El Consell admite estar trabajando en una orden de calidad educativa, pero asegura que consistirá en un análisis diagnóstico para ver si se cumplen determinados parámetros
VALENCIA. El director general de Política Educativa, Jaume Fullana, ha negado que vayan a realizarse clasificaciones de colegios valencianos “y mucho menos en base a criterios ideológicos”. Por el contrario, habla de “evaluaciones muestrales de calidad educativa” recogidas en una orden, sobre la que todavía se trabaja, pero que verá la luz en los próximos meses. La alerta fue propiciada por la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa), desde donde “el propósito de creación de un ránking de afinidad en valores”, atendiendo a una serie de indicadores a los que Fullana habría hecho referencia. A saber, la implantación del pluriligüismo, inclusividad o concienciación medioambiental.
Al respecto, el director de Política Educativa insiste en que esto tiene que ver con las pruebas para evaluar al alumnado valenciano en todos aquellos ámbitos del conocimiento y competencias que no analiza el informe PISA, una medida ya anunciada por el conseller Vicent Marzà. Hace un mes, el titular del departamento de Campanar aseguró que el objetivo era obtener un “mapa real de la educación” para “mejorar el sistema y ver el resultado de las políticas educativas”. Ahora Fullana insiste en que todo esto se concretará mediante una orden, cuya finalidad “no es ningún momento clasificar”, sino “diagnosticar” la calidad educativa de los centros valencianos. Para ello, además, se determinará una muestra de centros que se someterán a los exámenes de manera selectiva.
No lo ve tan claro Fcapa. El presidente de dicha asociación, Vicente Morro, insiste en que son “ránkings por rendimiento”. “Qué casualidad que lo que antes era malo y consistía en etiquetar a los estudiantes, ahora pasa a ser muy positivo y útil”, argumenta. Al mismo tiempo alerta del riesgo de este “mapa de indicadores”, en tanto que cree que medirá “la distancia ideológica”, señalando centros de carácter privado o concertado como “más alejados”. Por el contrario, serán “los colegios más afines” los que destaquen por cumplir con los indicadores marcados por la Administración.
Otro de los miedos del sector concertado es que esta clasificación pueda afectar a otras decisiones. Cabe recordar que durante este mes se resolverá la lista de renovación de conciertos, para la cual Educación ha hecho tabula rasa. De este modo se acaba con la reválida automática en niveles no obligatorios y se establece un listado de criterios para negociar su mantenimiento. El miedo es que esos puntos tengan que ver con los que quiere diagnosticar Educación. “Eso ya sería lo último”, dice Morro. Aunque ambas medidas no coincidirán en el tiempo, los sectores no descartan su valor a futuro.
Otro de los frentes que tiene abiertos Vicent Marzà tiene que ver con José Cholbi. El Síndic de Greuges de la Comunitat insiste en que la Conselleria emita una respuesta a la resolución que él mismo emitió, a raíz de una queja interpuesta por la Mesa de la Educación en Libertad, por lo que esta entiende como “discriminación” de centros concertados en el arreglo escolar. De hecho, el defensor del pueblo valenciano da a la administración un plazo a modo de ultimátum: disponen de 15 días para contestar o “dará cuenta de su actitud en el próximo informe anual que se presente en Les Corts”.
En la resolución mentada, y tras escuchar a las partes, el Síndic sugería a la Generalitat “promover las actuaciones necesarias para la aplicación estricta de la legislación vigente respecto a la creación y/o supresión de unidades en los centros privado-concertados, desterrando el criterio de subsidiaridad de la enseñanza privado-concertada respecto a la escuela pública”. Se trataba de una alerta en toda regla referente al “arreglo escolar” para el próximo curso 2017/18, que llegará a lo largo de este próximo semestre.