Foto: EFEVALÈNCIA. En una operación policial contra la corrupción, la Unidad de Delicuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha detenido esta mañana al presidente de la Diputación de València y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, por un caso relacionado con Divalterra, la antigua Imelsa, según ha desvelado Valencia Plaza.
Junto a Rodríguez la Policía ha efectuado diversas detenciones: Ricard Gallego, jefe de gabinete del presidente de la Diputación; Manolo Reguart y Jorge Cuesta. Se está registrando la sede de la empresa pública, en tanto que se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección de Divalterra.
La operación se basa en la denuncia presentada por parte de un partido político en la Fiscalía Anticorrupción, en la que se aseguraba que se había contratado a una decena de cargos de dirección de la empresa pública Divalterra, saltándose toda la normativa de contratación pública y sin ningún tipo de informe técnico que avalara dichas contrataciones.
Ciudadanos ha anunciado esta mañana que entregó la documentación y puso la denuncia al respecto en Anticorrupción. En efecto, la situación provocó denuncias de los partidos políticos, pero en todo caso, se sumó a una investigación ya en curso.
El Juzgado de Instrucción número 9 de València coordina la llamada operación Alquería por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia.
El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en las viviendas particulares de Jorge Rodríguez y de otras personas investigadas.
El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.
En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
La operación anticorrupción desarrollada en València y Ontinyent ha permitido detener, además de al presidente de la Diputación provincial, el socialista Jorge Rodríguez, a los directores gerentes en Divalterra, Javier Simó (del PSPV) y Agustina Brines (de Compromís), y al secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda.
Rodríguez, sus dos asesores -uno de ellos su jefe de gabinete, Ricard Gallego- y Cuerda pasarán previsiblemente el próximo viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que ha coordinado la operación Alquería desarrollada desde las 7.30 horas en València y en Ontinyent (municipio del que es alcalde Rodríguez), según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Jorge Rodríguez ha sido escoltado por la Policía este mediodía hasta el Ayuntamiento de Ontinyent, donde es alcalde, para proceder a un registro.
El juzgado investiga irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra y se han practicado registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes del Ayuntamiento de Ontinyent, la sede social de Divalterra y viviendas particulares de los detenidos.
El presidente de la Diputación de Valènncia pasará a disposición del juez instructor de la causa previsiblemente el próximo viernes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Está previsto que Rodríguez, sus dos asesores y el secretario-letrado asesor pasen el viernes a disposición del Juzgado instructor.
En el marco de este operativo, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra (antigua Imelsa). El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en cuatro viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros tres investigados.
El tribunal avala la contratación de personas afines a los partidos en puestos públicos y sostiene que no hubo malversación porque los directivos cumplieron con sus funciones
