Extrabajadres de RTVV. VALÈNCIA. Los escollos judiciales para reabrir la nueva radiotelevisión valenciana parecen no tener fin. Y todo pese a que la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2013 parecía finiquitar cualquier conflicto laboral. Este tribunal declaró el pasado mes de enero que el ERE aplicado a todos los contratos de la plantilla de la antigua RTVV fue ajustado a derecho. Sin embargo, el recurso interpuesto por CGT ante el Tribunal Supremo podría reabrir otro problema laboral y económico para el Consell en caso de que este miércoles el Alto Tribunal no ratifique la decisión de la AN.
Una resolución -la del Supremo- que, sea cual sea, esperan desde hace unos meses cerca de un centenar de extrabajadores de la extinta RTVV para poder cobrar las indemnizaciones reales que ya tienen concedidas por sentencia judicial, en estos casos por demandas individuales. El motivo es que en la antigua radiotelevisión pública había gran cantidad de personas contratadas bajo una categoría profesional distinta del trabajo que realizaban. La mayoría de los afectados tenían categoría de guionistas y desempeñaron durante años funciones de periodistas, cuyo salario es sustancialmente mayor. Concretamente, la diferencia suponía unos 6.000 euros anuales más.
Estos extrabajadores cobraron en su día los 37 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades que fijaba el acuerdo del segundo ERE aplicado por el gobierno popular de Alberto Fabra. Pero lo hicieron con una categoría profesional que no se adecuaba a la desempeñada en la fundida a negro Canal 9.
Por este motivo, decenas de ellos presentaron un recurso ante los juzgados de lo social para requerir que se les abonasen las indemnizaciones calculadas en base a lo que deberían haber percibido por las tareas reales que relizaron y no lo por las que recibían por la categoría que fijaban sus contratos. Una demanda que la justicia aceptó, ya que consideró acreditado que durante su vida laboral en RTVV llevaron a cabo funciones de periodistas.
No obstante, y a pesar de haber visto reconocido este derecho, las indemnizaciones estaban suspendidas de pago hasta que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre la nulidad del ERE. La fecha prevista para el fallo es este miércoles, 18 de octubre.
En caso de que el Supremo ratifique el fallo de la Audiencia Nacional, RTVV SAU, sociedad que explotaba la televisión y radio públicas, deberá abonarles las cantidades a que fue condenada.
Los abogados defensores de estos extrabajadores aventuran que el Supremo "muy probablemente" volverá a declarar el ERE legal basándose en los dos argumentos principales que utilizó la Audiencia Nacional para tumbar el recurso de CGT: que la ley que aprobó el PP en 2013 para cerrar RTVV era legal, tal y como reconoció el Tribunal Constitucional, y que fue un acuerdo adoptado por la mayoría de la plantilla del antiguo ente.
Así, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) defiende a seis personas en esta situación y, según ha podido saber Valencia Plaza, otra decena de exempleados contrataron los servicios del abogado laboralista y ex delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Ricardo Peralta. Sin embargo, CSIF no es el único sindicato que defendió a empleados en esta misma coyuntura. También lo hicieron Comisiones Obreras, UGT y USO, aunque este periódico no ha podido confirmar la cantidad de extrabajadores afiliados a estos sindicatos inmersos en esta situación.
Ahora bien, a la espera del pronunciamiento del Supremo, los abogados consultados por este diario no se aventuran a realizar una estimación de lo que supondría el abono de estas indemnizaciones. La variedad y singularidad de los diferentes casos -los hay que trabajaron 10 años y otros que apenas fueron empleados durante dos- hace muy complicado prever la cantidad que finalmente deberá desembolsar RTVV, tras los 86 millones pagados por el ERE.
Sin embargo, sí coinciden en que el coste sería de miles de euros para la administración. Si un guionista cobraba 1.000 euros netos mensuales (15 pagas), la diferencia salarial con un periodista sería del 50%, ya que el de los periodistas era de 1.500 euros netos mensuales.
Ante este escenario, conviene señalar que desde finales de 2015 y para hacer frente a situaciones como esta, RTVV SAU cuenta con una dotación para posibles indemnizaciones a trabajadores por demandas laborales diferentes de la del expediente de despido colectivo de 3,8 millones de euros.
La coyuntura, en caso de que el Supremo no ratificara la sentencia que dictó la Audiencia, dibujaría una situación aún peor para la Generalitat valenciana. La hipotética consideración del ERE como improcedente, como sucedió en Telemadrid, supondría un desembolso mayor para las arcas públicas valencianas. Aunque no habría readmisión de los extrabajadores, sí que disfrutarían de una indemnización de 45 días por año trabajado -condiciones del Estatuto General de los Trabajadores hasta 2015-, y no de 37 como se pactó con los sindicatos -excepto con CGT- el año del cierre.
También cabe otra tercera posibilidad: que se considere que el ERE fue nulo y se tuviera que readmitir a los 1.600 trabajadores abonándoles los salarios de tramitación con un coste estimado para la Generalitat de más de 100 millones de euros.
El caso de los guionistas, sin embargo, no es aislado. Existen otros exempleados que fueron contratados en una categoría y, posteriormente, realizaron funciones de otra superior. A estos, también los juzgados les ha dado la razón. Si bien las diferencias salariales entre una y otra no eran tan significativas como en el caso de los guionistas. El enredo jurídico de la antigua RTVV parece no terminar nunca.
