Foto: EFEVALÈNCIA (AP/EP). El Fiscal Jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha presentado su dimisión este miércoles después de conocerse que se administró la primera dosis de la vacuna el pasado 11 de enero saltándose el orden establecido por el Ministerio de Sanidad y las listas de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
Cuesta habría solicitado su renuncia a la Fiscalía General del Estado alegando "motivos personales" tras la polémica de la vacuna. Una baja que este miércoles ha confirmado la Fiscalía a través de un comunicado de prensa: "Tras constatar el incumplimiento por parte del Fiscal Jefe de Castellón, José Luis Cuesta, de lo dispuesto en la Estrategia de vacunación Covid-19 en España, aprobada por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y ejecutada por las Comunidades y Ciudades Autónomas, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha aceptado la renuncia del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón, quien ha alegado para ello motivos personales".
José Luis Cuesta fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón en noviembre de 2012, en sustitución de Javier Carceller, y fue reelegido en el cargo cinco años después, en enero de 2018.
Recientemente ha trascendido que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió trasladar a la fiscal superior de la Comunitat Valenciana y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) supuestas injerencias de Cuesta, denunciadas por la Junta Sectorial de Jueces de los Juzgados de Instrucción de Castellón.
Por su parte, la Comisión Permanente del CGPJ, en la sesión celebrada el 23 de julio de 2020, tomó conocimiento del acuerdo adoptado por el TSJCV en relación a la Junta de Jueces de Castellón, sin que haya trascendido si ha adoptado alguna decisión.
La renuncia de José Luis Cuesta es la segunda que se produce este miércoles en la Comunitat Valenciana por el mismo motivo, ya que la concejala de Sanidad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Dénia (Alicante), Cristina Morera (PSPV), ha comunicado que ha presentado su dimisión "irrevocable" después de hacerse público que se vacunó el pasado 12 de enero contra la Covid-19 por no "desperdiciar" la dosis.
Según esa estrategia de vacunación elaborada por el Ministerio de Sanidad en diciembre, se hacía imprescindible generar un sistema de priorización dado que el número de dosis en un primer momento no abarca a toda la población. Así, en el documento estratégico proponían un modelo mixto de criterios para esa priorización, teniendo en cuenta que existe igualdad en dignidad y derechos. "Todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es igualmente digno y socialmente útil", decía el texto.
Y remarcaba que quedaban prohibidas establecer prioridades en el acceso a las vacunas basándose únicamente en características tales como raza, etnia, religión, sexo, edad, nacionalidad, origen, discapacidades, condición económica o social y otros. En el baremo a la hora de decidir que los primeros en ser vacunados debían ser los ancianos en residencias y los sanitarios, se incluían principios como el de necesidad, equidad, protección de personas en situación de vulnerabilidad, beneficio social y reciprocidad.
También se tuvieron en cuenta criterios como el riesgo de morbilidad grave y mortalidad, el riesgo de exposición en entornos donde circula el virus, el riesgo de impacto social o económico negativo, o el riesgo de transmitir la infección a otros.
