ALICANTE (EFE).- Dos técnicos de la Concejalía de Comercio de Alicante han atribuido este lunes al asesor Pedro de Gea las contrataciones que este departamento a finales de 2016 por las que está investigado junto al jefe de gabinete de alcaldía, Eduardo Díez, y el propio alcalde, Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE), según fuentes jurídicas.
Estos funcionarios y otros cinco trabajadores municipales adscritos al mismo departamento han prestado declaración como testigos ante la titular del Juzgado de Instrucción 9 de la ciudad, María Luisa Carrascosa, encargada de las pesquisas.
Tanto un técnico encargado de dinamización comercial como la jefa del departamento comercial de la concejalía han explicado a la magistrada que no tuvieron conocimiento ni intervinieron en los 25 contratos bajo investigación hasta su adjudicación.
Ambos han señalado que era el asesor Pedro de Gea quien se encargó de estas adjudicaciones, pues era la persona que tomaba este tipo de decisiones al ejercer funciones propias del concejal, según las fuentes consultadas.
La juez investiga si Echávarri, que también ejercía en esa época como concejal de Comercio, De Gea y Díez incurrieron en un delito de prevaricación al fraccionar, presuntamente, 25 contratos por un importe total próximo a los 190.000 euros para la promoción del comercio local en la última campaña navideña. Las supuestas irregularidades fueron denunciadas por los grupos municipales del PP y Ciudadanos (C's), y tanto el alcalde como sus dos asesores declararon como investigados (antes imputados) el pasado 6 de octubre.
Los tres negaron entonces haber incurrido en un delito de prevaricación, ya que sostienen que las adjudicaciones podían realizarse a través de contratos menores sin necesidad de recurrir a un concurso público al no formar parte de una misma "unidad funcional".
La magistrada ha tomado declaración esta lunes a siete técnicos de la Concejalía, cuatro de ellos adscritos a diferentes mercados municipales, para conocer su intervención en estos expedientes.
Dos de estos funcionarios han explicado que ellos habrían agrupado algunos de estos servicios en bloques de contratos, a diferencia de lo que hicieron los responsables de la concejalía, como los referidos a los mercados municipales o los relativos a la llamada Gala de Comercio.
De hecho, ese último evento fue adjudicado en un único contrato a través de un convenio en la edición de 2015.
La juez tiene previsto interrogar el próximo jueves a otros cinco testigos, en este caso responsables de agencias de publicidad y medios de comunicación, y el 6 de noviembre hará lo propio con otra decena de proveedores de la concejalía.