VALÈNCIA. (EP). El 97,7% de los altos cargos de la Generalitat cumplió en 2018 con el sistema de incompatibilidades, ya que solo cinco personas no lo hicieron, según el informe anual de la oficina de control de conflicto de intereses, adscrita a la Conselleria de Transparencia.
Durante el año pasado, todos los altos cargos excepto cuatro presentaron la copia de las declaraciones tributarias de la renta, patrimonio y sociedades del total de 216 (169 altos cargos en activo y 47 cesados).
El balance, analizado este viernes por el pleno del Consell, recoge la resolución de un expediente sancionador en 2018, con la imposición de una sanción de carácter leve. Actualmente hay otro expediente en tramitación.
En materia de resoluciones, hubo un total de 187 que reconocían la compatibilidad de la actividad pública con otras actividades. El pasado ejercicio no se dictó ninguna declarando la incompatibilidad, aunque hay 29 solicitudes en tramitación.
También se registraron cuatro abstenciones y ninguna inhibición o recusación. A su vez, por la oficina pasaron tres expedientes de verificación, todos cerrados con inexistencia de irregularidades.
En general, hubo un total de 26 personas obligadas por su nombramiento a presentar declaración de actividades y bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, con las declaraciones tributarias sobre IRPF y, si fuera el caso, del impuesto de patrimonio y sobre sociedades. Todas cumplieron con este requisito.
El informe hace mención a un caso peculiar: un directivo de una mercantil que en 2018 pasó a formar parte del sector público instrumental de la Generalitat, de manera que ahora sí que está obligado, y no ha presentado toda la documentación.
El pasado ejercicio hubo un total de 25 altos cargos cesados --obligados, por tanto, a presentar la declaración de actividades y bienes, derechos y obligaciones patrimoniales--. Todos cumplieron, excepto dos, incluidas entre las cuatro que no presentaron copia de la renta, patrimonio y sociedades.
Por otro lado, en 2018 se llevó a cabo la migración de los datos del antiguo registro (Rabac) al nuevo (Recci), lo que supuso que algunos altos cargos presentaran la documentación ante el primero y solo tuvieran que validarlos en el segundo, mientras que otros lo hicieron directamente.
La oficina de control de conflicto de intereses da cumplimiento a la Ley 8/2016 de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de personas con cargos públicos no electos y el Decreto 65/2018 que la desarrolla, de elevar anualmente al Consell un informe, que será remitido a Les Corts.
