ALICANTE (AP/EP). Esquerra Unida (EU), que ejerce la acusación particular en la causa derivada del caso Brugal referente al posible amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz solicita diez años de prisión y 16 de inhabilitación para los ex alcaldes de la ciudad, Luis Díaz Aperi y Sonia Castedo, ambos del Partido Popular (PP). En su escrito de acusación, EU (representada por el abogado y coordinador local de la coalición, José Luis Romero), les considera responsables de un delito continuado de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Para el empresario Enrique Ortiz, la coalición de izquierdas pide 13 años de prisión por, supuestamente, aprovecharse de información privilegiada y por un delito continuado de cohecho y otro de tráfico de influencias.
Este es el primer escrito de acusación que trasciende sobre esta rama despiezada de Brugal, para la que se señalará fecha de juicio, una vez se hayan presentado el resto de escritos de calificación por parte del Ayuntamiento de Alicante, que también ejerce la acusación, y de la Fiscalía Anticorrupción. En el escrito presentado ahora, EU considera que el empresario Enrique Ortiz fue "la figura más relevante de los hechos objeto de la acusación" y quien utilizó a los políticos señalados para conseguir decisiones favorables a sus intereses económicos, siempre relacionadas con el ámbito competencial de las autoridades y servidores públicos de las Administraciones. Asimismo, continua el escrito, Ortiz agasajó con todo tipo de dávidas, primero, al entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, al que también hizo aportaciones económicas (los denominados bocadillos), y posteriormente, a su sucesora, Sonia Castedo.
LA COALICIÓN SOLICITA QUE LOS ACUSADOS RESPONDAN SOLIDARIAMENTE POR SU RESPONSABILIDAD CIVIL CON EL PAGO DE UNA COMPENSACIÓN DE 1.339.000 EUROS AL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
En el escrito también se solicitan penas de prisión para el resto de acusados, además de Alperi, Castedo y Ortiz. Así, para el despacho de Salvetti, encargado de gestionar las alegaciones al PGOU, y regentado por los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, se solicitan ocho años de prisión, además de multa al considerarles responsables de los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Al empresario ilicitano Ramón Salvador se le piden cuatro años de cárcel y a los trabajadores de Enrique Ortiz, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico, dos años y medio cárcel, por cohecho. Estos tres últimos están considerados como los autores materiales de las entregas de dinero en metálico a Alperi, los denominados bocadillos, como coloquialmente se refieren los implicados en las escuchas del caso Brugal.
Además, el escrito considera que los acusados deben responder civilmente de forma solidaria y hacer frente al pago de una compensación al Ayuntamiento de Alicante por los daños ocasionados al interés público. Según EU, ese perjuicio acreditado asciende a 1.339.249 euros.
Por lo que respecta a las pruebas solicitadas durante el desarrollo de la vista oral, EU plantea una larga lista de testificales de profesionales y técnicos municipales que, de algún modo, tuvieron participación en la revisión del planeamiento. Entre ellas, se solicita la declaración del director del equipo redactor de la revisión del PGOU, Jesús Quesada, inicialmente también investigado en las diligencias. También la del urbanista Lluis Cantallops, a quien se había encomendado en un principio la redacción del nuevo diseño urbanístico de la ciudad. La lista incluye al exdirector general de inversiones inmobiliarias de la extinta CAM, Daniel Gil, y a su exdirector general de la caja, Roberto López Abad.
En dicho escrito, de 41 páginas, EU se centra en Ortiz, Alperi y Castedo, los tres acusados "principales de la trama", a quienes considera autores "intelectuales y materiales" de los delitos imputados, que tenían como objetivo "conseguir un PGOU que favoreciera los intereses del acusado Enrique Ortiz" y de otros investigados en la causa. Así, desgrana los distintos cargos que se imputan a los acusados, en base a los informes policiales derivados de la investigación del caso Brugal, en los que "se pone de manifiesto la influencia ejercida" por Ortiz sobre Castedo y Alperi y sobre funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, para que el empresario pudiera "imponer sus intereses" en la confección del PGOU.
En ese sentido, el escrito relata que durante la redacción del PGOU, "con el consentimiento del alcalde Díaz Alperi" y "a través" de la entonces concejala de Urbanismo y posteriormente alcaldesa, Sonia Castedo, el empresario Enrique Ortiz "conoce las determinaciones del planeamiento que se elaboran e influye en la plasmación sucesiva de las mismas a favor de sus intereses".
Según la acusación ejercida por EU, los acusados Díaz Alperi y Sonia Castedo entregaron planos de revisión del PGOU a Ortiz, antes de que se expusiesen al público, y las dos aprobaciones provisionales del PGOU. Al respecto, la acusación recoge hasta ocho situaciones en las que el Ayuntamiento dirigido por Alperi primero y por Castedo después benefició al empresario en la confección del PGOU de la ciudad.
Dichas situaciones hacen referencia a la tasación de suelo rural de los parques naturales en zonas donde Ortiz tenía intereses, con criterios distintos a los que establece el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), de manera que dichas tasaciones se ajustaron "a las conveniencias de los acusados Enrique Ortiz, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo", según indica el escrito.
En otros casos, como el de las Lomas del Garbinet, en el PGOU inicial de 2004 aparecían como suelo no urbanizable, pero tras la revisión del mismo estos terrenos, sobre los que Ortiz tenía intereses a través de la empresa Inmovist Inversiones Inmobiliarias SL, "aparecen como urbanizables", y al respecto el escrito de la acusación particular hace referencia a una reunión entre el empresario, el arquitecto municipal Jesús Quesada y la exalcaldesa Sonia Castedo "previamente a la exposición pública, incluso antes de la presentación del primer documento del PGOU en revisión".
A dicha reunión, según indica el escrito, le siguió una llamada telefónica intervenida por la Policía entre Castedo y Ortiz, en la que ésta le dice al empresario: "Te hemos apañado lo que hay entre el APA 9 y Lomas del Garbinet", según recoge la calificación provisional de la acusación particular.
Otra de las situaciones en las que se denuncia el intento de beneficiar al empresario es la relativa a la recalificación del entorno del estadio Rico Pérez, intento que la acusación particular tilda de "realmente extravagante en términos de técnica urbanística". Así, el escrito de acusación considera que la recalificación del suelo del entorno del estadio y su adquisición por parte de la empresa de Ortiz, Aligestión Integral "vino determinada por el compromiso de su ulterior recalificación por parte de las entonces autoridades municipales", y al respecto asegura que "de ello dan cuenta múltiples conversaciones intervenidas al empresario".
Otra de las situaciones en las que el Ayuntamiento presuntamente benefició al empresario o en la que éste supuestamente obró para obtener un beneficio ilícito son la recalificación de suelo de El Saladar, junto al parque natural de Aguamarga, que fue "objeto de una operación especulativa liderada" por Ortiz, quien conocía que tales suelos serían objeto de reclasificación a urbanizable "bajo auspicio del alcalde Díaz Alperi", según recoge el escrito.
En el caso del sector Torres de la Huerta, el escrito de la acusación establece que en dicha zona "el acusado Enrique Ortiz tiene importantes propiedades, las influencias van en la dirección de incrementar el aprovechamiento y disminuir la superficie de Parque Natural adscrito, así aumenta el rendimiento edificatorio del sector, mientras disminuye el aprovechamiento a repartir proveniente de los Parques Naturales".
Así mismo, también se recogen irregularidades en la clasificación del sector del Pla de Xirau, en Fontcalent y en el de Rabassa, siendo ésta última una de las partes del caso que más trascendieron al ser el lugar donde se proyectaba la instalación de la multinacional del mueble Ikea.
Al respecto, la acusación particular considera que lo acordado en el sector de Rabassa "por mor de la influencia ejercida por el señor Ortiz, fue que el Plan General en revisión recogería lo relativo a la ubicación de un Centro Cívico en el sector a la medida de lo pactado entre Ortiz e Ikea".
Ante todo lo anterior, la acusación ejercida por EU adjunta al escrito un informe de los servicios técnicos municipales que cuantifican en 42.100.911 euros la diferencia del valor de suelos participados por Ortiz en los sectores de Torres de la Huerta, Fontcalent, Saladares y Lomas del Garbinet, entre el momento anterior a la revisión del PGOU de 1987 y el de la aprobación provisional del 31 de mayo de 2010.