SANT JOAN D'ALACANT. El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant presentó el pasado mes de septiembre diversas reclamaciones ante el Síndic de Greuges por la falta de transparencia del equipo de gobierno, conformado por PSOE y Ciudadanos. La institución valenciana ha reconocido hasta en cinco ocasiones la violación del derecho de acceso a información que han sufrido los y las ediles de Compromís, mandando su cumplimiento inmediato y recomendando al Ayuntamiento que permita el acceso directo a todos los expedientes para reducir al mismo tiempo la carga burocrática que actualmente se genera con el sistema de solicitudes.
Algunas de las peticiones de información se remontan al año 2018. El portavoz de Compromís, Sergio Agueitos, asegura que durante todo este tiempo "se le dio al gobierno margen de maniobra y diversas oportunidades para contestar, recordando dichas peticiones en plenos e incluso volviendo a presentarlas por escrito con posterioridad. La opacidad mostrada por el ejecutivo de Jaime Albero ha sido constante, hasta el punto de transcurrir años sin dar señales de vida". Es por ello que, afirman, se les agotó la paciencia y decidieron pedirle al Síndic que tomara cartas en el asunto.
Se trata de preguntas o solicitudes de acceso a facturas o proyectos que resultan de interés para la ciudadanía, como es la rehabilitación del antiguo Lloixa, la gestión del servicio de parques y jardines, las obras de mejora de la cubierta de la autovía o los costes de la campaña de Navidad 2019. "Este equipo de gobierno evitó durante casi un año darnos acceso a las facturas de la campaña de Navidad y solamente lo hizo cuando acudimos al Síndic. Mientras, en redes y discursos presumen de transparencia. Incomprensible", critica Agueitos.
De hecho, en todas las resoluciones, el Síndic manifiesta que el tiempo que ha transcurrido desde la solicitud "constituye un retraso inaceptable", pues el plazo máximo para contestar en estos casos es de cinco días. Las resoluciones del Síndic coinciden en poner de relieve que el incumplimiento municipal de transparencia supone no solo la infracción de la ley, sino especialmente una violación del derecho de participación ciudadana recogido en la Constitución Española.