Foto: RICARDO RUBIO/EPVALÈNCIA (EP). La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha comunicado a las asociaciones de fiscales que en los próximos días llegarán a las diferentes sedes del Ministerio Público equipos de protección frente al coronavirus y se ha comprometido a que la reincorporación al trabajo presencial se hará de forma escalonada, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias y primando siempre la seguridad de la plantilla.
Así se lo anunció Delgado a la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) durante la reunión que mantuvieron este martes por videoconferencia y en la que los tres colectivos expusieron sus demandas de cara a lo que queda de estado de alarma y también a la fase de desescalada.
Según han explicado las asociaciones, la fiscal general se mostró favorable también a implantar el sistema de 'doble click' en la recepción de las notificaciones telemáticas a las fiscalías, como medida para agilizar los procedimientos en la vuelta a la normalidad.
Las tres asociaciones solicitaron de nuevo la derogación urgente del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que una vez que se reactiven los plazos procesales va a ser más difícil el control de los plazos de instrucción previstos en ese precepto y "mayor el riesgo de impunidad", tal y como valora la UPF. En este sentido, y también en cuanto a la posibilidad de refuerzos en las fiscalías, Delgado se remitió a lo que se pueda acordar el Ministerio de Justicia.
Según la AF, la fiscal general también les comunicó que los alumnos de la 58 promoción de fiscales, todavía en periodo de prácticas, finalizarán las mismas cuando se levante el estado de alarma, ya sea en el lugar donde las venían prestando o en el de su residencia.
Entre las propuestas de Delgado para volver a la normalidad, se deslizó la posibilidad de habilitar una quincena de agosto para la celebración de juicios. Desde APIF, dudan de la idoneidad de esa opción, ya que la consideran poco realista, y resaltan que es "preocupante" el hecho de que a 21 de abril no se tenga claro si en agosto se trabaja, qué quincena exacta se haría o si funcionarios y demás actores dejarán de disfrutar de vacaciones.
Además, recuerda que la ausencia de testigos va a hacer "imposible" celebrar juicios en periodo vacacional, por lo que, en su opinión, se trata de una medida "de cara a la galería" que no solventará el colapso en la Administración de Justicia cuando se inicie la desescalada.
Sin embargo, para la UPF, las circunstancias actuales sí hacen "necesario" que todas las jurisdicciones habiliten el mes de agosto para la práctica generalizada de actuaciones, lo que determinaría que la distribución de las vacaciones entre los fiscales fuera "equitativa para que en todos los meses de verano existiera un número suficiente de profesionales para atender a todos los señalamientos y demás actuaciones".
Durante la videoconferencia, esta misma asociación se quejó ante Delgado acerca de que se han registrado "situaciones difícilmente asumibles dado que no se está procediendo al nombramiento de sustituciones externas para cubrir bajas y licencias". Según explicó, "la situación es grave en algunas fiscalías y se agravará de cara a la reactivación de la tramitación procesal", por lo que pidió que se proceda al "nombramiento de sustitutos no sólo para tales casos, sino que también se potencien las sustituciones internas y externas como medida para abordar la situación".
A este respecto, la AF también reclamó que la Fiscalía General "concrete las medidas de sustitución y refuerzos que serán necesarias para hacer frente a la más que previsible avalancha de causas y señalamientos penales pendientes" al reanudarse la actividad.
Este mismo colectivo solicitó a Delgado que concrete el decreto que publicó el lunes pasado, específicamente en lo que respecta a la petición a los fiscales para que durante el estado de alarma den prioridad a "procedimientos en los que se aprecie un interés público o social".
En otro orden de cosas, la UPF instó a que se modifique el decreto de 2015 sobre las notificaciones electrónicas al Ministerio Público para que la fecha de recepción de los actos de comunicación que se practiquen por medios electrónicos coincida con el momento en que el fiscal asignado lo tenga a su disposición y que hasta el 31 de diciembre de este año la fecha de recepción no pueda ser superior a diez días naturales desde su descarga automática en la oficina. También ve necesaria una "racionalización de las notificaciones" que se envían a las fiscalías.
En cuanto al decreto del estado de alarma, en el que se prevé que se evitará cualquier tipo de actividad presencial de "los fiscales con necesidades de conciliación de la vida personal y familiar suficientemente acreditada por tener a su cargo menores de edad o mayores dependientes y se vean afectados por el cierre de centros educativos, de mayores o de atención especializada", la UPF sugiere que "podría hacerse una distribución de trabajo".
Así, propuso que en las semanas en la que se prevé que la actividad escolar y de los centros de asistencia y de apoyo no se haya retomado, "las actuaciones presenciales sean atendidas por los fiscales que no tengan esas responsabilidades o no tengan posibilidades de atenderlas, sin perjuicio de los derechos de las personas afectadas, compensando esa atención con una mayor participación de los primeros en actuaciones que se puedan despachar a distancia y que no requieran asistencia presencial".
