VALÈNCIA. (EFE). El diputado del PP en les Corts José Císcar ha asegurado este lunes que, si no fuera porque el delito electoral ha prescrito, "en un 95 % la investigación sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc en 2007 y 2008 acabaría "con alguien en el banquillo", porque "es muy evidente".
Císcar ha iniciado las comparecencias ante la comisión de Les Corts que investiga la financiación electoral del PSPV-PSOE y el Bloc en 2007 y 2008, que ha acordado habilitar el mes de enero para seguir con los trabajos de este órgano y añadir más comparecientes y peticiones de documentación.
El diputado del PP, citado por la comisión por haber denunciado el caso, ha explicado que lo hizo porque "toda posible corrupción debe ser investigada, sea del partido que sea", y ha defendido que actuó igual que otros partidos, porque "la corrupción hay que denunciarla, venga de donde venga".
"Mi obligación era denunciar; sé que mi partido no puede dar muchas lecciones, pero tampoco las aceptamos, y menos del PSPV", ha aseverado Císcar, quien ha destacado que si no hay una causa penal es por la prescripción, pero no porque todo sea "un montaje, como algunos han sugerido".
Ha relatado que en julio de 2016 el periódico ABC contactó con el PP porque había recibido de forma anónima documentación que podría estar relacionada con la financiación ilegal del PSPV y Bloc, consistente en fotocopias de correos electrónicos, de facturas y de hojas de contabilidad, por si les podían aportar más datos.
El PP pidió una copia y rastreando en Internet averiguó que los actos de partidos que figuraban allí se habían producido y que aparecían nombres como la empresa Crespo Gomar y su apoderada Lucía Pascual, lo que les permitió "situar el epicentro de todo en Gandia" y dar cierta "verosimilitud" a la documentación, ha señalado Císcar.
Ha añadido que el 22 de noviembre de 2016 acudió a la Jefatura Superior de Policía de València en calidad de coordinador general del grupo popular de Les Corts a entregar la documentación, mediante una comparecencia "totalmente aséptica" y de "folio y medio", sin valoraciones jurídicas.
Císcar ha precisado que el 5 de diciembre un primer informe policial estableció correlaciones entre las facturas de Crespo Gomar a empresas privadas y los trabajos de esa mercantil al PSPV y Bloc, y apuntó "cuál habría sido el modus operandi para la presunta financiación ilegal" de esos partidos, con lo que todo pasó "de verosímil a probable".
Ha añadido que un segundo informe policial del 20 de enero de 2017 cruzó la documentación aportada con la información fiscal facilitada por distintas empresas a la Agencia Tributaria en 2007 y 2008 y encontró "coincidencias", con lo que parecía "probable" pasó a parecer "veraz", ha aseverado Císcar.
El diputado del PP ha asegurado que si hubieran tenido antes la documentación la hubieran llevado antes al juzgado, y que "lo único que quería es que se investigara de manera objetiva" una documentación de la que era consciente de que eran fotocopias con datos borrados en algunos casos, como expuso en su denuncia.
El también presidente provincial del PP de Alicante ha indicado que han hecho unas "exhaustivas investigaciones" durante todo un año y no hay "ninguna causa contra ningún Ayuntamiento del PP en aquellos años".
También ha defendido la necesidad de que comparezcan más trabajadores de Crespo Gomar, como ha aprobado hoy la comisión, pues según testimonios de estos ante la UDEF esa mercantil facturó en 2007 a empresas que no habían sido clientes y que figuran en las hojas de contabilidad aportadas por el PP, donde las cifras "coinciden hasta en los céntimos".
Foto: EVA MÁÑEZ
