El conseller de Economía, Rafael Climent, y el subsecretario de la Conselleria, Natxo Costa. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La sanción de 43.000 euros de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a mercantiles vinculadas al hermano de Ximo Puig y sus socios ha provocado un enfrentamiento soterrado entre Compromís y el PSPV. Aunque éste no ha sido a través de declaraciones públicas, el choque se percibe en otros gestos. El más evidente ha sido una serie de preguntas registradas por los socialistas en Les Corts Valencianes dirigidas a la Conselleria de Economía que lidera la coalición, con Rafael Climent al frente y que ahora han sido respondidas.
El expediente que acabó en multa fue conocido el pasado enero. El objetivo de Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Visualiza –la primera de ellas administrada por Francis Puig y las dos siguientes por la familia Adell Bover– era ganar varios lotes de corresponsalías de À Punt con un acuerdo en las ofertas. Así, presentaron propuestas idénticas al alza y en cada contrato pujaba una a la baja para que todas las firmas resultaran beneficiadas de ese concurso.
Las intenciones fueron advertidas por la propia radiotelevisión valenciana –los contratos no llegaron a firmarse–, que lo puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y ésta, a su vez, lo trasladó al órgano autonómico –adscrito a la Conselleria de Economía–. El expediente se inició en octubre de 2019 ante posibles incumplimientos de la ley de Contratos del Sector Público y se resolvió con la citada sanción al declarar acreditada una infracción muy grave constitutiva de cártel en el ámbito de la contratación pública.
El pasado abril, el PSPV preguntó si el expediente únicamente se inició para estas empresas. En el escrito presentado en el Parlamento autonómico por la diputada Rosa de Falastín Mustafà, señalaba que la información aportada por À Punt a la CNMC relativa a conductas que podrían ser contrarias a la ley de Defensa de la Competencia mencionaba a siete mercantiles (no sólo a las cuatro sancionadas).
Motivo por el que preguntaban: ¿A cuántas de ellas se les inició expediente sancionador desde la Conselleria?; ¿sobre qué empresas se solicitó información a la radiotelevisión valenciana y de qué tipo?; ¿qué empresas fueron requeridas para que aportaran documentación y de qué tipo?; y, en caso de no haber iniciado expediente sancionador a alguna de esas siete empresas, ¿cuál es la causa y qué órgano ha dictado la resolución correspondiente?
En la respuesta, firmada por Rafael Climent, se exponen las empresas sobre las que se pidió información a À Punt –las que finalmente resultaron multadas– y la documentación concreta que se les requirió. Respecto a la procedencia de incoar el expediente, la Conselleria explica que se hizo de acuerdo a un informe de fecha del 15 de marzo de 2019 de Competencia.
En él constaban siete empresas que habían presentado ofertas idénticas o casi idénticas para los lotes de corresponsalías. Entre ellas, las de Francis Puig y los Adell Bover. Pero destacaba que era en sus ofertas en las que se detectó un patrón de rotación sobre los mismos precios en tres lotes cuando "los precios son libres y no hay motivo para que se repitan dichas ofertas". En el caso de otras mercantiles, concluyó que no existiría acuerdo.
"A la vista de la información disponible se considera que, en el caso de que la conducta referida entrara en los supuestos establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, el mercado geográfico se limitaría, en principio, a la Comunidad Valenciana", señalaba en informe.
En consecuencia, concluía que se cumplían los requisitos establecidos y que el órgano competente para llevar a cabo actuaciones en este sentido era la subsecretaría de la Conselleria de Economía, dirigida también por Compromís y la que abrió el mencionado expediente.
