VALÈNCIA (EP). El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Fran Ferri, ha afirmado este sábado que la denuncia presentada por el PP a la Conselleria de Igualdad que dirige la vicepresidenta, Mónica Oltra, "es una acción a la desesperada para tratar de tapar los procesos en que se está juzgando su despilfarro de las arcas públicas y su financiación ilegal a través de tramas corruptas".
La Fiscalía de Valencia abrió diligencias de investigación este pasado viernes a raíz de la denuncia presentada por el PP por un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales de la Conselleria, de pagos por la vía de enriquecimiento injusto que sumarían más de 43,7 millones de euros.
Ferri ha asegurado en un comunicado que, de esta forma, "el PP intenta hacer ver que todos los políticos son iguales". "Nada más lejos de la realidad: la gestión de Mónica Oltra al frente de la Conselleria de Igualdad y la de todo el Consell del Botànic ha supuesto desterrar por completo las prácticas corruptas que caracterizaron a los gobiernos del PP", además de "volver a situar a la administración valenciana en la legalidad y la honradez", ha enfatizado.
Para la coalición, "la denuncia del PP trata de manchar la imagen del Gobierno del Botànic, cuando ninguno de los pagos por resarcimiento podrían haberse realizar sin los informes favorables de la Intervención de la Generalitat y por tanto, no podrían haberse pagado ni contabilizado".
Según el síndic, lo que los 'populares' han llevado a Fiscalía es que "el Consell continúe pagando a las empresas que prestan un servicio a la ciudadanía en el intervalo entre que ha finalizado la duración del contrato y concluye el procedimiento de adjudicación del nuevo contrato". En definitiva, "unas empresas que fueron adjudicatarias tras un concurso público y transparente".
Ha insistido así en que se trata de "una situación que deben afrontar continuamente todas las administraciones, porque la alternativa es que la administración cierre la persiana de los servicios que ofrece, hasta que es resuelva la nueva licitación". Y ha añadido que "como es obvio, no se va a dejar que suceda porque hay un interés público a proteger, como son las personas a las que se presta servicio".
"Estaría bien que Isabel Bonig y Mª José Catalá -presidenta del PPCV y portavoz adjunta del Grupo Popular, respectivamente- contaran las veces que, cuando gestionaban, tuvieron que recurrir a los resarcimientos para poder seguir prestando servicios a la ciudadanía", ha subrayado Ferri.
