Dalmau activa la mediación social en  viviendas públicas de Alcoy, Alicante, Elche, Monforte, Novelda y Santa Pola

VALÈNCIA (EFE). La Conselleria de Vivienda ya tiene en marcha los equipos de mediación social para reforzar los grupos de vivienda pública y mejorar la calidad de sus residentes en 22 municipios a través del acompañamiento de 57 profesionales en administración de fincas y trabajo social.

El servicio de mediación social atiende a 5.229 familias que residen en 38 grupos de vivienda pública de Alcoy, Alicante, Elche, Monforte, Novelda, Santa Pola, Paterna, Benaguacil, Massamagrell, Paiporta, Torrente, Sagunto, Riba-roja de Túria, Alfafar, Alberic, Algemesí, Picassent, Benifaió, Alzira, Sagunto, Burriana, Castelló de la Plana y la Vall d'Uixó.

Un equipo de 57 profesionales forman este servicio, que llevará a cabo un acompañamiento amplio a las comunidades vecinales en el proceso de autoorganización, gestión de conflictos y sostenibilidad social y económica.

El vicepresidente y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha destacado la importancia que tiene "incorporar la perspectiva social" a las políticas de viviendas. "Desde el inicio de la legislatura uno de nuestros objetivos ha sido ampliar la oferta pública de vivienda y así lo estamos haciendo a través de nuevos mecanismos, sin embargo, es primordial que esa política integre también una vertiente más social y comunitaria que redunde directamente en el bienestar de los residentes", ha manifestado.

Durante la segunda quincena de julio el personal la Entidad de Vivienda se ha reunido con los representantes municipales y trabajadores sociales de las localidades para coordinar las tareas que conlleva este proyecto, y también se presentaron los equipos a los presidentes de las comunidades de residentes y las asociaciones vecinales.

El objetivo de este servicio es desarrollar una actuación integral de las viviendas públicas en barrios vulnerables en los que existen factores de riesgo asociados, movilizando recursos económicos, técnicos y organizativos, y contando con la colaboración de la administración autonómica, ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y los propios vecinos y vecinas.

Entre las funciones de estos equipos está la creación de un foro transversal colaborativo en cada grupo en el que se consensúe un modelo de intervención comunitaria, contando con la participación vecinal, recursos sociales y tejido asociativo para evaluar la situación social de las familias, administrar y gestionar la contabilidad de las comunidades, controlar los accesos a zonas comunitarias, comprobar el mantenimiento de los elementos comunes y hacer un seguimiento del programa de regularización de suministros son otras de las tareas a realizar.

Del mismo modo, destaca la atención personalizada que tendrán los adjudicatarios de vivienda pública para que tengan un buen nivel de integración en el grupo.

Además, entre esas funciones está consensuar las normas de convivencia vecinales a través de la aprobación de Reglamentos de Régimen Interior personalizados, suscribir un compromiso social en el buen uso de una vivienda pública, desarrollar estrategias frente a la morosidad, mecanismos de apoyo social y de concienciación vecinal serán otros de los cometidos del equipo.

Una novedad importante es que hay un servicio de urgencias de 24 horas para atender las incidencias sociales y jurídicas de forma presencial o telefónica, indican las fuentes.