Fran Ferri. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El conflicto sobre el requisito lingüístico para acceder a la Administración valenciana que enfrentó a PSPV y Compromís durante toda la legislatura pasada y parte de la actual vuelve a escena. Los grupos parlamentarios de Les Corts registraron este lunes sus enmiendas al proyecto de Ley de Función Pública. Un trámite en el que los partidos que conforman el Botànic II no han ido de la mano, sino que han propuesto modificaciones cada uno por su cuenta: Compromís, por su parte, ha aprovechado para volver a introducir la exigencia del valenciano a los funcionarios.
En concreto, la coalición valencianista ha registrado una enmienda en solitario para modificar el artículo 111 de la ley. Un punto que enumera los méritos que serán susceptibles de ser puntuados en la fase de concurso de las oposiciones y entre los que se encuentra la "competencia lingüística en los conocimientos de valenciano acreditada, cuando no constituya requisito, que podrá valorarse especialmente por su relación directa con las funciones y tareas a desempeñar en el puesto de trabajo convocado".
Es decir, la norma especifica actualmente que cuando el valenciano no sea un requisito para acceder a una plaza de funcionario, podrá sumar puntos en la fase de concurso como también lo harán otro tipo de méritos como "el conocimiento de otros idiomas comunitarios" o la "posesión de una titulación oficial, de igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso".
Sin embargo, Compromís ha registrado una enmienda de modificación que no ha firmado ni PSPV ni Unides Podem en la que introduce un cambio significativo. En su lugar, propone que esta cláusula quede redactada de la siguiente manera: "La competencia lingüística acreditada en los conocimientos de valenciano, cuando excepcionalmente no constituya un requisito, lo que se podrá valorar especialmente por la relación directa que tenga con las funciones y tareas que se deben cumplir en el puesto de trabajo convocado".
De este modo, la coalición valencianista inserta un matiz en el articulado para dar por sentado que el conocimiento del valenciano es requisito y que sólo en aquellos casos en los que de manera excepcional no lo sea, contará como mérito. Una enmienda que volverá a generar disensiones en el seno del Botànic II.
La reforma de la Ley de Función Pública y la introducción en ella del requisito lingüístico para acceder a una plaza de funcionario en la Administración pública era uno de los grandes compromisos legislativos del primer mandato del Botànic en la Generalitat. Compromís quería que el conocimiento del valenciano fuera una exigencia, mientras que la Conselleria de Función Pública apostaba por que la ley lo contemplara como un mérito para acceder a una plaza en la Administración valenciana, pero no como una condición.
Con todo, el anteproyecto de ley que pactado en 2017 contemplaba que en el plazo de seis meses se aprobaría un reglamento para regular la aplicación del requisito lingüístico. Pero Compromís no terminaba de fiarse de que este fuera a desarrollarse en el plazo estipulado e incluyó a última hora un redactado a modo de salvaguarda que precisaba que si transcurrido un año de la entrada en vigor de la ley no se hubiera aprobado este reglamento, el requisito se aplicaría de forma automática. Incluso, fijaba una tabla con los niveles exigidos que deberían acreditar: en el caso de las escalas más altas de la Administración (A1, A2 y B) se exigiría un certificado C1, el antiguo Grau Mitjà; en el siguiente nivel de funcionarios, el C1, querían que se exigiera el B2, un nivel intermedio entre el Mitjà y el Elemental que no existía en los grados anteriores; y en la escala básica de la Generalitat se contemplaría el nivel B1 de conocimiento, el Grado Elemental.
No obstante, el Consell Jurídic Consultiu (CJC), en su dictamen, consideró que el plazo de seis meses para la aprobación del reglamento y la previsión de un año ante un posible incumplimiento era una "incoherencia" y una contradicción jurídica, por lo que instaba a "unificar" los plazos. Finalmente, la falta de acuerdo ralentizó su periplo burocrático hasta casi la parálisis y la norma ni siquiera llegó a pasar por un pleno del Consell.
En febrero de 2020 se retomaron las negociaciones, pero el mismo tema seguía enquistado y el punto tuvo que retirarse de un pleno del Consell: el Ejecutivo valenciano incluyó una disposición final en la norma que establecía que la dureza con la que se aplicaría el conocimiento del valenciano paca acceder a la Función Pública se reflejaría en un reglamento en el plazo de un año.
Compromís, con las competencias en Política Lingüística, quería formar parte del comité que desarrollara ese reglamento. Según los valencianistas, la oferta no fue aceptada por Función Pública, por lo que propusieron que, si no participaban en su elaboración, "al menos fuera necesario un informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Política Lingüística para desarrollar el decreto". Función Pública, por su parte, justificaba que la coalición valencianista quería elegir íntegramente al comité que desarrollara los niveles de valenciano en ese reglamento.
Finalmente, la disposición reglamentaria que regule la acreditación del nivel de los conocimientos de valenciano en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana será desarrollada por la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, pero previamente deberá contar con un informe favorable de la Dirección General de Política Lingüística que ocupa Rubén Trenzano (Compromís).
