Isabel Lifante. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Los escasos medios con los que cuenta el Consejo de Transparencia y la irresolución (o soluciones a medias) de los problemas con los que se han encontrado sus miembros desde que comenzaron su actividad en 2015, derivó este lunes en la primera renuncia de uno de sus vocales. Isabel Lifante, profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante propuesta para el órgano por el grupo parlamentario Compromís, dejó el cargo que ostentaba desde hacía casi tres años.
"Tras dos años y medio de funcionamiento del Consejo de Transparencia, los medios (sobre todo personales) con los que el mismo cuenta siguen siendo a todas luces insuficientes para hacer frente a numerosas funciones encomendadas, exigiendo a sus vocales mucha mayor dedicación que la que estoy en condiciones de poder prestarle", explicó Linfante en una misiva remitida a Les Corts Valencianes.
No en vano, no es el único motivo por el que, según la carta, la consejera abandona el órgano. La dimisión de Lifante "se fundamenta en la imposibilidad de seguir compatibilizando la dedicación que el desempeño responsable de dicho cargo exige" con su trabajo como profesora.
En este sentido, fuentes de su entorno aseguran que en estos momentos se encuentra preparando la cátedra de Filosofía del Derecho. Una tarea que le resta tiempo y que en estos momentos le dificulta compatibilizar el cargo de vocal del Consejo de Transparencia y con su trabajo como docente en la universidad.
Conviene señalar que desde que el órgano presidido por Ricardo García Macho comenzó su actividad, anualmente el Consejo ha reivindicado en la memoria de actividades la falta de medios con la que opera. De hecho, en mayo del año pasado todos los miembros se plantearon dimitir en bloque por ello, amenaza que finalmente no ejecutaron.
Con Lifante fuera del órgano, Compromís deberá proponer una candidata -tendrá que ser mujer para mantener la paridad del Consejo- que ocupe el puesto ya vacante. Ahora, el Consejo queda compuesto por Ricardo García Macho, Carlos Flores, Emilia Bolinches y Lorenzo Cotino, propuestos por Podemos, PP, PSPV y Ciudadanos respectivamente.
Durante el primer año de vida no recibieron presupuesto. Lo que significaba que los consejeros, que no tienen dedicación exclusiva como sí ocurre en otros órganos de transparencia en España, debían compatibilizar sus reuniones mensuales para resolver expedientes con sus profesiones -la mayoría son profesores universitarios- para obtener un sueldo. Incluso tuvieron que financiar el material con el que trabajaban y resolvían casos: folios, carpetas, fotocopias...
Su situación cambió un año después, cuando la Generalitat incluyó una partida de 60.000 euros para su funcionamiento que, después del trámite parlamentario de enmiendas a los Presupuestos, ascendió a 90.000 euros. Además, comenzaron a percibir dietas por cada una de las reuniones que mantenían. Sin embargo, Macho denunció que su situación seguía siendo "precaria" porque para resolver cada uno de los casos también necesitaban dedicarle tiempo aparte del empleado durante sus reuniones mensuales para estudiar cada expediente.
Por otra parte, otra de las pretensiones del Consejo desde el inicio era que se modificara la ley de Transparencia de 2015 para desvincular orgánicamente al órgano de la Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz, un departamento al que deben controlar como al resto de áreas del Gobierno valenciano, organismos públicos dependientes y administraciones locales.
Una petición que se asumió en el anterior seminario del Consell en Vinaroz y Benicarló. El departamento de Alcaraz se comprometió a sacar adelante la nueva ley de Gobierno Abierto para mejorar la ley de 2015. De momento, Transparencia sacó a exposición pública el pasado mes de febrero el anteproyecto de ley donde se recogían las demandas de los consejeros y se reducía el número de vocales.
