Cs busca una salida a su pacto antitransfuguismo tras la sentencia del Tribunal Constitucional

VALÈNCIA. Apenas un mes después de que el exsíndico de Ciudadanos en Les Corts, Alexis Marí, fuese cesado de su cargo por la dirección nacional de su partido por oponerse a las directrices de Madrid que le impedían participar en una protesta en el hemiciclo del parlamento valenciano el 25 de abril –día de Les Corts- que pedían unas inversiones justas para la Comunitat Valenciana, la formación naranja anunció que trabajaba en un pacto antitransfuguismo. La intención, detalló entonces la actual portavoz de Cs Mari Carmen Sánchez, era presentarlo antes de verano y que se comenzara a aplicar en esta legislatura.

Aunque ninguna de estas promesas se han cumplido, los naranjas pretendían ir más allá del texto aprobado en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que en su día apoyaron PP, PSOE, IU, PNV, CiU y CC. El texto de entonces pretendía evitar el transfuguismo, pero formaciones como Cs y Podemos no existían y, por lo tanto, no pudieron secundarlo.

Sin embargo, los planes de la formación naranja en la Comunitat de impulsar un nuevo pacto más amplio –sería de ámbito nacional aunque, según detalló Sánchez en mayo, comenzaría a aplicarse en la autonomía valenciana (donde la marcha de José Enrique Aguar fue el inicio de un goteo de bajas en el partido)- resultan complicados de acometer aunque, según afirma su síndica a Valencia Plaza, a día de hoy continúan trabajando en él. No en vano, hace una semana el Pleno del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de 2006 al considerar que vulneraba el derecho fundamental a la participación política. Un escenario que dejaría poco margen de maniobra al partido de Albert Rivera en la Comunitat para articular su propio pacto.

Desde el inicio la propuesta naranja planteaba serias dudas, ya que obligar a los cargos institucionales a dejar el acta cuando éstos abandonan la formación a la que pertenecen no es una cuestión sencilla si no se hace una reforma legal. Esto es debido a que tanto las Bases de Régimen Local como la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establecen que el mandato no es imperativo, sino representativo. Es decir, las personas son electas por sí mismas: a los diputados provinciales les vota su propio partido y también a los concejales, por lo que las actas son personales.

La sentencia del TC, de hecho, ahonda en esta cuestión. La resolución explica que el fin de la relación del concejal con su entonces partido no responde necesariamente “a una defraudación de la voluntad popular o a hacer que busque la desestabilización de la dinámica municipal". 

La resolución del alto tribunal se produjo a colación de un recurso al órgano judicial del exalcalde de Coalición Canaria de la población tinerfeña de Tacoronte, Álvaro Agustín Dávila. El edil regionalista denunció la maniobra de los representantes del PP y de un grupo de concejales socialistas tránsfugas para otorgar al exsocialista Rodolfo León la vara de mando del municipio. Dávila entendía que se había vulnerado el precepto recogido en la ley electoral para que haya mayorías reforzadas para acometer una moción de censura y frenar el transfuguismo. El TC, sin embargo, ha anulado esa condición argumentando que es contrario al derecho fundamental de participación política recogido en el artículo 23.2 de la Constitución.

Un revés para las aspiraciones de Ciudadanos de marcarse un tanto en el apartado de regeneración política, iniciado también cuando padeció un goteo de bajas en sus propias filas con diputados o concejales que han pasado al grupo de no adscritos en Les Corts, las diputaciones y el Ayuntamiento de Alicante. Pese a ello, los naranjas quieren estudiar todas las fórmulas posibles para impedir una participación activa de los tránsfugas y así desincentivar estos casos.

Aún así, la formación que encabeza Mari Carmen Sánchez en la Comunitat podía encontrarse con otro obstáculo. Según El Confidencial, PP y PSOE preparan en el conjunto de España unos cambios mínimos en la ley electoral. Y, entre ellos, estaría modificar la ley de acuerdo con la sentencia del TC. Un posible varapalo más para la medida estrella de Ciudadanos.