VALÈNCIA. (EFE) El vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, ha anunciado que durante 2020 estará lista la reglamentación que desarrolla la ley de la Función social de la vivienda, y se ha mostrado más partidario de los incentivos que de las sanciones para que las viviendas vacías salgan al mercado.
Dalmau ha señalado durante Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de València que el desarrollo de la ley aprobada en 2017 permitirá contar con instrumentos para "poder aplicar mejor" esta norma, y ha avanzado que un reglamento único sería "muy farragoso", por lo que se va a ir reglamentando por partes.
Además, ha adelantado que la Generalitat quiere dar un "papel importante" a los ayuntamientos para aplicar la ley en lo que respecta a declarar una vivienda vacía, y que también buscará la colaboración de los municipios por ejemplo para aplicar incentivos fiscales que permitan sacar las viviendas vacías al mercado.
El también conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha considerado que aumentar el IBI un 30 o un 40 %, pagar un recargo en la declaración de la renta o abonar un IVA más alto por tener una vivienda vacía podría ser un "aliciente" para sacar al mercado casas en alquiler, más que "ir a las sanciones, que a nadie le gustan".
No obstante, ha asegurado que las sanciones que marca la ley de la Función social de la vivienda a los grandes tenedores de viviendas, que suelen ser bancos y fondos, "se tendrán que aplicar", pero ha insistido en que "la fórmula para poder convencer no es tanto la sancionatoria como la de los incentivos".
Por otra parte, el vicepresidente se ha mostrado partidario de poner "límites" a la proliferación de plataformas de alojamientos turísticos, pues cree que "la integración del turismo en los barrios no puede suplantar la vida en el barrio".
Así, ha indicado que no se trata de "prohibirlos absolutamente", sino de "clarificar" la regulación normativa de los apartamentos turísticos, aumentar el control de los apartamentos "fraudulentos" o "piratas", que pueden ser "hasta el 30 %", y "dispersar la llegada para que no afecte a la vida habitual de los barrios".
Dalmau ha señalado además que está "totalmente a favor de la regulación de los precios de alquiler", una competencia que es estatal, si bien la Generalitat puede intentar controlar el aumento de precios con beneficios fiscales a quienes alquilen dentro de los márgenes de precios que se fijen o con un aumento de la oferta.
Ha insistido en el compromiso de la Generalitat de aumentar un 30 % el parque público de vivienda, incluidas las de los municipios, y de acometer rehabilitaciones a cambio de una cesión temporal de la vivienda equivalente al valor de la rehabilitación (entre 5 y 7 años) para destinarla a alquiler social o asequible.
"Medidas tenemos, y estamos planteando las fórmulas para implementarlas", ha asegurado el vicepresidente segundo del Consell, quien ha considerado que "no es el momento de quejas" sobre la herencia que han recibido, sino de "colocar soluciones sobre la mesa".
Sobre sus presupuestos para el año que viene, ha asegurado que van a destinar "más dinero a la vivienda" de la que se ha dedicado durante las últimas legislaturas, y ha adelantado que quiere hacer unos presupuestos "realistas", ya que le preocupa más la ejecución presupuestaria que "los números".
Ha reiterado el compromiso de que al final de la legislatura la Comunitat sea declarada "territorio libre de desahucios", de manera que no pueda haber desahucios si no existe una alternativa habitacional, y ha defendido que espera que dentro de cuatro años la situación sea "sustantivamente mejor".
A su juicio, en esta Conselleria "hay margen" y "hay presupuesto" para mejorar las políticas de vivienda, y ha señalado que, aunque le gustaría contar con más dinero, tienen "capacidad para invertir", para regenerar el parque público y para adquirir nuevas viviendas. "Y sobre todo, lo que tenemos son muchas ganas de hacer cosas, porque la vivienda tiene que pasar a ser un asunto de Estado", ha concluido.