FOTO: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Economía creará una entidad pública para gestionar el servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana una vez finalice la concesión en 2022. El objetivo es que el futuro ente se encargue de la nueva red de estaciones, aplique las nuevas tarifas del servicio y gestione la relación de puestos de trabajo.
Para iniciar el proceso de reversión, la dirección general de Industria, Energía y Minas, dependiente del departamento que dirige Rafa Climent, ha licitado un concurso para la elaboración del informe que servirá de hoja de ruta para el regreso a la gestión pública del servicio de la ITV, tras 25 años de concesión. El documento establecerá las normas y condiciones que regirán las actuaciones a realizar, así como la cronología y el coste económico previsto para las arcas públicas. Aunque será una empresa la que definirá el camino a seguir, Economía esboza en el pliego de condiciones las pautas que debe seguir ese modelo y que incluyen la creación de esta nueva empresa pública.
Actualmente, la Comunitat Valenciana cuenta con un parque de 25 estaciones fijas de ITV, seis estaciones móviles y siete unidades móviles, distribuidas en las tres provincias. Las estaciones se agrupan en siete lotes distribuidos por zonas geográficas, un régimen de exclusividad territorial para cada uno de los siete empresas concesionarias que hoy en día prestan el servicio de ITV.
Sin embargo, la Generalitat Valenciana no quiere prorrogar la concesión, sino devolver el servicio a la gestión pública como así se plasmó en el Acord del Botànic para esta segunda legislatura. "Trabajaremos para retornar a la gestión pública directa el servició de la ITV, con total prioridad de salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la mejora en la calidad del servicio, la rebaja de las tarifas para las personas usuarias y una gestión transparente y eficiente", recoge el documento de gobierno firmado por PSPV, Compromís y Unides Podem, los tres partidos que forman el ejecutivo valenciano.
En esta misma línea se pronunciaba en septiembre del pasado año el conseller Climent, quien ya avanzaba la intención de su departamento de tener cerrada en 2020 las líneas a seguir para iniciar el proceso. "Creo que si todo va bien, en 2020 tenemos que tener la hoja de ruta cerrada para que en 2021 podamos ya ejecutar", subrayaba.
Así, Industria encarga el diseño de un documento que recoja, entre otras cuestiones, el modelo de red de estaciones de ITV, las actuaciones para poner en marcha el servicio y la creación de un ente público que gestione ese futuro modelo. Según señala el pliego de condiciones del concurso, la adjudicataria deberá definir la naturaleza jurídica del futuro ente que gestionará la ITV en la Comunitat Valenciana y que contará con una estructura orgánica y jerárquica definida.
Para la puesta en servicio de ese órgano gestor y la nueva red de estaciones, Economía emplaza a definir las condiciones para el adecuado funcionamiento de la empresa pública y la correcta prestación del futuro servicio. Para ello, la empresa adjudicataria deberá proponer las alternativas para una eficiente gestión y diseñar un modelo de estación piloto donde comenzar a implementar el nuevo sistema de gestión para poder extenderlo con garantías de funcionamiento al resto de enclaves al finalizar la concesión. También se deberá fijar el coste de la implementación de las actuaciones para la constitución del órgano gestor y del nuevo sistema de ITV.
Uno de los puntos más importantes será definir la red deseable de estaciones que permita prestar el servicio facilitando el acceso a la ciudadanía. Para ello, Economía plantea un análisis de la red actual de estaciones de ITV, definiendo un mínimo de establecimientos que deberán construirse para que el servicio "resulte eficiente y rentable económicamente de modo que al menos el 90% de los vehículos de la Comunitat Valenciana encuentren servicio de ITV con desplazamientos menores a 30 minutos". Y fija como objetivo "reducir al mínimo la utilización de ITV móviles proponiendo la existencia de estaciones temporales".
De este modo, encarga a la compañía que se adjudique la elaboración del documento que para las estaciones fijas establezca un mapa con las ubicaciones y el número de nuevos enclaves necesarios, así como una programación para su puesta en servicio, detalle sus condiciones de funcionamiento y la relación de puestos de trabajo y organización jerárquica y fije un horario de trabajo.
En el caso de las estaciones móviles establece una propuesta alternativa a la ya existente en la que se aclare, de la misma manera que en el caso anterior, sus ubicaciones, programación, condiciones de funcionamiento y horarios de trabajo. Además, se propondrá la organización en la Comunitat de la inspección de vehículos agrícolas y ciclomotores, incluido el coste derivado de la implementación de las mismas como son su funcionamiento y dependencia.
Una vez definidas las condiciones, encomienda la redacción de unas tarifas a aplicar por el órgano gestor y un análisis de la cuenta de explotación y balance de este futuro ente con una proyección a diez años.
Una de las incógnitas es qué pasará con los 1.200 trabajadores que actualmente trabajan en alguna de las siete concesionarias que prestan este servicios en la Comunitat, cada uno de ellos sujetos a convenios laborales y sueldos diferentes. Con el fin de resolver este enigma, se pide un estudio detallado de los compromisos laborales asumibles y los que no lo sean en cada estación y considerar al personal cedido por el antiguo Sepiva, actual Ivace. También, una relación de puestos de trabajos y funciones y organización por cada estación. De hecho, hace unos meses Economía pidió a la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova) información sobre el número de empleados y salarios para iniciar el proceso de reversión.
Una asociación que advertía del posible "colapso en el servicio" ante la falta de un protocolo de actuación para poder contratar personal y acometer las inversiones necesarias para el adecuado funcionamiento de sus instalaciones al ser necesaria desde enero de este año una autorización de la Conselleria para acometer estas actuaciones. Y es, de acuerdo con los pliegos del contrato concesional que estableció la Generalitat con las empresas que prestan el servicio de ITV, tres años antes que finalice la concesión es obligatorio el visto bueno de la Conselleria de Economía para ejecutar cualquier tipo de sustitución, modificación, reparación, ampliación y, en general, instalación y puesta en funcionamiento de cualquier medio material. Una medida con la que probablemente se pretenda controlar los costes futuros del servicio una vez finalizada la concesión, concretamente los gastos de personal -lo previsible es que la Generalitat se subrogue en los derechos laborales de la plantilla- y de amortizaciones.
Finalmente, la entidad licitadora presentará en su oferta una propuesta de Plan de Trabajo en la que indicará las tareas y actividades para la emisión del informe, las herramientas utilizadas y las metodologías que se llevarán a cabo para dar cumplimiento al objeto del contrato con los requisitos exigidos y que formará parte de los criterios de valoración de la propuesta. Además, durante el proceso de realización del informe sobre las actuaciones para la reversión de la prestación del servicio de ITV, la empresa contratista estará obligada a prestar asesoramiento y asistencia en todos aquellos aspectos que conforman el objeto del contrato.
