ALICANTE. Compromís ha presentado una enmienda a la ordenanza de subvenciones a los grupos políticos de la Diputación de Alicante. A juicio del portavoz Gerard Fullana, se trata de una nueva reglamentación que impide la práctica habitual de los últimos 40 años en la institución de ingresar dinero de los grupos políticos a sus respectivos partidos sin acreditar el destino de los fondos. En la actualidad, denuncia Compromís, existe una ordenanza difusa y una interpretación de parte de los técnicos de la intervención que provoca que no se pueda garantizar el marco normativo, según el cual el gasto del dinero que se ingresa a los partidos tiene que estar vinculado a la acción de los grupos de la Diputación.
Hace dos semanas Compromís anunció la admisión a trámite de su demanda por el juzgado por el ingreso entre 2015 y 2019 de fondos públicos de la Diputación -cerca de medio millón de euros sin acreditar- del grupo del Partido Popular a sus cuentas. Previamente a los ingresos, el plenario había aprobado en diciembre de 2015 con los votos favorables de Partido Popular y PSPV y los votos en contra de Ciudadanos y Compromís multiplicar por cuatro las asignaciones a los grupos políticos de la institución. El actual equipo del gobierno de la Diputación se ha negado recientemente a exigir la acreditación pertinente de los ingresos, según la coalición valencianista.
Según explica Compromís, la acreditación es un imperativo legal especialmente en las entidades locales y un imperativo también de transparencia. “No se trata de condenar los ingresos a los partidos, se trata sobre todo que se acredite su uso conforme a la normativa y que la ciudadanía y los pueblos sepan donde se destina cada euro de la Diputación”.
La nueva propuesta, que nace de la ordenanza recientemente aprobada en la Diputación de Valencia, tiene su punto clave en el apartado tercero en lo referente a la justificación que destaca que "es responsabilidad del portavoz del grupo
político la presentación de la justificación de los gastos a los que se ha destinado la asignación en el tiempo y forma y que la justificación vendrá soportada en un sistema de contabilidad específica que deberá llevar el grupo político cono respeto a las aportaciones de la Diputación". Además, se deberán cumplir otra serie de requisitos: para la comprobación de los pagos y cobros se aportará igualmente facturas y justificantes válidos del gasto realizado junto cono la acreditación del pago y se considerarán facturas o justificantes válidos aquellos aceptados en el tráfico mercantil y que correspondan a suministros o prestaciones de servicios devengados en el ejercicio al que corresponde
la asignación .Y por último, y más importante, el importe no gastado al cierre del ejercicio se reintegrará a las arcas provinciales.
Compromís ha destacado que se trata de un documento abierto y que ya ha empezado a consensuar con el resto de fuerzas políticas, pero que tiene dos elementos innegociables: el punto que exige la acreditación de los ingresos al partido. De momento el grupo Ciudadanos ha expresado las primeras opiniones técnicas al respecto al grupo de Compromís, que podrían derivar en una reformulación de consenso del documento. El grupo socialista también ha expresado a Compromís la voluntad de avanzar el próximo lunes en la presentación de un posible documento conjunto y también se ha trasladado el texto al Partido Popular y se está a la espera que se doy respuesta.
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha destacado que “día a día trabajamos por acotar los vicios históricos del bipartidismo en una institución que se había alejado muchísimo de su único fin, que es asesorar y distribuir recursos a los pueblos”. Fullana ha remarcado que la hoja de ruta del grupo será el mismo que ha empleado desde 2015: “Reivindicar con contundencia a la vez que multiplicamos los esfuerzos de diálogo para llegar a un acuerdo que cambio en positivo la institución, lo hemos hecho con la ofensiva contra las subvenciones clientelares y ahora lo volveremos a hacer con los privilegios partidistas”.
Compromís ha destacado que esta propuesta al consenso para aprobar una nueva normativa no cambia en nada la vía jurídica que ha comenzado el grupo porque el Partido Popular acredito los ingresos al partido llevados a cabo hasta ahora donde ha destacado que “iremos hasta el final porque tenemos argumentos jurídicos y la convicción política que la causa es necesaria y justa”.
