VALÈNCIA. 5 de agosto de 2019. Visita a València del líder socialista, Pedro Sánchez, para una reunión con dos de los referentes de Compromís, Mónica Oltra y Joan Baldoví, con el objetivo de apuntalar el apoyo de la coalición valencianista en la segunda sesión de investidura.
Un encuentro en el que también estuvieron presentes el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y del que salió el compromiso de Sánchez para presentar la propuesta de reforma del sistema de financiación ocho meses después de que se conformara el Ejecutivo.
Un acuerdo, en el que se incluían otras reivindicaciones, por el que Compromís accedió a otorgar su único voto en el Congreso a favor de la investidura de Sánchez, lo que suponía un cambio respecto a la primera votación celebrada en julio, donde Baldoví se abstuvo al no comprometerse a la citada reforma del sistema. Sin embargo, este voto no llegó a materializarse puesto que el líder del PSOE no logró -o no quiso lograr- los apoyos suficientes para la segunda sesión de investidura, por lo que se encaminó a unas nuevas elecciones que se celebraron el 10 de noviembre.
2 de enero de 2020. Tras los nuevos comicios, Compromís alcanzaba un acuerdo con el PSOE para respaldar la investidura de Sánchez con la premisa de que el Gobierno presentaría una primera propuesta para la reforma del sistema como tarde ocho meses después. El estallido de la pandemia en marzo envió el pacto alcanzado al trastero de las prioridades del Ejecutivo central.
Sin embargo, de nuevo Compromís encabezada por su único diputado en el Congreso, Joan Baldoví, decidía semanas atrás recuperar esta cuestión mediante una moción de interpelación urgente para la reforma del sistema de financiación así como para el establecimiento de medidas compensatorias como el Fondo de Nivelación mientras no se acometa la remodelación. Una iniciativa mediante la que el parlamentario pretendía hacer lobby con los diputados valencianos de otros partidos o, en su defecto, obligar a retratarse a los partidos con representación en el Congreso que firmaron un declaración similar en Les Corts años atrás, como PP, Ciudadanos y sus propios socios en el Consell del Botànic, PSPV-PSOE y Unides Podem.
Sin embargo, tal y como informó Valencia Plaza, a excepción de Ciudadanos, que presentó una enmienda donde se mantenía la esencia, tanto PP como PSOE y Unidas Podemos -socios en el Gobierno de España-, impulsaron unos textos que o bien incluían cuestiones que distorsionaban la moción -en el caso de los populares, el impuesto de sucesiones- o rebajaban la inmediatez y claridad de las exigencias, como en el caso de la enmienda conjunta de PSOE y Podemos.
Ante esta situación, el dilema se trasladaba a Compromís: imponer su moción a sabiendas de que no obtendría el respaldo necesario o negociar con PSOE y Unidas Podemos un nuevo texto. Esta segunda opción, la elegida, viene marcada por el primer punto del acuerdo: instar al Gobierno a "presentar antes de final de 2021 la propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica". Un enunciado que, en la práctica, indica que el proceso no se consumará hasta el año siguiente, 2022. O lo que es lo mismo, Compromís 'regaló' este miércoles a Pedro Sánchez y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, otros ocho meses para presentar una primera propuesta de la reforma. Sí, esa que debía estar sobre la mesa en septiembre de 2020 e, incluso, en enero de ese año si la coalición valencianista no hubiera sido tan generosa en el acuerdo de investidura.
Compromís se defiende recalcando que, gracias a Baldoví, la reforma del sistema ha regresado a la agenda e incluso con un plazo límite fijado. "Por primera vez, un acuerdo del Congreso vincula al Gobierno", explicaron fuentes de la coalición, que al parecer daban más valor a esto que al acuerdo alcanzado con el presidente del Gobierno en su día. Así, entre mantenerse firmes en su reivindicación y lograr un plazo respaldado por el Congreso, escogieron la segunda opción que, además, facilitaba mantener la unidad de voto con sus socios del Botànic, PSOE y Unidas Podemos. "Es injusto castigar a Compromís por poner esto sobre la mesa: ¿estaríamos hablando de la reforma del sistema si no fuera por nosotros?", se preguntaba un dirigente de la coalición.
Por su parte, Unides Podem también reivindicaba su papel en trasladar "el acuerdo botánico por una financiación justa al Congreso". "Estamos satisfechos con la transaccional pactada: el resultado es bueno aunque aún queda trabajo que hacer por parte de todos para, este mismo año, poder traducir el acuerdo político en una realidad que en este caso no puede ser otro que un sistema de financiación justo para los valencianos", explicaron fuentes de la formación morada a este diario, para insistir además en su intención negociar por la unidad de voto del Botànic y recalcar que, igualmente, no hubieran votado en contra de la moción originaria de Compromís, según reiteró el diputado de Podem por Alicante, Txema Guijarro, encargado de las negociaciones.
En cuanto a los socialistas, celebraron el acuerdo a través de un comunicado de la diputada alicantina Patricia Blanquer, quien calificó de "paso adelante" para un nuevo sistema que sirva para "paliar la discriminación a la que el PP sometió a la Comunitat". "Una vez más, queda claro que los y las socialistas cumplen y demuestran con hechos su compromiso con una financiación justa para esta tierra", recalcó, para insistir en que gracias a Sánchez y a Ximo Puig, la Comunitat recibirá el 10% de las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, una cantidad acorde al peso poblacional, además de 1.254 millones del fondo 'React' de la UE y 1.486 millones del fondo COVID no reembolsable, a lo que se suma este fondo en 2021 con criterios de reparto similares.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral