Educación propondrá a Ciegsa que se persone en la causa que investiga 'mordidas' en la construcción de colegios

VALÈNCIA. (EP). El secretario autonómico de Educación y consejero delegado de Ciegsa, Miguel Soler, ha anunciado este lunes que propondrá al próximo consejo de administración de la empresa pública su personación en la pieza separada del caso Imelsa que investiga el presunto pago de 'mordidas' en la construcción de colegios durante la anterior etapa de gobierno del PP para poder recuperar el dinero que se podría haber destinado a "pagos indebidos".

Así lo ha indicado en su comparecencia en la comisión que investiga en Les Corts Valencianes la gestión de esta empresa pública encargada de la construcción de centros educativos, en la que ha explicado que en el marco de esta pieza se les ha solicitado los estatutos de la misma vigentes entre 2004 y 2007, las normas internas de contratación durante ese mismo periodo, la relación del personal técnico, la composición del consejo de administración, además de la copia íntegra del expediente de adjudicación de una lista de centros, además de información contable.

También se ha pedido, y entregado junto al resto de documentación, todas las adjudicaciones de obras a Cleop, BM3, Dragados, Construcciones Luján, Necso y Acciona durante el tiempo que Máximo Caturla estuvo al frente de Ciegsa, detallando la diferencia entre el importe adjudicado y el coste final de las obras. Según ha indicado Soler, él ha estado una vez en Ciegsa y fue acompañando a la UCO, con la que ha colaborado "en todo lo que ha pedido".

El secretario autonómico ha señalado que Ciegsa era un instrumento que podía ayudar a agilizar la construcción de centros "bien utilizado" y "con los controles necesarios para que no exista la posibilidad de que exista algún tipo de pufo", pero la gestión que realizó el PP de ella "ha llevado a que los centros han salido por un precio mayor" porque aunque las modificaciones de los proyectos iniciales están contempladas por ley, hay que cumplir unos requisitos y ejecutar un control pero en este caso "eran una técnica habitual" y los pasos necesarios para certificar su legalidad "no se daban".

Ha puesto como ejemplo que durante esta nueva etapa la adjudicación de un centro en Villanueva de Castellón (Valencia) se produjo una adjudicación a la baja del 29% y después la empresa quiso una modificación superior al 10% y la Conselleria rescindió el contrato por incumplimiento del contratista. "Esta es una forma de actuar", ha dicho, mientras otra era "que si pedían un millón más se negociaba si podía ser medio millón.

Así, ha resaltado Soler, se lanza un mensaje a las empresas y es que "pueden seguir haciendo licitaciones a la baja de la cuantía que luego ya se resarcirán con modificados", y es algo que él ha querido desterrar en una reunión con empresarios: "Les dije que les quedara claro que jamás íbamos a aceptar un modificado no ajustado a la ley de contratos y nunca iba a negociar con ellos".

El PP, por su parte, ha criticado que Soler haya incidido en los sobrecostes de 1.000 millones de euros y le ha preguntado si "no le da vergüenza repetir esa falacia" y este ha respondido que "lo que a alguien le debería dar vergüenza es decir que los problemas de Ciegsa han empezado en julio de 2015".

Además, ha indicado que frente a quienes decían que los centros iban a durar "70 años", ya se están reparando fachadas de centros construidos por Ciegsa y se ha mostrado convencido de que el plan Edificant "funcionará bastante mejor que estos nefastos 17 años de Ciegsa".

Ante las preguntas de los grupos de por qué se mantiene la empresa, prorrogada hasta 2020, ha señalado que no puede licitar obra nueva ni barracones nuevos, sino que gestiona los existentes cuando se producen daños y se ocupa de la actualización de todos los proyectos que estaban hechos en su momento: "Nos gustaría poder haber ya finalizado proceso de Ciegsa, sí, pero no tiene sentido que actuemos en contra de los intereses de los ciudadanos".

Reducción de barracones

Respecto a los barracones, ha destacado que desde julio de 2015 hasta la fecha se han reducido un 24%, pasando de 4.418 a 3.440, una disminución que sigue siendo "insuficiente", ha dicho, recordando también que no se puede acabar con ellos "con una varita mágica".

Ante las críticas del PP por haber firmado la prórroga de estas instalaciones en 2015, Soler ha señalado que lo hizo en su momento y lo ha seguido haciendo y lo volvería a firmar porque de lo contrario habría que haber levantado miles de barracones, obligar a los centros a sacar el material y que otra empresa los colocara: "Hubiera sido maravilloso para todos los centros, un insulto increíble". Además, ha indicado que se habría pasado de pagar 6 millones a unos 9 o 10, con lo que se optó por la prórroga y no una nueva licitación.

Sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha repasado la historia de esta relación y ha señalado que cuando accedió al cargo acudía a las reuniones "casi pidiendo perdón" por ser representante de la Generalitat y se consiguió "reconducirla".

"No soy juez"

En el último turno de la comparecencia, el diputado del PP José Juan Zaplana y el secretario autonómico han protagonizado los momentos más tensos de la sesión. Soler ya había criticado que desde el grupo popular se habrían referido a él como "caradura" y el 'popular' ha preguntado, después de que el responsable autonómico haya indicado que sólo ha acudido una vez a Ciegsa con la UCO, si ha sido "un gerente zombie", señalado que fue "el primer asesor ausente".

Soler ha indicado que no sabía que el objeto de la comisión se había ampliado a abordar su persona y su pasado como asesor y le ha espetado: "Si quiere saber lo que es un zombie no hace falta que vaya muy lejos, puede hacer una investigación muy cercana".

Ante la pregunta del 'popular' sobre si puede afirmar que hubo mordidas en Ciegsa, el dirigente ha indicado que no es juez y si hubo o no "lo determinarán los tribunales: "No juego a eso ni he jugado en mi vida".

Moragues asegura que había controles en Ciegsa

El exconseller de Hacienda y actual delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha afirmado este lunes que la empresa pública Ciegsa tenía los controles derivados de cualquier actividad pública, y se fiscalizó con auditorías privadas, informes de la Intervención y a través de la Sindicatura de Cuentas, y ha recordado que durante su etapa el objetivo fue "redimensionar y extinguirla", cuestionando que tres años después el Consell del Botànic no la haya extinguido, sino prolongado hasta 2020.

En 2013, ha recordado, la empresa "ya no tenía actividad" de construcción de centros, sino que se limitaba al equipamiento escolar, el mantenimiento de aulas prefabricadas y la actualización y gestión de proyectos, y el mandato era ajustar su tamaño al contexto, el reequilibrio patrimonial a través del saneamiento de sus cuentas y la extinción con su integración en EIGE, ya que "lo dice toda la sociedad valenciana a través de una ley".

"Han pasado tres años y seguimos en la misma situación, Ciegsa no se ha extinguido y se ha prolongado en la última ley de acompañamiento", ha dicho, al tiempo que ha señalado que el otro objetivo era eliminar los barracones y tres años después, "con 2.200 millones más de ingresos en caja del propio sistema de financiación, pagando menos de la mitad de intereses que se pagaban en 2014, Ciegsa sigue sin extinguirse y los barracones siguen existiendo". 

Según ha explicado, el anterior Consell pidió el informe necesario de Intervención para proceder a la extinción ya dispone de él y en mayo de 2018 "seguimos igual", por lo que considera que "los responsables deberán decir por qué".  

Durante su comparecencia también ha instado a "destruir la falacia" que supone decir que el endeudamiento es malo, dado que se trata de un recurso tanto para empresas públicas como privadas, y ha recordado que el objeto de Ciegsa era construir colegios y se levantaron 662: "La financiación se convirtió en colegios y en ellos los niños están estudiando, se hizo un esfuerzo muy importante por construir colegios".

Moragues no ha querido pronunciarse sobre los atribuidos sobrecostes y se ha remitido al informe del viceinterventor, que ya dio "las explicaciones y argumentos oportunos". "Otra cosa es la extrapolación irresponsable y temeraria por parte de dos responsables actuales del Consell", ha agregado.

Ha incidido en varias ocasiones en el control, tanto interno como a través de auditorías externas, de la gestión, con controles específicos añadidos derivados de la situación de crisis y de los mecanismos puestos en marcha para la reducción del déficit.

"Estoy encantado de comparecer, pero soy el número 47 que comparece, la realidad es que cuando estuve de conseller Ciegsa no construía y nosotros lo que hicimos fue ahorrar a la sociedad valenciana 3.500 millones de euros con esa racionalización del sector público", ha dicho, calificando como "juicio de valor" las referencias de los diputados a la ineficiencia de la empresa.

Según ha dicho, la Sindicatura de Cuentas avala sus palabras y "lo que es objetivo, es real, son los 662 colegios que ahí están, se pueden tocar, visitar".

Preguntado por si le consta que hubiera algún tipo de presión para favorecer alguna empresa, ha indicado que durante sus casi tres años al frente de Hacienda nunca ha tenido "ningún tipo de presión ni coacción", sino que su actuación ha sido "siempre libre". "Y no he conocido ningún ilícito porque lo hubiera puesto en conocimiento de la justicia", ha zanjado.