MADRID. El exdiputado autonómico del PPCV y ex vicesecretario general de los populares valencianos David Serra protagonizó este miércoles la declaración más extraña que se ha vivido hasta el momento en el juicio de la financiación irregular del PPCV. Una declaración plagada de contradicciones y de explicaciones peregrinas que hasta han soliviantado al magistrado José María Vázquez Honrubia. El presidente del tribunal, tras escuchar una y otra vez que Serra justificaba lo escuchado en las grabaciones telefónicos diciendo que simplemente estaba intermediando para que Orange Market cobrara una factura del empresario Enrique Ortiz, y no ayudando en el 'dopaje' electoral del PPCV, le preguntó hasta en tres ocasiones: "¿le parece normal que un cargo político haga de intermediario entre dos empresas privadas para que una de ellas cobre?"
Serra, inasequible al desaliento, Serra se volvía a justificar una y otra vez con las mismas explicaciones. Según su versión, lo hacía porque el entonces secretario general del PPCV, Ricardo Costa, le había pedido que intercediera entre Ortiz y Orange Market, aceptó porque tenía una relación personal con el empresario, ya condenado dentro de esta causa, y por una razón de jerarquía dentro del partido.
Una declaración en la que Serra no solo negó cualquier relación con un presunto delito electoral sino en la que señaló a Costa como "el responsable de las contrataciones". Incluso llegó a decir que se quedó impactado cuando escuchó a Ortiz hablar de financiación irregular, pues "siempre le había hablado de facturas por trabajos realizados".
En referencia a lo importante, a la presunta financiación irregular del PPCV, dijo no saber nada y derivó cualquier responsabilidad hacia Costa. Al principio de su declaración, Serra sentó las bases de la misma con una lapidaria frase: "Jamás me dijo Costa que había pagos en B".
Con respecto a los cheques firmados por él a la empresa Orange Market, explicó que los firmaba cuando Costa no estaba en la sede del partido, y como él tenía firma mancomunada, los firmaba, pero que antes de hacerlo siempre preguntaba a la gerencia si Ricardo Costa lo había autorizado. Serra, que se mantuvo en todo momento firme en su posición, se enfrenta a una condena de más de siete años de cárcel, que es la pena que le pide la Fiscalía Anticorrupción por tres delitos electorales y otro de falsedad en documento mercantil.
El ex diputado regional del PP enfatizó que le consta que Costa, de manera permanente, estaba machacando a los miembros del Gobierno para que se pagasen, y aseguró que entre esas personas se encontraba el exvicepresidente de la Generalitat valenciana Vicente Rambla, también sentado en el banquillo de los acusados en esta causa.
Una vez terminada la declaración de Serra, el magistrado suspendió el juicio hasta el próximo viernes, cuando está previsto que declare el 'cerebro financiero' de la Gürtel, Ramón Blanco Balín. Tras él, la causa se retomará el martes siguiente, ya con las declaraciones de los testigos, entre los que destaca el extesorero del PP Luis Bárcenas, que deberá verificar o no la declaración de Ricardo Costa en la que afirmaba que le había comunicado que Camps quería financiar irregularmente al PPCV y que el expresidente le contestó que esas prácticas Génova no las permitía porque sería un Filesa 2.
David Serra. Foto: EFE
