El conseller de Hacienda, Vicent Soler. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La gestión de las consecuencias económicas y sociales del coronavirus han hecho saltar por los aires la planificación financiera de la Generalitat. Diferentes departamentos del Consell ya han tenido o tendrán que salir al rescate de los sectores más golpeados por la pandemia para tratar de minimizar el impacto en empresas, trabajadores, familias y colectivos desfavorecidos.
Ello obligado a la Conselleria de Hacienda a tener que reprogramar buena parte de las hoja de ruta prevista en los Presupuestos de 2020, a activar partidas que no estaban previstas en las cuentas del ejercicio o a reasignar fondos de una a otra con el objetivo de amortiguar ese impacto con ayudas, subvenciones y, en la medida de lo posible, inversiones que apoyen la salida de la crisis.
Entre las ya impulsadas, además de las que corresponden a la compra de material sanitario, se encuentran los 57 millones de euros en ayudas a autónomos que se han visto obligados a cerrar sus negocios; los 4,8 millones para los hospitales de campaña; 3,5 millones de euros en 'vales de beca comedor' para que las familias en situación de vulnerabilidad puedan adquirir alimentos en Consum o Charter; o la adquisición de 10.000 tablets con conexión 4G por 2 millones de euros para que alumnos sin acceso a internet puedan seguir las clases desde casa.
Unas decisiones de sobra justificadas por las circunstancias actuales, pero que además de detraer recursos de otras partidas previstas inicialmente van mermando la capacidad de las arcas de la Generalitat Valenciana y comprometiendo su capacidad de gasto en todo lo que no tenga que ver con el Covid-19.
Huelga recordar que la autonomía es desde hace años una de las peor financiadas de todo el Estado. Esta delicada situación preocupa en la Conselleria de Hacienda, donde ya atisban al menos cuatro grandes problemas que pueden derivarse de esta pandemia que afectarán a la Comunitat a medio-largo plazo, tanto en términos de agenda, como de liquidez.
El pasado mes de enero, el PSOE se aseguró el apoyo de Joan Baldoví, único diputado de Compromís en el Congreso, para la investidura de Pedro Sánchez al acordar que en el plazo de ocho meses presentaría un nuevo modelo de financiación, ya que el actual lleva caducado desde 2014. Desde hace años, le reforma del sistema es una cuestión prioritaria en la agenda valenciana no solo para Compromís, sino también para el PSPV y Unides Podem, para poder garantizar la prestación de servicios al mismo nivel que el resto del Estado.
Sin embargo, con el contexto actual, en el Gobierno valenciano temen que este compromiso vuelva a demorarse. "Lejos de que se pueda pensar que ahora no toca o que no hay dinero para las comunidades autónomas, es justamente todo lo contrario", explican desde el Consell. "Ahora es más urgente la reforma porque la crisis sanitaria está visibilizando el papel central en el estado de bienestar que tienen las comunidades autónomas", añaden en referencia a las competencias transferidas que tienen las autonomías como Sanidad, Educación o Servicios Sociales, donde se han centrado especialmente las inversiones en las últimas semanas para combatir la pandemia.
Otra de las cuestiones que preocupan en el Gobierno valenciano es la disponibilidad suficiente de liquidez por parte del Estado para transferir a las comunidades autónomas para que estas puedan sufragar sus gastos.
La Generalitat Valenciana tan solo recauda un 10% de los ingresos a través de la Agencia Tributaria Valenciana, por lo que la Comunitat año tras año depende de las entregas a cuenta y del Fondo de Liquidez Autonómico para poder afrontar, por ejemplo, el pago a proveedores. Y los ingresos del Estado vía impuestos, como las rentas familiares y empresariales, van a sufrir un desplome histórico por la caída en la recaudación del IRPF, el IVA o los Impuestos Especiales. Todos los recursos que deje de captar el Estado dejarán de recibirlos las CCAA en transferencias del sistema de financiación en la medida en la que participan de esos ingresos.
Dada la situación actual, es previsible que el Estado, que es quien recauda a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria un 90% de los recursos que acaba transfiriendo a la Generalitat, termine percibiendo la pérdida de ingresos motivada por la paralización económica.
En Hacienda, además, se preguntan si el Ejecutivo central podrá tener la liquidez suficiente para seguir transfiriendo los fondos que necesita a la autonomía. "Todo dependerá de si el Estado podrá endeudarse en los mercados a precios razonables, visto que los coronabonos no han prosperado...", explican con preocupación. Además, cabe recordar que el presidente de la Generalitat ha pedido en varias ocasiones al Gobierno central que adelante en la medida de lo posible las transferencias para la financiación prevista este año o el dinero del FLA para que la Generalitat pueda disponer de liquidez para acortar los plazos de pago a sus proveedores. Esto es, otra vía para aliviar la delicada situación a la que se enfrentan las empresas.
En tercer lugar, una de las tareas más inmediatas cuando la crisis sanitaria finalice será la de reformular el Presupuesto de la Generalitat. "El escenario será totalmente diferente al que quedó proyectado en diciembre de 2019 cuando fue aprobado", explican desde la Conselleria de Hacienda. "Probablemente no se hagan unos presupuestos nuevos al 100%, pero sí serán modificados en gran medida porque algunas consellerias necesitarán más dinero", añaden.
En este sentido, cabe apuntar por ejemplo que algunos departamentos del Consell han destinado ya más de un 10% de sus fondos a tratar de minimizar las consecuencias del coronavirus. Es el caso, por ejemplo de la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent, que con 443 millones de euros -si se descuenta el capítulo de personal, quedaría en 407 aproximadamente- ya ha destinado 57 millones a ayudas a los autónomos. Con este escenario, en el Botànic II ya preocupa cómo se van a producir estas negociaciones y ajustes que permitan a todos los departamentos disponer de saldo suficiente para ejecutar las políticas proyectadas al inicio de la legislatura y en cada uno de los seminarios de Gobierno.
La situación actual, también retrasa la elaboración y negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En diciembre del año pasado, el Gobierno central prorrogó por cuarta vez las cuentas diseñadas por Cristóbal Montoro (PP) en 2018, por lo que no sólo se convirtieron en los Presupuestos más longevos de la historia, sino que también mantenían las inversiones territorializadas en la Comunitat Valenciana por debajo de su peso poblacional.
El anhelo en Hacienda es que se vuelvan a diseñar unos presupuestos, al menos, similares a los que presentaron hace un año que situaba las inversiones territorializadas en la autonomía en un 9,8% del total, cifra que recoge el peso poblacional y la participación en el PIB estatal, y que fueron rechazados por el PP, Cs y las formaciones independentistas.
No obstante, si el estado de alarma se prolonga como parece probable hasta mayo, la negociación de unas nuevas cuentas puede demorarse, con toda probabilidad, hasta después de verano.
