El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri. Foto: CORTSVALÈNCIA. Cuatro días después de que entrara en vigor el gravamen para las bebidas azucaradas en Cataluña, Compromís registró una Proposición No de Ley para que se siguieran los mismos pasos en la Comunitat Valenciana. La iniciativa, no obstante, era más ambiciosa: instaba al Consell a establecer un impuesto "sobre los productos azucarados y con exceso de grasas que implicara un aumento del precio de hasta el 20%". Es decir, no lo limitaba tan solo a las bebidas. Sin embargo, el grupo parlamentario plantea ahora rebajar el alcance de la PNL.
El documento inicial registrado por los diputados Juan Ponce e Isaura Navarro señalaba que no era "necesario limitarse a las bebidas", si no que habría que ir "más allá y tratar de desincentivar el consumo de otros alimentos azucarados o con exceso de grasa, como es el caso de los productos de bollería". Ahora, fuentes del grupo indican que ésta era "una propuesta de máximos" y que el amplio ámbito al que afectaría la iniciativa "haría complicada su aplicación" e incluso que ésta pudiera salier adelante. Por lo que el grupo que dirige Fran Ferri se plantea "transaccionar la PNL".
Una opinión, no obstante, que no es compartida por todo el grupo. Navarro, de hecho, se opone a limitar la propuesta. Es más, quiere ir más allá tras una última reunión mantenida con la ONG Save the Children y recoger sus peticiones.
Por su parte, la preocupación que existe entre varias de las empresas y federaciones integradas en la patronal autonómica CEV respecto a este tema ha llevado a la organización que preside Salvador Navarro a constituir un grupo de trabajo interno para sustentar su posicionamiento ante el Consell. Este grupo está elaborando un borrador en el que detallará los motivos de su radical oposición a esta iniciativa.
Aunque de manera formal aún no se ha solicitado ninguna reunión para tratar el asunto, la organización empresarial sí ha mantenido al menos un encuentro informal con Compromís para trasladarle las quejas de sus asociados. La inquietud empresarial ha llegado hasta el portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví.
Entre los miembros de la CEV se encuentran varias empresas potencialmente afectadas por esta medida como los productores Martínez Loriente, Delisano o Dulcesol y todos los grandes operadores de la distribución: Consum, Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour o Mas y Mas. A ellos se suman las empresas y asociaciones representados indirectamente a través de Fedacova (Federación de Empresas Agroalimentarias de la Comunitat).
El presidente de Fedacova, Federico Félix, ha solicitado al Consell "sentido común" antes de tomar decisiones de este tipo. Félix, que admite haber mantenido contactos con miembros del Govern para tratar este asunto, considera que no se pueden poner impuestos a nivel local sobre productos alimentarios de elevado consumo porque afectaría a productores de la Comunitat muy importantes que quedarían en desventaja respecto a sus competidores de otras comunidades.
"Si hay que poner impuestos han de ser nacionales porque de lo contrario se penaliza y se pone un lastre a las empresas locales. Puede suponer un lastre y la muerte de algunas empresas valencianas. Es una barbaridad, considera el presidente de Fedacova. A juicio de Federico Félix, que no cuestiona el fondo de la iniciativa, la existencia de un debate a nivel europeo sobre la incidencia de estos productos sobre la salud indica que la posible modificación de la fiscalidad sobre los mismos ha de plantearse al mismo nivel, en toda Europa, porque de lo contrario se les estaría restando competitividad a las empresas valencianas.
La intención de Compromís era que todo lo recaudado con el nuevo gravamen fuera destinado a desarrollar programas de mejora de los hábitos alimenticios de las personas o a incrementar la concienciación social ante los problemas de salud derivados de una mala alimentación.
Para ello, se apoyaban en la recomendación que hizo en octubre la Organización Mundial de la Salud (OMS) de subir los impuestos a bebidas azucaradas y que ya aplican "países como México, Chile o Ecuador" para combatir el aumento de los índices de obesidad.
Sin embargo, según explican fuentes de la CEV, su posicionamiento ante la posible introducción de impuestos sobre los productos azucarados o con un elevado nivel de grasas como los que ya se aplican en Cataluña coincide con el firme posicionamiento en contra que precisamente han mantenido las asociaciones sectoriales catalanas.
"El posicionamiento de la CEV va a ser radicalmente en contra porque entendemos que se trata de un planteamiento con propósito recaudatorio y no de salud pública. No creemos que esto sea por cuestiones realmente de salud", manifiestan fuentes de la organización empresarial.
De momento, es la Conselleria de Hacienda quien está analizando la propuesta planteada por los nacionalistas, ya que le correspondería al departamento de Vicent Soler desarrollar la iniciativa. No obstante, la Generalitat ya se pronunció el pasado mes de mayo cuando comenzó a aplicarse el impuesto catalán: no había intención de aplicar un gravamen similar. Además, apuntaban que las medidas encaminadas en esa dirección, se ceñirían al decreto que prepara la Conselleria de Sanidad que prohibirá vender bebidas azucaradas en máquinas expendedoras de colegios u hospitales.
La iniciativa no pasará por comisión, sino que irá directamente al pleno de Les Corts debido que fue registrada con "carácter urgente". Por lo que, de no entrar en ninguno de los dos plenos que quedan por celebrar antes de agosto -mes inhábil en el parlamento valenciano-, pasará a tratarse después del Debate de Política General en septiembre.
El impuesto aprobado en Cataluña sobre los refrescos con exceso de azúcar o sodio supone un aumento de precio variable en función de la cantidad de azúcar que estos contienen: ocho céntimos para bebidas –desde zumos, hasta leche endulzada, bebidas energéticas o aguas de sabores– con entre 5 y 8 gramos de azúcar añadido por cada 100 mililitros y doce céntimos para aquellas que superen esa cifra.
Un mes después de su entrada en vigor, agricultores, industria alimentaria, empresas de distribución y el sector hostelero han pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció este martes que el Gobierno no va a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto catalán. "No lo veo", afirmó el ministro en un acto del Foro Cinco Días, donde argumentó que este tipo de impuestos se aplican en varios países europeos y que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por ello, emplazó a la patronal de la industria agroalimentaria FIAB a que hable con todos los grupos políticos para que se plantee una armonización nacional de este tributo. A este respecto, defendió que este asunto debería tratarse en el grupo de trabajo constituido para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica.
