El conseller Martínez Dalmau. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. "El decreto de tanteo y retracto sigue su hoja de ruta y no hay ningún cambio previsto". Así de tajante se muestra el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, pese a las dudas que tiene el PSPV, uno de sus socios en el Gobierno Valenciano, respecto a uno de sus planes estrella de su departamento.
Una norma que está prevista que se someta a votación el 15 de julio en Les Corts Valencianes y que si se convalida en la Cámara permitirá a la Administración valenciana intervenir en la venta de edificios entre particulares, así como ceder estos derechos a los ayuntamientos para que vayan ampliando su parque público o, en caso de no contar con ellos, crearlos desde cero.
La norma va más allá de la vigente ley de 2004, que únicamente permite el tanteo y retracto en viviendas públicas, ampliando los casos y la tipología de inmuebles en los que la Generalitat puede ejercer estos dos derechos de adquisición preferente. Entre las novedades del texto de la Conselleria de Vivienda destaca la potestad que tendrá la Generalitat de quedarse viviendas en proceso de subasta por impago de hipoteca, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender o se hayan vendido entre operadores privados.
Un texto en el que se lleva trabajando unos meses y que Vivienda quiere que reciba luz verde lo más pronto posible. Hace apenas tres semanas se aprobó en un pleno del Consell como decreto ley y ahora espera a someterse a votación en el Parlamento valenciano. Un proceso que, como publicó Valencia Plaza, desde el PSPV se quiere cambiar para que sea tramitado como proyecto de ley y poder así introducir algunas modificaciones en su articulado.
No obstante, Dalmau subraya que el decreto ley de tanteo y retracto "sigue su hoja de ruta" porque en la era post covid es "más necesario que nunca conseguir más casas y dar solución a las personas". "Es un decreto muy participado en el que quizás haya habido una falta de conocimiento de detalles de algunos sectores, por lo que estamos teniendo reuniones con notarios y empresarios para explicar que lo que persigue es la especulación y el hecho fondos buitre se queden casas a precios de remate", insiste el conseller, quien subraya que, por tanto, todo sigue en marcha "según lo previsto y no hay ningún cambio".
Sin embargo, los socialistas quieren modificar algunas partes del redactado de la norma que creen que son "mejorables" y así evitar que la norma en los tribunales. El punto que consideran más conflictivo es el artículo 10, -el que permite a la Generalitat intervenir en grandes compras para adquirir edificios enteros-. En el PSPV consideran que su redactado es ambiguo porque no define qué son los fondos buitre ni los "grandes tenedores", por lo que creen que la normativa podría acabar anulada por el Tribunal Constitucional. Tampoco convence a los promotores que ven "intervencionismo en el libre mercado" y ya estudian la posibilidad de recurrirlo.
Aunque de manera oficial desde el departamento que dirige Dalmau niegan que haya ningún tipo de presión ni diferencias con el decreto -incluso se aventuran a asegurar que los socialistas les han felicitado por llevar a cabo una normativa "tan avanzada"-, lo cierto es que desde hace unos días miembros del PSPV mantienen conversaciones con los morados -tanto en el Parlamento, como en la Conselleria de Vivienda- para tratar de hacerles entrar en razón.
Además de las dudas que despiertan algunas partes del articulado de este decreto ley, los socialistas también cuestionan que la urgencia de esta norma esté justificada. De hecho, creen que por este motivo la norma también podría acabar en los tribunales.
La cerrazón de Dalmau a tramitar como proyecto de ley este decreto aprobado hace semanas por el Consell no es sorprendente. A última hora del martes, la síndica de Unides Podem en Les Corts, Naiara Davó, ya publicó un mensaje en su perfil de Twitter en el que defendía la existencia de "dos bandos: los fondos buitre o la gente". "Nosotros tenemos claro de qué lado estamos. Estoy convencida de que el PSPV también. Desde Podem seguiremos trabajando para sacar adelante decretos históricos y valientes como este", concluía.
Por su parte, el diputado autonómico Ferran Martínez también publicó en Twitter un mensaje en ese sentido: "Los lobbies inmobiliarios aprietan. Pretenden tumbar una regulación que le para los pies a los fondos buitre y que permitirá ampliar el parque público de vivienda. Frente a la especulación desenfrenada, hay que garantizar los derechos de las personas", escribió este miércoles el exsenador.
La reacción de los morados sin fisuras deja poco margen de maniobra al PSPV para negociar, que incluso en las últimas horas había reunido el apoyo de Ciudadanos a tramitar el derecho de tanteo como un proyecto de ley, ya que permitiría a todos los partidos "mejorar" el texto vía enmiendas parlamentarias. Las negociaciones, por el momento, no invitan al optimismo para los socialistas.
