VALÈNCIA. La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, será la responsable de las administraciones del Estado y, especialmente, de las relaciones con las comunidades autónomas, y tendrá que hacer efectiva la subida del salario de los empleados públicos pendiente de aprobación para el año 2020.
Su departamento tiene que afrontar la interlocución con las comunidades autónomas en un momento en que muchos gobiernos regionales miran con sospecha las negociaciones que va a iniciar Pedro Sánchez con la Generalitat de Cataluña y la creación de una mesa entre ambos ejecutivos, pactada por el PSOE y ERC.
El nuevo Ejecutivo recalca que quiere "dejar atrás la judicialización" y llevar a la vía política el problema catalán, por lo que ha emprendido esa vía bilateral. Pero el pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos apuesta también por reforzar la relación con todas las autonomías y trabajar con ellas para "clarificar", dice ese acuerdo, el reparto de competencias entre administraciones.
Para ello, el Gobierno se ha comprometido a institucionalizar la Conferencia de Presidentes de manera que su trabajo tenga continuidad, se reúna una vez al año y normalice la colaboración entre gobiernos. Está por ver si Cataluña y el País Vasco volverán a este foro porque no quisieron participar en la última reunión de 2017, aunque Euskadi sí acudió a una reunión preparatoria convocada en 2018 por la entonces ministra Meritxell Batet.
Todas las partes quieren que la Conferencia se reúna en breve, aunque la agenda catalana puede condicionar tanto su celebración como su contenido. La gran cuestión pendiente entre el Gobierno y las comunidades autónomas es la financiación, asunto que deberá negociar este ministerio junto al de Hacienda, que es el que finalmente cerrará el pacto y lo traducirá en una ley para su aprobación en el Congreso.
El sistema sigue vigente con la fórmula de reparto de recursos aprobada en 2009 y que debió renovarse en 2014, porque es una norma pensada para su actualización cada cinco años. Esa ley de hace once años sigue en vigor y las cifras se actualizan año tras año, pero sólo una reforma en las Cortes permite decidir un cambio en el reparto del dinero, a través de qué fondos, con qué criterios y en qué cuantía.
Carolina Darias, nueva ministra de Política Territorial y Función Pública
El Gobierno quiere también impulsar todas las comisiones y conferencias sectoriales que comparte con los ejecutivos autonómicos, en las que se toman decisiones sobre competencias compartidas y transferidas como educación o sanidad, o asuntos europeos como el reparto de fondos como la PAC, entre otras muchas cuestiones.
El pacto PSOE-Unidas Podemos prevé reforzar estas comisiones y crear "nuevos mecanismos intergubernamentales en los que las comunidades autónomas puedan intercambiar información y pareceres respecto a competencias de titularidad estatal".
En materia de Función Pública, el cometido sobre el que tendrá que trabajar con mayor prontitud la nueva titular será la subida del salario de los empleados públicos pendiente de aprobación para el año 2020.
En concreto, deberá trabajar para que vea la luz un alza del 2% de los salarios de los funcionarios, al que podría sumarse otro 0,3% de fondos adicionales, lo que comportará un coste de 3.264 millones de euros. Este incremento se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, según han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales.
Se trata de uno de los escenarios recogidos en el II Acuerdo para la mejora del empleo público acordado entre el Ministerio de Función Pública y los principales sindicatos de la función público (CSIF, CC.OO. y UGT) en 2018, con el Gobierno de Mariano Rajoy, que recogía un incremento del salario de funcionarios del 1,7% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a lo que se podía añadir otro alza en función del crecimiento y fondos adicionales.
En la nueva legislatura también se tendrá que abordar la negociación para la implantación de la jornada de 35 horas o aspectos reclamados por los sindicatos (CCOO, UGT y CSIF) como un plan de recursos humanos ante el envejecimiento de las plantillas; la homologación salarial entre administraciones; un nuevo pacto salarial que permita recuperar la estructura salarial previa al recorte de 2010, agilizar las ofertas de empleo público y los procesos de estabilización, entre otras.
Los funcionarios de los Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) piden un acuerdo para la separación del ámbito político y el administrativo, el desarrollo del Estatuto del Directivo Público; el establecimiento de sistemas serios de evaluación de desempeño, la limitación de los cargos de libre designación o la adecuación de las retribuciones de los altos funcionarios a la labor que desempeñan.
El Ministerio ha ido cambiando de rango y denominación a lo largo de los años. Los gobiernos socialistas de Zapatero y Sánchez han optado por este nombre de Política Territorial. La cartera tuvo un rango mayor tanto con Rodríguez Zapatero como en la última etapa de Mariano Rajoy, cuando ambos presidentes dieron la competencia a un vicepresidente para subrayar la importancia del asunto. En ambos casos, con Cataluña como protagonista.