MADRID (EP). El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido el procedimiento de resolución y posterior venta de Popular a Santander, dado que la alternativa habría sido un concurso de acreedores, lo que habría generado "incertidumbre" en los depositantes. El titular de Economía ha señalado durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso para explicar la venta del banco Popular a Santander que en España más de un millón de hogares eran depositantes de la entidad y que para ellos haber acudido a un concurso de acreedores habría generado "enormes retrasos e incertidumbres" en la recuperación de sus ahorros.
Según ha explicado el ministro, en el momento en que se acometió la resolución y posterior venta, Popular contaba con 60.347 millones de euros en depósitos, de los que unos 30.900 millones de euros correspondían a particulares y otros 8.300 millones de euros a pymes. Para De Guindos, "se ha logrado salvaguardar totalmente los intereses de los depositantes", algo que "no es baladí a la luz de las cifras".
De Guindos ha puesto en valor que el proceso se ha llevado a cabo sin comprometer "ni un solo euro de dinero público", a diferencia de "lo que ocurrió hace cinco años", en referencia a Bankia. "Es importante tener en cuenta que las medidas adoptadas no han comprometido ni un solo euro de dinero público ni presente ni futuro", ha añadido. Además, ha destacado que el proceso no ha conllevado "contagio entre el riesgo bancario y soberano", ya que la prima de riesgo incluso se redujo la semana pasada, ni en el resto de entidades financieras, pues sus cotizaciones bursátiles han mejorado estos días.
El titular de Economía ha manifestado que el proceso se ha realizado "cumpliendo al pie de la letra" con la normativa europea y ha señalado que "esta situación ha puesto a prueba a la Unión Bancaria, y esta prueba se ha logrado superar". Para De Guindos, el "desenlace" de Popular no habría sido posible "sin un sistema financiero saneado", en el que el desapalancamiento se ha reducido desde los 50 puntos de Producto Interior Bruto (PIB) que representaba durante la crisis hasta encontrarse por debajo de la media de la zona euro en estos momentos.
El ministro ha explicado que las "reglas de juego" europeas implican que los accionistas son los primeros que deben asumir las pérdidas de un banco para evitar "cualquier impacto sobre las arcas públicas", y ha afirmado que es la Junta Única de Resolución (JUR) la que decide cuándo y cómo se debe intervenir un banco, tras lo cual es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el que acata sus decisiones. En este sentido, ha señalado que la JUR solamente puede poner en marcha una resolución tras constatar que la entidad se encuentra en serias dificultades y es inviable o, al menos, es "razonablemente previsible" que entre en esa situación, algo que determina el Banco Central Europeo (BCE).
Por otra parte, la JUR debe constatar que no existen alternativas de solución privada y, además, deben existir "razones de interés público" para acometer la resolución. Una vez acreditadas estas tres cosas, la JUR puede poner en marcha la resolución y entre las medidas que pudo adoptar se encontraban la posibilidad de crear un "banco puente", un "banco malo", un 'bail in', la conversión de instrumentos contingentemente convertibles en acciones o una venta privada.
De Guindos ha repasado los hitos más importantes en la historia reciente de Popular, que antes de la resolución era la sexta entidad española, entre los que ha destacado la aprobación por parte del banco de la evaluación del BCE en 2014, así como de los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) en 2016, que demostraron que el banco estaba "bien capitalizado". El ministro ha explicado las diferentes caídas en el precio de la acción de Popular como consecuencia de la reexpresión de las cuentas de la entidad, de la falta de concreción por parte de su expresidente Emilio Saracho sobre la hoja de ruta del banco durante la junta ordinaria de accionistas celebrada en abril o de las rebajas en las calificaciones crediticias de la entidad. "Cada reducción de la calificación dificulta el mantenimiento de los deporsitantes corporativos, que suelen exigir un mínimo de nota", ha explicado el ministro.
De Guindos ha revelado que Popular pidió un plan de Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) el lunes y otro el martes ante una "fuga de depósitos de tal magnitud" que llevó a la pérdida de liquidez a las 15.00 horas del pasado martes. La entidad no pudo solicitar más líneas de emergencia por falta de colaterales y en esa situación la entidad no podría haber abierto las puertas de sus sucursales el miércoles y se habría visto dirigida a un proceso concursal, según el ministro.
El procedimiento de resolución, en opinión de De Guindos, "no es ninguna anomalía" en la actividad diaria de la JUR, que dio orden el sábado 3 de junio al FROB de activar las primeras fases de un procedimiento de venta. El BCE declaró el martes la situación de inviabilidad del banco por falta de liquidez, casi al mismo tiempo que Popular informó por escrito al supervisor europeo de que su consejo de administración había llegado a la misma conclusión. Esta declaración de inviabilidad por parte del BCE es la que detona el proceso.
En opinión de De Guindos, el proceso de venta que se puso en marcha en el marco de la resolución fue "abierto, transparente y neutral" y al mismo se invitó a cinco entidades financieras. De ellas, solamente dos firmaron el acuerdo de confidencialidad para formar parte del procedimiento y la "oferta ganadora" fue la de Santander, hoy propietario del 100% de las acciones del banco y de sus activos y pasivos "presentes y futuros".
"El precio de venta resultó superior a la valoración de la entidad que había hecho el experto independiente" -que arrojaba un agujero de entre 2.000 millones y 8.000 millones-, ha indicado De Guindos, según quien la entidad presidida por Ana Botín se comprometió también a garantizar la liquidez necesaria para asegurar el funcionamiento de la entidad "desde el mismo día de la operación", de forma que las sucursales de Popular pudieron abrir sus puertas el miércoles "con total normalidad".