Cómo un juez franquista censuró un documental en 1985 sobre matanzas del 36 y hundió a su director

VALÈNCIA. Dicen los historiadores que aunque no se censure una obra directamente, llevar a un investigador a los tribunales es impresentable en un estado democrático. En España, desde la entrada en vigor de la Constitución, ha sucedido de forma recurrente. Tanto es así que un libro del historiador Francisco Espinosa Maestre titulado Callar al mensajero: La represión franquista entre la libertad y el derecho al honor publicado en 2009 ya reunía doce casos en los que se había tratado de silenciar mediante los tribunales los testimonios del pasado. La mayoría se habían producido desde la aparición del fenómeno de la Memoria histórica, pero no faltaban ejemplos en años anteriores. 

Uno que tuvo lugar en los 80 tuvo que ver, precisamente, con un documental. Cuando se estrenó la película Rocío en Sevilla, se cuenta en este libro, la pantalla se fue a negro y un rótulo decía  "Supresión por sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 3.4.1984". Antes, tras ser premiada en el Festival de Cine de Sevilla, había estado prohibida. El secuestro de las copias lo ocasionó la denuncia de una familia de Almonte que consideraba que el documental contenía injurias graves contra miembros de su familia y escarnio a la religión. El juez consideró que la alusión de un entrevistado a que eran "hijos de una banda de asesinos" podría vulnerar sus derechos porque "la vivencia de la guerra civil española es tan fuerte que impide considerar los hechos ocurridos en la misma como pertenecientes a la historia". Como anécdota, la querella fue presentada el 23 de febrero de 1981 a primera hora de la mañana, horas antes del golpe de estado. Cuando la película empezó a exhibirse, las críticas de la prensa reflejaban perfectamente su espíritu del documental: 

 "...verla para que se sepa un poco mejor en qué país vivimos" (La Calle)

"...documental manipulado y desvirtuado por la política ideológica y de mitin político y anticlerical" (Ya)

“Resulta que íbamos a ver una película del Rocío y nos han largado un mitin político y anticlerical, que termina con un canto a las manos de los trabajadores que tienen que conseguir la libertad (...) ¿A qué vienen esos recuerdos de las crueldades de la guerra civil en un bando? ¿Es que no los hubo en los dos? ¿No sería más español y más democrático no revivir escenas lamentables del pasado?” (El Correo de Andalucía)

“infantil y decididamente panfletario, a instituciones y poderes como la Iglesia, los terratenientes en general, los falangistas, las derechas y, en una palabra, el franquismo, al que se le acusa de manipular el tema del Rocío para su provecho” (Suroeste)

Aunque durante la Transición sí que aparecieron en prensa noticias y reportajes sobre la represión franquista durante la guerra, por ejemplo, el de la sima de Jinamar en Interviu en 1976 con el titular de "Matanza de rojos en Canarias", en otros ámbitos, como la universidad, existieron reticencias a la hora de investigar la represión, una disciplina cuyos trabajos tardaron años en ver la luz y desarrollar una historiografía que, sin embargo, acabó llenando los titulares de los medios desde hace veinte años.  Cuando Rocío llegó a los cines era la época de las reticencias. 

Lo curioso de la sentencia es que nunca se entró en si el miembro de la familia Reales había asesinado a cien vecinos tras el triunfo del golpe militar. De hecho, se decía que eran acciones "altamente probables de ser ciertas", pero incluir una fotografía del asesino, aunque fuera con los ojos tapados, "implica necesariamente la intención de deshonrar". La Audiencia Provincial pidió penas de un año para el director, Fernando Ruiz Vergara, y su guionista, Ana Vila, y de cuatro años y dos meses para Pedro Gómez Clavijo, el autor de las declaraciones, y seis millones de pesetas para los tres en concepto de "perjuicios morales", que luego ascendieron hasta 25. La defensa citó a 17 ancianos para que confirmaran la versión de Gómez Clavijo, de 72 años en aquel momento, pero no los admitieron. 

El director asumió toda la responsabilidad para liberar a sus colaboradores y al entrevistado y fue condenado a dos meses y un día de arresto mayor y 50.000 pesetas de multa. Cuando se recurrió al Tribunal Supremo, la sentencia cayó en manos de Luis Vivas Marzal. Un juez que es descrito en el libro Derecho Penal franquista y represión de la homosexualidad como estado peligroso como "católico extremista, alistado en la División Azul para luchar contra el comunismo. Además formó parte de las Asociaciones de excombatientes. Era patente su desprecio por el homosexual e  impererecedera su tesis  sobre la homosexualidad como atentado contra el Espíritu Santo que puede acabar con la perpetuación de la especie... Asimismo, como seguidor de  la tesis de Himmler defendía la teoría del contagio y veía al homosexual como peligro objetivo para la perpetuación de la familia y la propagación de la especie, acompañado de taras degenerativas, que dejaba una estela de atentados contra la honestidad, estafas, chantajes, corrupción y hasta  homicidios y asesinatos, pues esta clase de amores turbios y aberrantes origina inclinaciones y crisis de abstención o castidad forzada, mucho más fuertes y poderosas que la libido normal y natural..." Ejerció hasta 1990 y en esta sentencia se permitió el lujo de opinar sobre la oportunidad de la película a la hora de rechazar el recurso: 

Pronto aflora una inoportuna e infeliz recordación de episodios sucedidos antes y después del 18 de julio, en los que se encarnece a uno de los bandos contendientes, olvidando que las guerras civiles, como lucha fratricida que son, dejan una estela o rastro sangriento de hechos, unas veces heroicos y otras reprobables, que es indispensable inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones posteriores a la contienda, convivan pacífica, armónica y conciliadamente, no siendo atinado avivar los rescoldos de esa lucha para despertar rencores, odios y resentimientos adormecidos con el paso del tiempo, sin que lo dicho obste a que relatos rigurosamente históricos, imparciales y no destinados al común de la gente, hagan honor al adagio De omnibus aut veritas autnihil («O la verdad o nada») con una finalidad exclusivamente crítica y científica y de matiz objetivo y testimonial.

Fue la primera vez, desde la entrada en vigor de la Constitución, que se censuraba una película, porque desde entonces, cuando se ha visto en Canal Sur a altas horas de la madrugada, ha sido recortada. El Crimen de Cuenca de Pilar Miró, que también pasó por los tribunales, al final salió indemne. En 2013, El caso Rocío, de José Luis Tirado explicó toda esta historia en un documental sobre el documental, al que nunca le abandonó la polémica. Incluso en 2005, hubo problemas en unas jornadas sobre la represión en Huelva con que se proyectara. El Mundo recogió declaraciones que señalaban que los familiares que pusieron la denuncia podrían volver a sentirse ofendidos y el Partido Andalucista se quejó de que ese documental relacionaba la procesión con el franquismo, lo que no era deseable para la imagen de Andalucía. 

Precisamente desde Andalucía, nos comentan que la parte más polémica del documental no fue esa, sino las escenas en las que unas camareras visten a la Virgen. Pueden parecer unas imágenes costumbristas de un documental de archivo emitido en La2, pero por lo visto hay algo más. Es que la Virgen aparece, a su manera, desnuda. Es decir, se trata de unos listones de madera basta que sostienen unas manos talladas y una mascarilla, nada más. Eso es algo, me aseguran, que remueve por dentro a los creyentes más fervorosos. Sin embargo, ahí no hay posibles injurias, ni opiniones ni juicio de valor alguno. Es la realidad tal cual y sabemos que muchas veces es lo más hiriente. El director, Fernando Ruiz Vergara, se tuvo que marchar a Portugal y nunca más volvió a dirigir una película.