VALÈNCIA. Desde el pasado mes de mayo, todas las empresas están obligadas a llevar un registro diario de la jornada laboral que realizan todos y cada uno de sus empleados. Una medida para controlar las horas extra que realizan los trabajadores y que, ahora, Ciudadanos ha puesto encima de la mesa para que realicen también los diputados.
El partido naranja que dirige Toni Cantó en la Comunitat Valenciana propuso este miércoles que se cree un grupo de trabajo en la comisión del Reglamento de Les Corts Valencianes para reformar aspectos de la normativa por la que se rigen los derechos y obligaciones de sus señorías. Una modificación profunda de la Carta Magna de los diputados para "adaptarla a la nueva realidad parlamentaria".
Entre las propuestas que pide que se estudien para "mejorar el funcionamiento de la cámara", Ciudadanos abre la puerta a establecer un "registro de horario de los diputados", hacer los cambios normativos pertinentes para que la "transparencia de la cuenta de los grupos" sea una realidad, o la "firma electrónica".
Una iniciativa que ya ha generado disensiones a pesar de que todavía no ha llegado a debatirse y por tanto las conclusiones de ese grupo de trabajo son inexistentes. "Los diputados no sólo trabajamos en el Parlamento", exponen fuentes de la cámara.
Ahora bien, si bien es cierto que la actividad de los diputados no se realiza exclusivamente en Les Corts, también lo es que la mayor afluencia de parlamentarios al Parlamento valenciano se producen durante las jornadas de plenos. Especialmente de aquellos que residen fuera de la provincia de Valencia.
El debate sobre la oportunidad de que los diputados fichen ya llegó la pasada legislatura a otros parlamentos autonómicos. De hecho, en las Cortes de Aragón entró en vigor esta medida el 1 de marzo de 2017 para que los diputados pudieran cobrar las indemnizaciones y dietas por sus desplazamientos. Para ello debían justificar su asistencia durante más de 17 días de los 20 ó 22 hábiles que tiene cada mes.
Respecto al segundo punto, conviene recordar que este mismo mes el grupo parlamentario de Cantó anunció que haría públicas sus cuentas en el portal de Transparencia de Les Corts. Una decisión que vino motivada por las constantes críticas del presidente de la cámara, Enric Morera, para que los partidos hagan públicos los gastos de las subvenciones que reciben del Parlamento valenciano. Una cuestión que fue polémica durante toda la legislatura anterior y sobre la que la Sindicatura de Comptes pidió mayor control y transparencia.
En todo el mandato anterior, los partidos tan solo realizaron una modificación del Reglamento de Les Corts para limitar hasta 12 el número de propuestas de resolución que podría presentar cada grupo parlamentario en el Debate de Política General. El objetivo era evitar que, como cada año, los diputados y los equipos de las consellerias trasnocharan para analizar todas las iniciativas presentadas por cada partido.
No en vano, la estrategia de la oposición año tras año fue presentar más de mil propuestas. En 2018, de hecho, el partido de Isabel Bonig registró 1.017 de las 1.319 iniciativas totales que se presentaron. Las otras 302, pertenecían al resto de grupos parlamentarios. La maniobra de los populares fue interpretada por el resto de fuerzas políticas como un intento de "bloquear y desvirtuar" el Debate al registrar propuestas "a peso" y trasladarlas a los partidos a la 1.00 de la madrugada para analizarlas, reduciendo así considerablemente el tiempo con el que podían contar para estudiarlas en profundidad.
Para sortear también que las propuestas fueran trasladadas al resto de partidos a altas horas de la mañana, la reforma aprobada planteaba que los grupos tuvieran que presentarlas ante la Mesa de la cámara en un plazo máximo de media hora desde que el president de Les Corts suspendiera la sesión de la primera jornada y convocara la siguiente 24 ó 48 horas después. Con esto, se garantizaba que los diputados y equipos técnicos contaran con un margen de tiempo para analizar las iniciativas con el suficiente reposo.