EFE/Kai FörsterlingVALÈNCIA (EFE). La medicina defensiva, que lleva a cerca del 90% de los médicos a realizar al paciente una batería de pruebas innecesarias por temor a una posible demanda, supone alrededor del 20% del gasto sanitario total e implica un riesgo para la sostenibilidad del sistema.
Así se ha puesto de manifiesto durante los "Diálogos EFE Salud: Medicina Defensiva, un problema de salud pública", organizados por EFE junto con la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV) y el Ateneo de Valencia.
En el encuentro han participado el presidente de la ADSCV, Carlos Fornes; la directora general de Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat, María Victoria Garrido; la presidenta del Colegio de Médicos de Alicante, María Isabel Moya; y el médico de urgencias hospitalarias en el Hospital Casa Salud e IMED Valencia, Agustín Navarro.
Los expertos definen esta medicina defensiva como aquella que practican los médicos cuando anteponen a la salud del paciente el temor a recibir una demanda por no practicar una prueba concreta, lo que, unido al gran abanico de pruebas disponible, hace que soliciten muchas más de las necesarias.
De hecho, según Fornes, "a nadie le han condenado por hacer una prueba de más, pero sí le pueden condenar por no hacer una prueba", aunque en EEUU sí se han dado casos ya de demandar a un médico por una prueba de más.
Recuerda además que el 70% de las reclamaciones judiciales que prosperan es por falta o defecto de información del médico al paciente.
Otras de las causas por las que los pacientes demandan al médico es por el retraso en el diagnóstico o en la aplicación del tratamiento o porque alguno de los dos, o ambos, son incorrectos.
Fornes, que señala que el 77% de los médicos asegura tener pocos conocimientos médico-legales y el 96% piensa que se debería potenciar esa formación, reclama a los facultativos que dediquen "un poco de tiempo a formarse jurídicamente, una medida que sin duda haría disminuir el número de reclamaciones".
La medicina defensiva busca no errar en el diagnóstico y que esas reclamaciones patrimoniales se minimicen, señala Moya, quien la considera un problema de salud pública porque es un "síntoma del fracaso del sistema sanitario".
A su juicio, no es solo un problema del profesional, "sino del sistema, del empleador y del paciente" y asegura que los médicos la practican porque ha cambiado el paradigma de la relación médico-paciente y los facultativos "no tienen tiempo para explicar lo que está bien y mal y por qué hacen lo que hacen".
Los expertos coinciden en señalar que se ha perdido la cercanía médico-paciente que había en otras épocas, cuando los médicos, que no tenían a su servicio tanta tecnología, hacían más partícipes a los pacientes en la toma de decisiones.
Para María Victoria Garrido, la medicina defensiva "no es la deseable" pero tampoco es un problema de salud pública, y afirma que antes se disponía de tiempo y el médico ofrecía al paciente "algo tan preciado como la escucha activa y la participación en la consulta".
Es un problema que puede surgir de "cómo tenemos el sistema sanitario montado, pero no es un problema inherente al sistema sanitario", ha indicado.
Agustín Navarro explica que la medicina es ahora más científica y tecnológica y el paciente "aspira a más pruebas, determinaciones y más seguridad a la hora de la práctica clínica" y, aunque se le explique que un TAC es el equivalente a 200 radiografías, con la radiación que eso supone, "siguen queriendo" que se les realice esa prueba.
Entre las pruebas innecesarias más comunes, Navarro cita radiografías en casos de un dolor abdominal simple, radiografía del tórax sistemática a reacciones asmáticas, recetar paracetamol de un gramo, que es mucho más tóxico que el de 650 gramos, dar antibióticos con infecciones asintomáticas o prescribir antibióticos para faringitis, podría decir muchas más.
Sobe este aspecto, la doctora Moya resalta que las pruebas que irradian, como las radiografías o los TAC, sobre todo en la infancia están ligados a la oncogénesis, es decir, que producen cáncer.
Los participantes coinciden en la necesidad de que los médicos, que en ocasiones se sienten desprotegidos, reciban formación jurídica pero también que los ciudadanos sepan que si los facultativos no practicaran la medicina defensiva "todos saldrían beneficiados".
"Sin medicina defensiva, los profesionales sanitarios no tendrían que pedir tantas pruebas, los proveedores sanitarios se verían beneficiados y los pacientes también", ya que no se someterían a pruebas inútiles y se reducirían las listas de espera, afirma Navarro.
En opinión de Garrido no es posible retirar de golpe los tratamientos que son innecesarios y destinar esos recursos a más profesionales e insiste en que es necesario un cambio cultural que debe empezar en la universidad.
