron en cierta medida un duro trago para Compromís. Mientras en la Comunitat se cedieron dos escaños aunque casi con el mismo número de votos, el peor momento, sin duda, fue el flojo resultado obtenido en el ámbito estatal, donde la coalición valencianista se quedó con Joan Baldoví como único representante. Una situación que ha obligado al Bloc, la pata mayoritaria de Compromís, a no renovar a una veintena de trabajadores del partido destinados a hacer labores de implantación y coordinación en las comarcas.
En 2016, la coalición que lidera Mónica Oltra se había presentado en confluencia con Podemos y Esquerra Unida, lo que les había permitido conseguir un total de nueve diputados, de los que cuatro fueron para Compromís. Pero el sueño de la coalición de poder acercarse a esos resultados presentándose en solitario se esfumó dejando unas consecuencias económicas difíciles de afrontar.
Cabe recordar que cada voto recibido en las elecciones estatales a una candidatura que obtiene escaño está valorado en 0,81 euros para el partido que lo recibe. De la misma manera, se premia además con 21.167 euros cada escaño conseguido en el Congreso. Es decir, que la mencionada alianza que se presentó en 2016 obtuvo por sus resultados un total de 725.000 euros a repartir entre las tres formaciones.
Sin embargo, en los últimos comicios, el resultado económico obtenido apunta, al tener un solo representante y con un menor número de votos, a situarse en torno a los 195.000 euros a repartir entre Bloc, Iniciativa y VerdsEquo. A todo ello hay que sumar que, al haber menos diputados y asesores, también desciende el llamado impuesto revolucionario que se destina al partido. Por ejemplo, Baldoví ingresa al año unos 7.200 euros anuales al Bloc por el cargo público que ocupa.
Con esta descenso de las ganancias, no resulta extraño que el Bloc decidiera tras los comicios no proceder a la renovación de la veintena de delegados comarcales que se crearon tras el congreso celebrado en 2016 con el objetivo de que la formación nacionalista creciera o al menos mantuviera el pulso político en el ámbito local.
Fuentes del partido puntualizaron a este diario que no se han realizado despidos, sino que los contratos -que eran de media jornada- estaban pendientes de revisión y renovación según el resultado de las elecciones. Así, el próximo paso es proceder a una evaluación del funcionamiento de estos delegados comarcales durante este tiempo, analizar lo ocurrido en cada demarcación y, una vez concretados los recursos de los que se disponga, estudiar si se pueden hacer nuevas contrataciones.
No es el único caso de ajustes de personal en las filas de los partidos valencianos tras las comicios. Tal y como informó este diario, el PPCV de Isabel Bonig también prescindió en este caso de ocho asesores tras el mal resultado cosechado en las elecciones.
