VALÈNCIA. Las declaraciones del ex secretario general del PP de la Comunitat Valenciana Ricardo Costa y de la cúpula de la trama Gürtel compuesta por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes' en el juicio por la financiación irregular del PPCV no han dejado de cobrarse piezas. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción está exprimiendo a Costa, aunque no son los únicos. Tal y como informó en exclusiva Valencia Plaza, Izquierda Unida solicitó al magistrado de la causa conocida como los papeles de Bárcenas que citara a Costa y éste así lo ha acordado.
Pero la noticia de este jueves, además de la citación de Costa, fue que la Fiscalía Anticorrupción anunciaba que había entregado un escrito ante la Sección Segunda de la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional "solicitando la retroacción de las actuaciones, y su remisión al Juzgado Central de Instrucción 5", respecto de la conocida como pieza de los contratos menores del caso Gürtel o Valencia 5, que se refiere íntegramente a adjudicaciones irregulares por parte de diversas consellerias y sociedades públicas valencianas.
La intención del Ministerio Público es solicitar la imputación del expresidente de la Generalitat Francisco Camps por malversación de caudales públicos y prevaricación. Así, Costa, la particular espada de Damocles de Camps, vuelve a enfangar al expresidente en otra causa de corrupción. Ya van dos y no se descarta una tercera, pues el ex secretario general del PPCV habló de comisiones irregulares al partido en una declaración ante el magistrado del caso Taula dentro de la pieza que investiga el agujero en la empresa pública Ciegsa.
Volviendo al escrito de Anticorrupción para conseguir la imputación de Camps, explica la Fiscalía que una parte de los hechos objeto de acusación, en concreto "en su apartado 13 (stand grandes eventos de Fitur), se califican como delito de prevaricación, del que está acusada la exdirectora de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Dora Ibars. Dicho cargo dependía directamente de la Presidencia del Gobierno valenciano y el posible delito de prevaricación cometido, referido a la adjudicación de fecha 30 de diciembre de 2008, no habría prescrito".
En esta causa, según consta en el auto de apertura de juicio oral están a la espera de juicio, además de Ibars, los exconsellers populares Alicia de Miguel y Manuel Cervera y el que fuera mano derecha de Costa y secretario autonómico de Deportes David Serra. Para todos ellos la Fiscalía pide diferentes penas de inhabilitación pero no cárcel.
En referencia a la solicitud de Anticorrupción, fuentes del Ministerio Público así como diversas defensas consultadas por Alicante Plaza explicaron que el problema con la petición estriba en el hecho de que los procesados llevan cerca de tres años a la espera de juicio, y en el caso que la Audiencia Nacional estime la petición de la Fiscalía se producirán unas dilaciones indebidas muy cualificadas, hechos que obligaría en un posterior juicio a reducir las penas de las personas que sean condenadas.
Sin embargo, las mismas fuentes añadieron que al solicitar penas de inhabilitación a los políticos, no "supondrían un problema grave” las dilaciones pues ya se sabía que no iban a pisar la cárcel y, en cuanto a la cúpula de la trama Gürtel, todos están colaborando y la sentencia de Fitur "fue tan brutal que pasarán más de diez años cada uno en prisión". Y añaden que con Camps no habría ningún tipo de dilaciones indebidas pues la instrucción comenzaría ahora.
Por otro lado, este jueves se supo que el nuevo colaborador estrella de la Justicia, Ricardo Costa, deberá acudir el próximo día 25 de julio a la Audiencia Nacional a declarar como testigo en la causa conocida como los papeles de Bárcenas. El motivo es que en otra de sus comparecencias, la que hizo en el Juzgado de Instrucción 17 de València en el que se investigan presuntas mordidas en la construcción del trazado de la Fórmula 1, aseguro que José Mayor Oreja, ex presidente de FCC Construcciones, le entregó 150.000 euros en billetes de 500 euros en su despacho que sacó de un abrigo para financiar la campaña del partido en 2008, y la formación de izquierdas al saberlo solicitó que fuera citado.
En su escrito, Izquierda Unida explicaba que "resulta relevante reseñar en relación al objeto de investigación de esta causa que el investigado José Mayor Oreja aparece asociado a los denominados papeles de Bárcenas, al igual que su hermano el exvicepresidente del Gobierno (sic), Jaime Mayor Oreja, aunque en este último caso como cobrador de diversas cantidades opacas entregadas por los tesoreros del partido".
Y añadían: "En concreto, José Mayor aparece como pagador de dos pagos que ascendían a la cantidad de 165.000 euros, entregas realizadas en 2008 mientras era presidente de FCC. Es decir, pagos coincidentes en la época en que también habría pagado en València con dinero en efectivo a Ricardo Costa".
Tras recibir la petición, el magistrado instructor emitió este jueves un auto en el que acordaba, por un lado solicitar la declaración de Costa al Juzgado de Instrucción 17 y, por otro, citar al que fuera mano derecha de Francisco Camps a declarar el día 25 de Julio. Y, además, cita como imputado al empresario Vicente Cotino, que ya fue condenado en la financiación irregular del PPCV pero que conmutó la cárcel por una multa tras colaborar con la Fiscalía.
Ante la noticia de las intenciones de Anticorrupción de imputarlo en el caso Gürtel, la reacción del expresidente valenciano no se hizo esperar. Camps, negó la mayor y acusó a jueces y fiscales de ir a por él sin pruebas. En un comunicado, afirmó: "Si la Audiencia Nacional decide imputarme, sería una más sin una prueba fehaciente, sin un indicio sólido, basándose en especulaciones sin fundamento”.
La Fiscalía, señaló el expresidente, pudo haberle preguntado entonces por todo "jurando decir verdad", algo que como investigado él "siempre" ha hecho", si bien el fiscal no le preguntó a pesar de que ya se habían realizado las declaraciones de Costa y Álvaro Pérez, por lo que "no puede apelar a desconocimiento de las mismas", e incluso "podría haber instado deducción de testimonio de particulares, y tampoco lo hizo".
Camps indicó en su escrito que la prevaricación y la malversación "tienen que definirse en su concreto objeto y cantidad" y además de "volver a negar éste y otros ilícitos, sería necesario señalar qué contrato público fue adjudicado irregularmente" por él o qué contrato obligó a adjudicar, a quién, por qué se adjudicó ilícitamente, a qué montante exacto asciende la malversación y a quién benefició.
Camps realizó estas afirmaciones sin tener en cuenta que el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción no es público y, por tanto, el fondo del mismo y en el que vendrían explicados los delitos concretos no ha llegado a los medios de comunicación. Tampoco tuvo en cuenta que las declaraciones de Álvaro Pérez y de Ricardo Costa gozan actualmente de credibilidad según una sentencia de la Audiencia Nacional, además de que es perfectamente lícito que un investigado espere al juicio para decidir confesar, tanto es así, que gracias a este cambio por parte de Costa y de la cúpula de la Gürtel se ha podido condenar en la causa de la financiación irregular del PPCV.