VALÈNCIA. La primera evidencia de que algún día la inteligencia de las máquinas podría superar a la humana la recibimos en 1997, cuando un ordenador desarrollado por IBM y denominado Deep Blue venció una partida de ajedrez ante Gari Kaspárov, el mejor jugador de ajedrez de la historia. En el desarrollo de los algoritmos de IBM para que la máquina entendiera mejor el juego intervino Miguel Illescas, otro gran ajedrecista español además de programador informático. Muchos años después de aquella proeza Illescas declaraba en un medio: “Pese a que los humanos hacemos las máquinas no sabemos lo que la máquina va a hacer. Llega un momento en que los algoritmos que una máquina maneja son tan complejos que los programadores no tienen ni idea de las decisiones que la máquina va a tomar. Hay demasiadas variables y es demasiado complicado”.
A situaciones como la descrita puede conducir la Inteligencia Artificial (IA). Pero imaginemos ahora que Kaspárov decide recurrir por vía judicial el resultado de la partida porque quiere conocer los criterios introducidos en el algoritmo y averiguar si hay algún vicio oculto. La respuesta podría ser doble: la negativa de IBM a revelar un secreto industrial en el que radica su ventaja competitiva, o decir sencillamente, no lo sé. No tengo ni idea. ¿Qué debe hacer la justicia en este caso?
Ana Olmos, cofundadora de Fabulist Travel y especialista en regulación de telecomunicaciones, gobernanza de Internet y seguridad informática, defiende que los algoritmos, a priori, son asépticos. “Una lista de reglas que utilizas para resolver un problema. No son más que pasos, en un orden, que son definidos por un equipo humano y ejecutados por un ordenador cuando dicho algoritmo se ha programado”. Sin embargo, tampoco descarta el riesgo de error si aparecen situaciones que no se han previsto con anterioridad. “A veces, qué duda cabe, no hay reglas perfectas, como en todo sistema (con algoritmo o sin él)”.
De poca ayuda sirven las aclaraciones de Ana Olmos para orientar a quienes, conforme a los cánones actuales, tienen que administrar justicia teniendo en cuenta que ni la intencionalidad ni el error quedan eliminados en la concepción de un algoritmo que puede evolucionar gracias al machine learning y al deep learning. “De ahí la prohibición recogida en la antigua Ley de Protección de Datos, y que la nueva mas o menos la modula, de tomar decisiones meramente automatizadas”, argumentaba recientemente Rubén Agote, del despacho de abogados de Cuatrecasas en un evento organizado por Planeta Chatbot donde se abordó, entre otros, el tema de los retos jurídicos de la IA. Es lo que el abogado calificó de “verdad artificial”, relacionándolo con aquellas decisiones que se adoptan en función de lo que dicta un software o un algoritmo. Como ejemplos mencionó algún supuesto con el coche autónomo o el uso de un software en el sistema penitenciario de EE.UU para analizar la probabilidad del riesgo de reincidencia de un delincuente y, en función de sus conclusiones, otorgar o no al recluso la libertad condicional”.
A materias como estas, “que son actuales y en las que el Derecho está interviniendo, donde ya hay litigios y controversia”, añade Agote otros posibles escenarios que a futuro podrían surgir con la IA. Uno: que alguien, en un momento determinado, empieza a plantear “el derecho de las máquinas”. Otro: el tratamiento judicial ante el futuro “ser aumentado” gracias a la supuesta mejora de las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual, que algunas corrientes, como la transhumanista, proclaman. “Esto, de cara al Derecho, genera un cambio de paradigma que consiste en saber cuál es el ser humano modelo o básico al que protege y se dedica la legislación”.
Menos dudas parece generar el uso de la tecnología del Blockchain en el sector jurídico. Es más, Liliana Tamayo, responsable de Innovación y Marca de Lefebvre – El Derecho sostiene que, una vez que su uso se normalice, el impacto en el sector jurídico será inmenso además de positivo. La dificultad, desde su punto de vista, es que se trata de una tecnología compleja que no todos entienden, pero es el mejor sistema para garantizar la trazabilidad de los procesos porque cada paso que se va dando queda certificado y validado por miles de personas o red de mineros en la que se basa esta tecnología. “Es un modo de certificación que difícilmente puede alterarse. El problema es que este tipo de certificación todavía no tiene validez legal, de manera que el último paso lo tienes que dar en el mundo físico, bien sea un Notario, un Registro u algún otro organismo reconocido”.
En opinión de Tamayo, es cuestión de empezar a ver casos de éxito y fracasos en el uso de blockchain para que las empresas empiecen a invertir en esta tecnología en la que ve gran potencial y a la que augura una eclosión en el plazo de 8-10 años. De aquí su aliento a las startups a involucrarse en este ámbito, donde ve una gran oportunidad de negocio, así como en todo lo relacionado con la modernización del mundo del Derecho afectado, como todo, por la transformación digital y la globalización.
En este sentido podría también hablarse del RegTech por lo que ha de entenderse la utilización de tecnología para crear soluciones desde una doble vertiente: por un lado ayudar a las empresas de todos los sectores a cumplir con nuevos requerimientos legales y reducir los riesgos operacionales asociados con las obligaciones de Compliance de las empresas y, por otro lado, facilitar al regulador el tratamiento de la información que recibe. La realidad, no obstante, es que por el momento, casi todo lo que se está desarrollando dentro del RegTech llega relacionado con el sector financiero y el de seguros, y eso que hay quien vaticina un mercado global de 70 billones de dólares para los próximos 3 años dentro de la tecnología regulatoria.