Michael Neidorff, CEO de Centene Corporation. Foto. CENTENEVALÈNCIA. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, recibió hace varios meses una llamada poco frecuente, la del Embajador de España en Washington, Pedro Morenés. El diplomático había celebrado una reunión con representantes de la compañía Centene Corporation, a petición de la multinacional norteamericana, que le habían trasmitido su inquietud por la situación de Ribera Salud en la Comunitat Valenciana.
Centene es propietaria del 50% de Ribera Salud –la otra mitad es de Banco Sabadell–, concesionaria de tres áreas de salud publicas de la Generalitat, además de una cuarta en la que participa de forma minoritaria. Desde la llegada al poder del bipartito PSPV-Compromís, Ribera Salud está enfrentada a la Conselleria de Sanidad por diversas cuestiones, la más importante de las cuales es la finalización de la concesión del área de La Ribera –hospital en Alzira– y la voluntad, anunciada por Ximo Puig, de revertir la concesión de La Marina, cuyo hospital está en Dénia.
Fuentes de la Generalitat valenciana no han revelado el contenido de la llamada de Morenés a Ximo Puig, tras la reunión del embajador con la compañía norteamericana, pero sí que el exministro de Defensa fue "muy diplomático" y que la conversación se desarrolló en términos cordiales.
Desde la Embajada de España en Washington, fuentes oficiales han confirmado a Valencia Plaza que Morenés se reunió con Centene "como con otras muchas empresas americanas dentro de lo que es el trabajo habitual de la Embajada, y ellos le trasladaron sus intereses respecto a España".
En Ribera Salud eran conocedores de dicha reunión en Washington, en la que se transmitió a Morenés lo que ni Centene ni Ribera Salud han podido trasladar a Puig, dado que no fueron recibidos en el Palau de la Generalitat cuando hace seis meses, en una visita a València del presidente de la multinacional, Michael Neidorff, solicitaron audiencia.
El enfrentamiento entre la empresa española y la Generalitat comenzó cuando la consellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, llegó al puesto y anunció su voluntad de acabar con las concesiones sanitarias. En consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, pidió audiencia el día de la toma de posesión de la consellera pero no fue recibido hasta ocho meses después, pese a ser el responsable de la atención sanitaria pública de más de 600.000 valencianos.
Desde entonces, la Conselleria se ha esforzado por reforzar el control sobre las concesionarias e intentar desprestigiar el llamado modelo Alzira, mientras la empresa valenciana trata de evitar la reversión en los tribunales y da la batalla ante la opinión pública con el aval del informe de la Sindicatura de Comptes, encargado por la Generalitat, que asegura que la gestión privada en Manises es un 25% más barata que la pública.
La animadversión del Gobierno valenciano –o de buena parte de él– hacia Ribera Salud se hizo evidente cuando la vicepresidenta, Mónica Oltra, rechazó públicamente apoyar a la empresa valenciana en su intento de conseguir la adjudicación de un concurso en Eslovaquia, que sí tenía el apoyo del Gobierno español a través de la Embajada en Bratislava.
Poco después, en marzo del año pasado, Ximo Puig anunciaba en Pedreguer que había encargado a las consellerias de Sanidad Universal y de Hacienda que preparasen la reversión anticipada de la concesión de La Marina, gestionada por Marina Salud, empresa participada por DKV (65%) y Ribera Salud (35%). El anuncio se produjo cuando la empresa que dirige Alberto de Rosa ultimaba la compra de la participación de la aseguradora alemana.
El futuro del Hospital de Dénia es incierto, ya que la Generalitat no ha avanzado en la reversión en el año y medio transcurrido pero sí ha advertido de que bloqueará la compra del 65% de DKV por parte de Ribera Salud, ya que, afirma, necesita de la autorización de Sanidad.
El otro punto caliente es el paso de la concesión de La Ribera a la gestión publica el próximo 1 de abril de 2018. La empresa que dirige Alberto de Rosa trata de frenarla en los tribunales pero la Conselleria, tras algún error inicial, parece avanzar con paso firme en el proceso.
La de Alzira es la más antigua de las concesiones sanitarias y la única cuyo plazo vence en esta legislatura. En la próxima legislatura vencerán los contratos de Torrevieja (2021), Dénia (2023) y Manises (2024). El último contrato, el del área de Elx-Vinalopó, finaliza en 2025. Ribera Salud gestiona las concesiones de Alzira, Torrevieja y Elx-Vinalopó y participa en la de Dénia. El área de Manises la gestiona Sanitas.
El área de salud de La Ribera tiene más de 2.000 trabajadores, de los que casi 1.700 son empleados de la concesionaria que pasarán a serlo de la Conselleria el próximo 1 de abril. Su futuro laboral, dado que no pueden convertirse en estatutarios al no haber pasado una oposición, es una incógnita a pesar del compromiso de la consellera Montón de que podrán seguir en sus puestos.
