VALÈNCIA. El plan de la Conselleria de Educación de eliminar 31 de las 437 unidades de 1º y 2º de Bachillerato en la Comunitat Valenciana se le ha atragantado. La intención del departamento de Vicent Marzà de "revertir la masificación de aulas y garantizar los espacios de refuerzo y apoyo de diferentes áreas de conocimiento en institutos públicos" se topó primero con el auto de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el que admitía el recurso del Centro Integrado Purísimas Franciscanas.
La primera consecuencia que se derivó de este hecho fue la suspensión del tijeretazo al concierto de las dos unidades para el curso 2017/2018 mientras se resuelve la impugnación. La segunda, según apuntan diversas fuentes, el efecto llamada que va a provocar una avalancha de peticiones encaminadas a garantizar los derechos de los alumnos, los docentes y los centros que, consideran, han visto la libertad de elección de las familias vulnerada.
La Mesa por la Educación en Libertad mostró este jueves su satisfacción por la decisión del TSJ de dejar sin efecto la nueva norma de la Conselleria. Y también, consultada por Valencia Plaza, se anota la victoria la presidenta de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, quien considera que este auto "abre la puerta a otros jueces". Sin embargo, la exigencia del TSJ de que los colegios aporten como fianza el equivalente económico del concierto "es muy alta, más de un millón de euros. Para un concertado católico medio es inalcanzable", expresó Rodríguez.
La Generalitat ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo por la concesión cautelar de conciertos de Bachillerato a La Purísima de Valencia y Domus de Godella. De la misma forma, se aseguraráde que los dos centros abonan la cantidad económica estipulada por el tribunal que les permitiría tener los conciertos en Bachillerato: la Purísima, 539.000, y más de 545.000 en el del Domus.
Según los servicios jurídicos de las dos patronales consultadas, a estos dos centros podrían seguirles entre 5 y 8 más, solo en la provincia Valencia, y otros tantos en la de Alicante. Al no tratarse de una acción coordinada, estos gabinetes solo pueden ofrecer datos sobre sus centros, aunque aseguran que todos los afectados podrían plantear recursos de diferentes modalidades, en función de sus características y del número de unidades perdidas.
Preguntada la Conselleria de Educación a este respecto, indicó que no dispone de la información de cuáles podrían seguir esta misma estrategia para alargar lo máximo posible la aprobación de la nueva norma. A pesar de lo acalorado del debate, ambas partes se reconocen la disposición al diálogo para desatascar una situación que solo se lograría si Educación incluyese las propuestas de las patronales en su hoja de ruta.
El conseller Marzà, que este jueves se desplazó a Elda para participar en los Diàlegs d'estiu, quiso aclarar que el contrato de los conciertos había expirado y se han realizado solo los cambios oportunos. Lo que no hacía falta, dijo, no se ha tocado. La justificación: existe mucha oferta pública y menos natalidad (demanda), por tanto, es innecesario concertar más aulas.
"No se puede concertar todo lo que se pide si no es necesario, porque el dinero público es sagrado y debe gestionarse bien", puntualizó. Además, aprovechó para realizar una lectura positiva de este conflicto, ya que considera que el tribunal no ha dicho que los centros "tengan razón; lo que ha dicho que es que hay que estudiar el caso, y los centros tendrán que responder con más de medio millón de euros cada uno".
La Administración autonómica, apuntó, está "a la espera para que esa medida se haga efectiva y es el centro el que debe hacer el trámite si dispone de ese dinero", concluyó.