La diputada de Compromís, Isaura Navarro. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. Compromís no quiere que su propuesta para gravar las bebidas azucaradas se quede en un cajón en esta legislatura. Aunque la fecha para discutir esta Proposición No de Ley en un pleno de Les Corts sea todavía incierta -pues las últimas sesiones han estado marcadas por contener leyes por tener carácter prioritario según el Reglamento de la Cámara-, la coalición valencianista quiere allanar el terreno para llegar a un debate con el máximo consenso posible con el sector y que, por ende, tenga buena acogida entre las distintas fuerzas políticas -como sucedió con el Pacto de horarios comerciales- para poder aprobarse.
La diputada de la formación e impulsora de la iniciativa Isaura Navarro ha mantenido en las últimas semanas reuniones con distintos empresarios del sector. Hace tres semanas fue con la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL) y la pasada, con Asemiel-Animpa. Preocupados por la posible implantación de este gravamen, representantes de ambas asociaciones -de lácteos y miel- acudieron al parlamento valenciano para conocer los detalles de esta iniciativa y saber en qué grado podría afectarles su implantación.
"Aunque todavía no está aprobado, en Asemiel-Animpa estaban preocupados porque la miel tiene un alto contenido en azúcar, como también lo estaban en FeNIL por el que contienen los yogures", traslada la parlamentaria a Valencia Plaza. "La idea es que si se valida, los tramos sean más altos para aquellas bebidas que tengan un bajo contenido nutricional pero muy alto en azúcar con el objetivo de que vayan reduciéndolo, porque no es lo mismo un producto natural como la miel que una bebida que no tiene ningún alimento en su composición", añade Navarro.
Así, aunque la propuesta fue registrada el pasado mes de octubre -después de que una primera versión que no sólo afectaba a las bebidas, sino también a todos los productos de bollería se topase con la fuerte oposición de la patronal empresarial-, la coalición valencianista estaría dispuesta incluso a autoenmendarse para describir más el texto de la PNL. Eso sí, siempre manteniendo la implantación de la tasa.
Sin embargo, el rechazo a este tipo de gravamen en el sector parece inamovible. Sin ir demasiado lejos, el pasado 9 de marzo el director de Relaciones Externas de Consum, Javier Quiles, manifestó que la tasa a las bebidas azucaradas era otro "craso error" -como el intento de instautar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR)- al que se opondrían porque, a su juicio, esta rompía la unidad de mercado.
Ahora bien, esta oposición no es nueva. Cuatro días después de que entrara en vigor este impuesto en Cataluña, Compromís registró una Proposición No de Ley para que se siguieran los mismos pasos en la Comunitat Valenciana. La iniciativa, no obstante, era más ambiciosa porque instaba al Consell a establecer el mismo gravamen "sobre los productos azucarados y con exceso de grasas que implicara un aumento del precio de hasta el 20%". Es decir, no lo limitaba tan solo a las bebidas. Y la preocupación que suscitó entre varias de las empresas y federaciones integradas en la patronal autonómica CEV llevó a la organización que preside Salvador Navarro a constituir un grupo de trabajo interno para sustentar su posicionamiento ante el Consell.
El amplio espectro de productos que esta primera redacción cubría y el malestar que generó en el sector empresarial, fueron dos motivos precisos para que la coalición valencianista repensara la primera propuesta y modificara el texto. No en vano, la nueva iniciativa excluía la bollería industrial y no detallaba qué tipo de porcentaje impositivo se les aplicaría. No en vano, su regulación depende de la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler, donde tenían serias dudas sobre su viabilidad.
Ahora, cinco meses después de registrarla, la pretensión es generar un clima favorable, "escuchar a todos los agentes implicados para poder llegar a acuerdos", señala Navarro, que mantendrá después de las vacaciones de Semana Santa una reunión con la CEV. El propósito además es que en el PSPV, donde ven con recelo la implantación de esta tasa desde el principio, terminen apoyándola en Les Corts y su elaboración no quede bloqueada en el departamento de Soler. "Tenemos que llegar con el trabajo lo más pulido posible porque ni el PP ni Ciudadanos van a apoyarnos en esto", admite la diputada consciente del necesario apoyo de los socialistas para que la propuesta prospere.
