VALÈNCIA. El ataque de sinceridad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los representantes de la plataforma Per un Finançament Just del lunes pasado aún colea una semana después en los partidos valencianos que sostienen al Botànic. Y, a juzgar por los movimientos que se planean a corto-medio plazo, lo seguirá haciendo un tiempo como si del efecto mariposa se tratase.
Para unos, la patronal, fue un jarro de agua fría. Para otros, el PSPV - partido que gobierna a nivel estatal- fue un baño de realidad y ahora ni siquiera es importante fijar sobre el calendario una fecha para conocer al menos el primer esqueleto del que debería ser el nuevo sistema de financiación autonómico o cuál es el punto de partida sobre el que negociar. A pesar de que gobiernan, con la correspondiente toma de decisiones que ello conlleva -presentar un modelo e intentar pactar-, ahora a su juicio el balón está en el tejado del Partido Popular porque sin sus apoyos el acuerdo en el Congreso es inviable.
En medio de esta crisis de sentimientos (la decepción de la CEV y sindicatos, o la resignación de los socialistas), hay una tercera pata en discordia que lo que siente es hartazgo: Compromís, que una semana después comienza a salir del shock en el que quedó inmerso tras la declaración de no-intenciones de Montero. En la coalición valencianista el cabreo impera y la sensación de haber asistido a una concatenación de promesas sin intención de cumplir ninguna de ellas es generalizado. "Hay un sentimiento de frustración respecto a lo que hemos pactado y firmado, y lo que después ha ocurrido", reconoce la diputada de Compromís, Aitana Mas.
La UTE electoral que integran Bloc, Iniciativa y VerdsEquo ni siquiera reclama ya que la reforma se haga efectiva o llegue en un momento determinado, sino que simplemente el Gobierno de Sánchez abra ese melón para sentar a las 17 partes alrededor de la mesa. Y si es preciso, presionar con diferentes acciones que puedan despertar algún tipo de interés del Ejecutivo central por los problemas valencianos. "De un gobierno progresista no esperábamos un cambio de modelo inmediato, pero sí mover ficha al menos. Esperábamos al menos una medida transitoria como el Fondo de Nivelación, y si no lo hacen es porque no quieren porque es una cuestión de voluntad política", expone Mas.
Así, más allá de las acciones que planee la plataforma Per un Finançament Just, cuyos máximos representantes ya han manifestado su intención de llevar a cabo nuevas acciones para seguir reivindicando una financiación justa para la Comunitat, los valencianistas estudian estos días fijar su propia hoja de ruta al margen de esta comisión. "Dentro de la plataforma se busca el consenso, pero luego nosotros nos reservamos acciones políticas que puedan ir más allá", explica el síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri.
No en vano, en la coalición son conscientes de que si planteasen alguna ofensiva de carácter más vehemente que las llevadas a cabo hasta ahora, podrían ser rechazadas por sus socios del Consell, el PSPV, pues el partido con el que gobiernan ha centrado su discurso desde el portazo de Montero en el logro que supone que la ministra, al menos, reconozca que la autonomía está infrafinanciada.
A Compromís eso no le vale y quiere movilizarse, no quedarse de brazos cruzados: "Hay dos fuerzas en el Gobierno, PSPV y Podem, que apuestan por cierta estabilidad, y como gobernamos conjuntamente muchas veces tenemos que mantener el equilibrio institucional, pero llega un punto que no puedes asumir lo que está ocurriendo", explica Aitana Mas. "Compromís no tiene esas servidumbres por lo que su discurso político tiene que ser claro", añade un miembro del Gobierno a este diario. "Montero tiene que intentarlo, que presente una propuesta porque no hay excusas. Nosotros nos sentaremos a reflexionar qué hacemos para no tomar las decisiones en caliente y establecer nuestra propia hoja de ruta", añade otro alto cargo del Ejecutivo valenciano a este Valencia Plaza.
Iniciativa y Bloc guardan diferencias sobre cómo deberían dar un golpe en la mesa, tanto a nivel de partido con nuevas reivindicaciones, como institucional con Joan Baldoví en el Congreso, a quien Pedro Sánchez ha tenido que recurrir en alguna votación porque no le daban los números, si bien en la coalición son conscientes del peso específico que tiene su representante en la Cámara Baja. Quizá ambas patas de la UTE electoral guardan diferencias en las formas, pero no en el fondo, pues reconocen que estudiar nuevas alianzas en el Congreso es una de las acciones que están sobre la mesa para centrar ahora la reivindicación en el Fondo de Nivelación.
La necesidad de plantarse es compartida y las manifestaciones del conseller de Hacienda este domingo en una entrevista en el diario Levante en la que advertía que el calendario ya no es tan importante para reformar la financiación, no han hecho otra cosa que echar más leña al fuego. "Lo que dijo Soler cuando dejó el acta de diputado -que renunciaba a ella para centrarse en reivindicar la reforma del modelo de financiación- es lo que tiene que cumplir", expone un alto cargo del Gobierno. "El Gobierno del Botànic debería plantarse, y plantarse no creo que sea lo que está haciendo ahora mismo el Gobierno valenciano. La posición de Vicent Soler ahora mismo a mí no me gusta ni creo que sea la posición del Consell al completo. A mí no me gusta y para mí sí es importante el calendario", subraya Ferri en declaraciones a este diario.
Las discrepancias con los socialistas son manifiestas y públicas también en el seno del Consell. El conseller de Educación, Vicent Marzà, se mostró a favor este lunes en À Punt de manifestarse contra el carpetazo del Ejecutivo central, mientras el pasado viernes, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, opinó lo propio. Aunque, eso sí, desde una postura más institucional si cabe al pronunciarse los viernes como portavoz del Consell y no como representante de Compromís.
La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas consideró entonces que a día de hoy se cumplen las mismas condiciones que en noviembre de 2017 -cuando se celebró una gran manifestación que reclamaba al Gobierno liderado entonces por Mariano Rajoy la inmediata reforma del modelo de financiación- como para que se produzca alguna movilización en el mismo sentido. No en vano, desde entonces han pasado casi cuatro años sin que haya cambiado nada más que quién mora en La Moncloa.
Una de las cuestiones que han contribuido a calentar más los ánimos es también el hecho de que el conseller Vicent Soler advirtiera la semana pasada que quien hiciera un debate partidista sobre la financiación autonómica estaría estafando a cinco millones de valencianos. Si bien la afirmación del responsable de Hacienda se produjo en relación a una pregunta del diputado del PP en Les Corts Rubén Ibáñez, en Compromís deslizan que esperan que así sea por todas las partes.
En este sentido, los procesos congresuales que deben celebrar los socialistas no pasan desapercibidos para la coalición y entienden que guarda relación tanto con la parálisis de decisiones del Gobierno central respecto a la financiación -no así con los indultos-, como con la frialdad de los miembros del Ejecutivo valenciano y en particular de Puig para exigir una financiación justa a Montero.
Respecto al primero, recuerdan que Emiliano García-Page (crítico con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez) ya ha cuestionado abiertamente la última medida que planea adoptar el Gobierno central, los indultos a los presos del 'procés'. Una crítica abierta en mitad de un periodo precongresual que entre los valencianistas consideran un motivo por el que los socialistas en el Ejecutivo prefieren no avanzar con otras medidas que pudieran despertar una mayor oposición a la interna como pueda ser la financiación, pues el modelo que defiende Castilla y León no es el mismo que el valenciano.
Sin embargo, la excusa de que el balón está en el tejado de los populares también es cuestionada por Compromís. "Que le digan a Andalucía o Murcia a ver si quieren reformar el sistema", ironizan, puesto que son dos territorios gobernados por el PP que también reclaman un frente común para cambiar el modelo caduco de 2014. "Presentar una propuesta de reforma es una cuestión voluntad política", insisten. Con todo, llegan a la tesis de que el inmovilismo resulta partidista. O lo que es lo mismo, que responde a una anhelada tranquilidad que busca la dirección del PSOE a nivel orgánico a las puertas de un Comité Federal.
La lectura valenciana, es decir, la de la actitud de Puig frente a Sánchez es la misma: que el jefe del Consell no desea encabezar la reivindicación frente al Ejecutivo central a las puertas de un congreso en el que él mismo se juega la reelección como secretario general del PSPV.